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Estimada Doctora López Vela:

Le escribo en mi calidad de Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH) con relación al Foro que se realizará en la Universidad Anáhuac el día 17 de marzo titulado “Ley para prevenir y sancionar la tortura: una mirada multidisciplinaria” y al que muy amablemente me han invitado.

El motivo de esta carta es anunciar que me he visto forzado a declinar la invitación, debido a que tanto la organización que represento, algunos de los integrantes de su Consejo Directivo, así como yo personalmente, hemos sido objeto de una campaña de difamación por la organización con quien ustedes organizan esta actividad. Como seguramente es de su conocimiento, la CMDPDH es una asociación civil sin fines de lucro, creada hace más de 25 años, que representa víctimas de violaciones graves de derechos humanos como tortura, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales (asesinato por servidores públicos en ejercicio de sus funciones o por motivo de estos), feminicidios y desplazamiento interno forzado. Se trata de una organización que representa a las víctimas ante las diferentes instancias de protección de los derechos humanos, nacionales e internacionales.

Para mayor información sobre los casos que representamos, se puede consultar nuestra página http://www.cmdpdh.org/casos/ Además, en la CMDPDH realizamos investigación aplicada en materia de derechos humanos y acciones de incidencia nacional e internacional, con el fin de contribuir al respeto de los derechos humanos en el Estado mexicano. Actualmente, ante la grave crisis en la materia, deseamos abonar a la erradicación de la impunidad. Es importante mencionar que todas nuestras publicaciones son de libre acceso y se pueden consultar en nuestra página http://cmdpdh.org/publicaciones/

La CMDPDH ha contribuido al fortalecimiento del marco jurídico mexicano en materia de derechos humanos, por ejemplo al haber sido una de las organizaciones litigantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dio como resultado la sentencia del Caso Radilla Pacheco. También hemos colaborado en la construcción de políticas públicas en varias administraciones como programas nacionales de desarrollo y de derechos humanos; la ratificación de tratados como el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, la reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y la ley reglamentaria del artículo 1o constitucional en materia de reparaciones por violaciones a derechos humanos, mejor conocida como Ley General de Víctimas. Por nuestra pericia en materia de representación de víctimas de la tortura y por el complejo contexto actual que atraviesa el país en materia de derechos humanos, consideramos que el Foro que la Universidad Anáhuac promueve es muy relevante.

Usted sabe que mecanismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator sobre la cuestión de la tortura de las Naciones Unidas, han considerado que en México la práctica de la tortura es generalizada y a la par de ella, la impunidad. Por eso hemos trabajado primero por una reforma constitucional que habilite al Congreso expedir una ley general, a la vez que hemos impulsado y participado en las discusiones sobre la mejor manera de incorporar las obligaciones internacionales en el proyecto de ley general para prevenir y sancionar la tortura que está siendo analizada por el Senado de la República.

Para nosotros es muy importante dejar claro que la CMDPDH es una organización que se empeña en promover el debate en torno al desarrollo de los derechos humanos en el país, siempre y cuando éste se vea encaminado a tener un efecto útil y promueva verdaderamente el respeto a dichos derechos y la erradicación de prácticas como la tortura. Sin embargo, la campaña de desprestigio de la que somos víctimas, va de la mano por un esfuerzo gubernamental por desacreditar a expertos internacionales, incluyendo a algunos que han emitido informes que constatan la gravedad del fenómeno de la tortura en México. A ello se suma un impulso coordinado de ciertas asociaciones y ciudadanos muy vinculados a partidos políticos por impulsar que el proyecto de legislación que está bajo consideración del Senado no sea lo suficientemente sólida como para erradicar la tortura.

Ustedes saben que la prohibición absoluta de la tortura es una de las pocas normas sobre las que la comunidad internacional ha logrado un consenso, y no acepta derogación alguna ni aún en tiempos de conflicto armado, ni para hacer frente al terrorismo, ni el narcotráfico, ni tampoco el secuestro. Para lograr esa prohibición absoluta se deben aprobar normas que aseguren privar de toda utilidad práctica a la tortura, es decir que no sirva ni para la investigación de delitos, ni para la determinación de la responsabilidad de quienes los cometen, ni para castigar a quienes califican como “delincuentes”, ni por cualquier otro fin. La legislación de la tortura, a la vez, debe ofrecer herramientas para investigar, procesar y juzgar a los responsables de la tortura, así como para reparar a las víctimas de dicha abominable práctica. Creemos que un foro académico debe estar encaminado a generar discusión sobre como modificar de mejor manera el orden jurídico mexicano y al mismo tiempo cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, derecho de la guerra y derecho penal internacional.

En esas discusiones se tendrá que analizar en que ordenamiento cabe mejor que la tortura sea un delito imprescriptible; se excluya de las investigaciones y procesos penales toda prueba o información arrancada por tortura; se cuente con normativa que permita la responsabilidad de los superiores jerárquicos; se elimine totalmente el fuero militar para conocer de casos de tortura; se elimine de la legislación y la práctica la figura del arraigo penal. También debiera fomentar la mejor manera de que las instituciones del Estado mexicano, en los tres niveles, cumplan las recomendaciones emitidas, por ejemplo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Por supuesto que si cualquier persona es víctima de tortura tiene el derecho a ser reparada de manera integral, lo cual implica que el Estado deberá pagar una indemnización por el daño emergente, lucro cesante, el daño moral, además de gastos y costas, así como también deberá adoptar medidas de satisfacción (disculpas públicas e investigación, procesamiento y castigo de los responsables) y garantías de no repetición (depurar fuerzas de seguridad, modernizar policías). Creemos que una universidad que promueve el humanismo cristiano y una sentida conciencia social como la Anahuac, que además pretende formar personas íntegras con profunda formación humana y moral, debe fortalecer las capacidades profesionales de quienes asisten a sus foros con especialistas que conozcan a profundidad las normas nacionales e internacionales de derechos humanos y que no busquen restarle utilidad práctica. Pero no solo eso sino que también las hayan estudiado, las comprendan y las apliquen en beneficio de todos los seres humanos, sin discriminación ni condicionantes. Abrir un espacio en una universidad tan prestigiosa solo puede ser para el bien común, el de los acusados, así como de las víctimas del delito, y no para perpetuar vicios y malas prácticas institucionales que han tolerado, fomentado y reproducido la tortura. Agradezco de antemano la invitación que nos hicieron para participar en el Foro y le reitero mis disculpas por declinar su amable invitación. Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente, Dr. José Antonio Guevara Bermúdez Director Ejecutivo

Ccp. Dr. Cipriano Sánchez García, Rector de la Universidad Anáhuac

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