ITEM 2 – High Commissioner Annual report followed by ID with the HC 28th regular session of the Human Rights Council

Debate interactivo con Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Agradecemos que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos haya visibilizado la violencia generalizada que ocurre en México.

En relación a la violencia desencadenada por el crimen organizado y sus nexos con las fuerzas de seguridad estatales, queremos hacer de su conocimiento que desde que en 2006 el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) puso en marcha una estrategia de enfrentamiento abierto al crimen organizado llamada guerra contra el narcotráfico, la comisión de violaciones a derechos humanos ha incrementado alarmantemente.

Esta política instaló de facto el control militar sobre la seguridad pública del país a través del despliegue de miles de efectivos militares a lo largo del territorio nacional y la sustitución de múltiples titulares de instituciones de seguridad pública, estatales y municipales, por militares en activo o en retiro. Esta política superpuso las premisas de la seguridad nacional por encima de la vigencia de los derechos humanos, incluso de aquellos que no pueden ser suspendidos.

El sexenio pasado 96 mil elementos militares estuvieron involucrados en tareas de seguridad nacional; mientras que en el primer mes del sexenio de Enrique Peña Nieto se tenía una cifra de 49 mil efectivos militares.

Por la experiencia del trabajo de acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha documentado casos que involucran a víctimas civiles, en los que se tiene probada la participación de elementos militares en violaciones graves a derechos humanos, tales como tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada, cometidas, no solo a partir del 2006 en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, sino en diferentes contextos de la historia reciente de México, como lo son la Guerra Sucia y el conflicto armado en Chiapas (1994-1997).

En 2014 se reformó el Código de Justicia Militar, de manera que las instituciones castrenses encargadas de investigar, procesar y sancionar a los responsables de haber cometido infracciones a la disciplina militar, ya no podrán conocer de delitos que constituyan violaciones a los derechos humanos, en aquellos casos en que las víctimas sean civiles. Sin embargo, a pesar de esta reforma, no se ha logrado proscribir la competencia de los tribunales militares para conocer de violaciones de derechos humanos cuando las víctimas son militares.

Además, la jurisdicción militar, tal y como se regula actualmente, no garantiza los principios para la correcta administración de justicia en relación a su independencia e imparcialidad. El hecho de que la jurisdicción penal militar esté integrada por magistrados
y jueces que son oficiales militares nombrados por la Secretaría de Defensa, conlleva en la práctica a que funcionarios del Poder Ejecutivo desempeñen funciones jurisdiccionales. Esto resulta contrario al principio de separación de poderes y a la independencia inherente a todo tribunal de justicia.

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