México, D.F. a 16 de diciembre de 2015.-  Jorge Antonio Parral Rabadán fue ejecutado extrajudicialmente a manos de un integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el 26 de abril de 2010 en el Rancho ‘El Puerto’ en el estado de Nuevo León mientras se encontraba secuestrado e indefenso.  En 2013, la Recomendación 57/2013 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aceptada por la SEDENA acreditó los hechos en su investigación.Sin embargo, a casi 6 años de la ejecución extrajudicial de Jorge Antonio, ningún elemento de la SEDENA ha sido llevado ante la justicia, esto debido a las demoras tanto en la investigación, como en la consignación de probables responsables, que han sido argumentadas por parte de funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) con excusas como: los constantes cambios de funcionarios de alto nivel, la falta de presupuesto, el exceso de trabajo y la atención prioritaria a casos más visibles y de mayor impacto mediático.

En noviembre de 2014, el Agente Ministerio Público de la Federación presentó una solicitud de consignación ante el Juez Sexto de Distrito en materia penal del Estado de Nuevo León, en contra de un elemento del ejército mexicano por el homicidio de Jorge Antonio, misma que fue negada porque el Juez determinó que no había elementos suficientes sobre la presunta responsabilidad del acusado.  Por ello, y con el objetivo de fortalecer la investigación, así como de ubicar en el lugar y momento de los hechos al militar que las evidencias científicas señalaban como probable responsable, se llamó a comparecer a tres militares que estuvieron presentes en el operativo en el Rancho ‘El Puerto’ en abril de 2010.

A partir de dicha comparecencia, el Agente Ministerio Público comunicó a la familia Parral Rabadán en reiteradas ocasiones que ya se contaba con elementos suficientes para solicitar nuevamente la consignación del militar. En múltiples reuniones con el Titular de la Unidad Especializada en Investigación de delitos en Materia de Secuestros de la SEIDO, aseguró que estaban “listos para consignar”, lo cual a la fecha no ha sucedido. Cabe resaltar que funcionarios responsables de la investigación han señalado en diferentes ocasiones que no podrían implicar a la SEDENA, ya que supondría “meterse el pie” entre instituciones.

Adicionalmente, el pasado 13 de noviembre, y solamente 4 días antes de la cita en la que finalmente la SEIDO daría a conocer a la familia la fecha de consignación, el probable responsable de la ejecución de Jorge Antonio presentó un escrito solicitando conocer los hechos que se le imputan, así como rendir su declaración, alegando su presunción de inocencia y debido proceso. Sin embargo, esto resulta contradictorio, ya que en ningún momento se dio a conocer a los militares que habían declarado con anterioridad, quién podría ser el probable responsable, pues únicamente se les preguntó si lo conocían y si él había participado en el operativo de 2010 en ‘El Puerto’.  Asimismo, el propio Subprocurador de SEIDO confirmó a la familia que los abogados del presunto responsable revisaron el expediente en su oficina, argumentando según él, su derecho por ser parte del proceso. No obstante, esto sucedió antes de que hubiera alguna acusación formal, o al menos un señalamiento en contra del militar.

Resulta particularmente preocupante que el actual titular de SEIDO, haya permitido dentro de sus instalaciones el acceso irregular a los expedientes por parte de elementos de la SEDENA y sus representantes legales en la propia oficina del Subprocurador, así como la filtración y manejo indebido de la información, lo que ha comprometido la independencia y objetividad de la investigación, poniendo en riesgo el acceso a la justicia y la verdad a que la familia Parral Rabadán tiene derecho. Estas actuaciones han permitido al probable responsable y a la institución a la que pertenece, la Secretaría de la Defensa Nacional, obtener ventaja y la oportunidad de intentar desvirtuar los hechos y perpetuar la impunidad que tanto daño le hace al país.

Por lo anterior en fechas recientes se ha solicitado a la Procuradora General de la República que la investigación de la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de Jorge Antonio Parral Rabadán se traslade a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, en particular a la Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos.

Es imprescindible que ante el grave contexto de impunidad estructural en México, la PGR abone al fortalecimiento de las investigaciones y no las pongan en riesgo debido a recurrentes malas prácticas, incluidas complicidades institucionales que cada vez se hacen más evidentes.  La CMDPDH hace un enérgico llamado a la Procuradora General de la República, Licenciada Arely Gómez que gire indiscutibles instrucciones a sus subordinados para que respeten el derecho de las víctimas al debido proceso penal, así como a la verdad, la justicia, y la reparación integral.  Asimismo, que ordene a todo su personal actuar con independencia del poder militar que parece tiene un trato privilegiado, provocando serias dudas sobre el genuino interés del Gobierno Federal de combatir la impunidad por las violaciones graves a los derechos humanos en México.