En el marco de la Sesión Especial sobre el problema mundial de drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS)

La estrategia de seguridad que implementó México para combatir el cultivo, el tráfico y la posesión de drogas basada en el régimen internacional de control y fiscalización de drogas de la Organización de las Naciones Unidas encaminada a la reducción de la oferta de drogas ilícitas en los países, ha tenido efectos nocivos en el goce y ejercicio de los derechos humanos en el país.

En teoría, de acuerdo con este régimen, la escasez de drogas incrementaría sus precios y por consiguiente desalentaría su compra. Pese a los numerosos y altamente costosos esfuerzos de la comunidad internacional por implementar esta política, los precios de las drogas están más bajos que nunca y el objetivo de “liberar a la sociedades de las drogas” no ha tenido el éxito esperado.

La evidencia nacional e internacional, muestra que las políticas encaminadas a prohibir y castigar el cultivo, venta y uso de ciertas drogas han resultado desproporcionadas y no han tenido efecto en la erradicación de la producción o el uso problemático de drogas. Por el contrario, las consecuencias colaterales de las políticas prohibicionistas han sido profundamente dañinas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, el estudio más reciente publicado por el Gobierno mexicano sobre la prevalencia del uso de drogas en el país, no se han observado incrementos significativos en la proporción de personas que reportan consumo de drogas, ni en el índice de dependencia entre el 2008 y el 2011.[1] Por el contrario, se ha presentado un incremento exponencial y cada vez más dramático, en el número de muertes y homicidios intencionales relacionados a la política de seguridad de combate al narcotráfico.

Ante este panorama, vale la pena preguntarse si en verdad estamos frente a un “problema mundial de drogas”, como lo han denominado los Estados; o si el problema es resultado de las políticas implementadas por los Estados para combatir la producción, distribución y uso de drogas ilícitas.

Cada vez más organizaciones civiles de derechos humanos documentamos la incidencia de tortura, desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias y demás violaciones a derechos humanos de las que son víctimas las personas privadas de la libertad en centros de reclusión, particularmente las mujeres, purgando penas por delitos no violentos relacionados a la posesión de drogas.

También documentamos la vulneración en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes frente a la violencia y el crimen organizado; la violación a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de pueblos y comunidades forzadas a cultivar enervantes; los riesgos que enfrentan personas y familias enteras forzadas a desplazarse de sus hogares por la violencia del crimen organizado y ante la falta de mecanismos de protección por parte del Estado; las violaciones a derechos humanos que viven día con día las y los migrantes que cruzan el país y la violencia de la que son víctimas; los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos que documentan la violencia generada por la guerra con las drogas; la fabricación de culpables y la restricción de libertades fundamentales en el marco de una política de seguridad fallida.

Es por ello que, en el marco de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones sobre “el problema mundial de las drogas”, a celebrarse en abril del 2016, llamamos la atención sobre diagnósticos de fuentes nacionales e internacionales que evidencian la relación entre las políticas de seguridad de combate a las drogas ilícitas y el grave aumento de la violencia en nuestro país.

  • El fracaso de la política de drogas en México de acuerdo a los organismos internacionales de derechos humanos.

En México, el impacto del régimen internacional de control y fiscalización de drogas ha sido devastador. Desde 2006, cuando el ex Presidente Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra la delincuencia organizada con el fin de “salvar a nuestros niños y jóvenes de las garras de las drogas y las adicciones”, los índices de violencia, inseguridad y corrupción se han disparado.De acuerdo con informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Situación de los derechos humanos en México, publicado el 2 de marzo de 2016, “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años.”[2]

El informe destaca que durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, “las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas.”[3]

La política de seguridad empleada en el país en el marco de la guerra contra el narcotráfico, consistió en el despliegue de fuerzas armadas para ejercer tareas de seguridad pública sin ningún tipo de control civil. Esta situación, como documentó la Comisión Interamericana en su Informe, “ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales.”[4]

Pese al cambio de gobierno y de la narrativa oficial de la actual administración de Enrique Peña Nieto, la CIDH observó que “no han habido cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad en la práctica y a la violencia que éstas han desencadenado.”[5]

Al igual que la CIDH, otros mecanismos internacionales de derechos humanos han coincidido en que la violencia generada por la presencia de fuerzas militares en las regiones del país con mayor presencia de crimen organizado, ha ocasionado violaciones graves a los derechos humanos.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, documentó en su visita a México en 2013, que el ingente despliegue del ejército para enfrentar a los cárteles de la droga había resultado en numerosas ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, así como de los cárteles, “a menudo sin ningún tipo de rendición de cuentas.”[6] El Relator observó con preocupación que se siguen produciendo incidentes extremadamente violentos en el país, en particular atentados contra el derecho a la vida, a un nivel intolerable.

Según información proporcionada al Relator Especial por las autoridades mexicanas, durante la administración de Felipe Calderón, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012, se cometieron 102,696 homicidios intencionales. El Gobierno reconoció que no menos de 70,000 de esas muertes (casi 70%) estaban relacionadas con el tráfico de drogas.[7]

Por otro lado, el Relator Especial sobre la situación de la tortura, tras su visita a México en 2014, confirmó que con el despliegue de efectivos militares en el marco de la guerra contra el narcotráfico, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007 y reportó un máximo de 2,020 quejas en 2011 comparadas con un promedio de 320 en los seis años anteriores a 2007.[8]

Asimismo, resultado de su visita a México en octubre de 2015, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio cuenta de la corrupción e impunidad en las estrategias de combate al crimen organizado. De acuerdo con el Alto Comisionado, las enormes cantidades de dinero que movilizan los grupos del crimen organizado “está cooptando y corrompiendo instituciones clave”[9] en el país. Asimismo, la estrategia se ha centrado en la detención de integrantes del crimen organizado, pero no se han desplegado verdaderos esfuerzos para desmantelar la red de corrupción que involucra al crimen organizado con agentes del Estado.

Este enfoque punitivo y criminalizante de la política de drogas en México, se ha visto igualmente reflejado en la dura persecución penal del consumo y la posesión de drogas, afectando de manera particular a mujeres. Tanto el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, después de su visita a México en 2008, como la CIDH, en su último informe sobre México, manifestaron preocupación por los abusos y las degradantes condiciones bajo las cuales se encuentran las mujeres en centros de reclusión.

Del total de mujeres privadas de la libertad en centros de reclusión en México[10], 7% fueron consignadas por el delito de narcomenudeo. Y 40% de las mujeres encarceladas por delitos federales, lo están por delitos contra la salud[11]. En total, los delitos relacionados con droga ocupan el segundo lugar entre los motivos de encarcelamiento para mujeres en México.

Es urgente poner el reflector sobre las consecuencias que el encarcelamiento y, en términos generales, el abuso del derecho penal en los casos de delitos de drogas implica para las mujeres, especialmente para las que son madres (alrededor de 80%) y son las únicas o principales responsables económicas y cuidadoras de sus hijos, hijas y otras personas dependientes.

  • Los falsos indicadores de éxito de la política de drogas en México

La política de seguridad de combate a las drogas, ha propiciado también el desarrollo de leyes y figuras que se contraponen con el debido proceso y las garantías judiciales, la presunción de inocencia, los derechos a una defensa adecuada y a una sanción acorde con la gravedad del delito.Las autoridades mexicanas han utilizado como indicadores de éxito, la cantidad de hectáreas de amapola y marihuana erradicadas, de laboratorios de cocaína destruidos, personas detenidas y kilos de droga incautados. Este tipo de indicadores transmiten una sensación de efectividad en las políticas de combate a las drogas, pero no indica si las tácticas empleadas se traducen en avances reales hacia el objetivo principal, que es la reducción en el uso de drogas en el país.

Por un lado, se implementan estrategias de seguridad para reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas, sin contar con indicadores de impacto en el consumo; y por otro, las acciones de combate al narcotráfico resultan insostenibles a largo plazo, al ignorar las fronteras nacionales, la capacidad operativa y la diversificación del crimen organizado. Es decir, la erradicación de un plantío de amapola, no impide la siembra de la misma en otra parte del país; la detención de un líder del crimen organizado, no limita la operación o la fragmentación de su cártel, ni impide el surgimiento de otro; la incautación de drogas y la identificación de rutas de distribución, tampoco limita el surgimiento de nuevas rutas y formas de transporte.

  • La regulación y no la guerra

Para iniciar un debate serio sobre el diseño de nuevas políticas públicas que regulen el uso de drogas, hay que reconocer el fracaso del modelo prohibicionista y de las políticas de seguridad encaminadas al combate de la producción, distribución y posesión de drogas en el país.El modelo que prioriza la reducción de la oferta simplemente no funciona y, por el contrario, ha desencadenado violencia, propiciado violaciones a derechos humanos y debilitado el Estado de Derecho en los países más afectados por la producción y el tráfico de drogas. Estas lecciones deberían llevarnos hacia una nueva política que trate de llegar a las raíces del problema, que distinga claramente entre uso y uso problemático de sustancias, así como los efectos diferenciados de las drogas en la salud.

Necesitamos nuevos indicadores para evaluar el éxito de las estrategias encaminadas a reducir el consumo. Las toneladas de drogas incautadas, el número de personas detenidas, o las hectáreas de cultivo erradicadas, no indican si se está afectando el consumo de drogas en el país, en tanto no existan registros metodológicamente viables para calcular la prevalencia del consumo.

Para desmantelar la red de corrupción e impunidad del crimen organizado que ha generado tanta violencia, es prioritario fortalecer las instituciones civiles que luchan contra el narcotráfico. El uso de fuerzas militares en vez de policiales, debilita y distorsiona las funciones de ambas. La reforma y el fortalecimiento de la justicia deben ir de la mano con el fortalecimiento de las corporaciones policiales para combatir el narcotráfico eficazmente.

En este contexto, resulta preocupante la fuerte resistencia de representantes del Estado mexicano a desmilitarizar la estrategia de combate a la producción, distribución y uso de drogas, a pesar de que diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, en el ámbito regional y universal, han recomendado hacerlo; y muy a pesar de evidencias como el índice de letalidad[12] resultante del uso desproporcionado de la fuerza por parte de elementos militares; o las denuncias por tortura ante la Procuraduría General de la República a manos de elementos de las fuerzas armadas.[13]

Resulta igualmente alarmante el deslinde de las autoridades federales sobre la ola de violencia en el país.[14] Como lo afirmó en octubre de 2015 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, parte de la violencia en México puede ser atribuida a los grupos del crimen organizado; no obstante “muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y elementos del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado.”[15]

____

Por lo anterior, y ante la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país, hacemos un llamado para que la política de seguridad en contra del crimen organizado sea reformulada desde un enfoque de derechos humanos y género.

A nivel nacional, es indispensable implementar medidas alternativas a la persecución penal y al encarcelamiento con perspectiva de género en los distintos momentos del proceso penal: desde la detención hasta la ejecución de la pena. Existen buenas prácticas de programas y medidas administrativas que pueden reemplazar la intervención penal y mecanismos de resolución alterna aplicables en la fase de sentencia y ejecución penal; tomando en cuenta la situación específica de la persona involucrada y su entorno, sobre todo cuando hay personas dependientes a su cargo.

Ante la coyuntura política internacional, México debe impulsar y respetar la participación de más agencias de Naciones Unidas en este debate, y reconocer la aportación de los valiosos informes de diversos mecanismos internacionales de derechos humanos que analizan las consecuencias de la política de seguridad de combate a las drogas en el goce de los derechos humanos.

México debe promover la creación de un procedimiento especial en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las  Naciones Unidas, que tenga el mandato de vigilar y supervisar el respeto de los derechos humanos en el marco de la implementación de políticas antidrogas a nivel global.

La realidad de miles de víctimas de la guerra contra las drogas en el país, no puede seguir siendo invisible. Es urgente que el Estado mexicano se enfoque en reformas institucionales de largo plazo, y no en medidas paliativas que se fundamentan en el populismo punitivo.

Firman:

Asistencia Legal por los Derechos Humanos 
Casa del Migrante Saltillo 
Cauce Ciudadano A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC
Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas A.C. (CUPIHD)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Cosyddhac)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.
Equis: Justicia para las Mujeres, A.C.
Espolea AC. 
Estudiantes por una Política Sensata de Drogas, México
Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. 
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
México Unido contra la Delincuencia  
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Red Retoño
ReverdeSer Colectivo
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)
SMR, Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”(conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa,A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.(SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)


[1]
Encuesta Nacional de Adicciones 2011, disponible en: www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf

[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Situación de derechos humanos en México. OEA/Ser.L/V/II.Doc.44/15, 31 diciembre 2015, p. 31.
[3] CIDH. Situación de derechos humanos en México,  p. 31.
[4] CIDH. Situación de derechos humanos en México,  p. 11.
[5] CIDH. Situación de derechos humanos en México,  p. 61.
[6] Informe del Relator Especial sobre las  ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, A/HRC/26/36/Add.1, 28 de abril de 2014, p. 5.
[7] Informe del Relator Especial sobre las  ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, p. 5.
[8] Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/28/68/Add.3, 29 de diciembre de 2014, p.  6.
[9] Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein, p. 3.
[10] De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay 13,027 mujeres privadas de la libertad en México.
[11] En México, los delitos relacionados con drogas son denominados “delitos contra la salud” y tienen una dimensión federal – contenida en el Código Penal Federal (CPF) – y local. Los delitos del fuero local conocidos bajo en nombre de “narcomenudeo”, y las sanciones correspondientes, se encuentran determinados en la Ley General de Salud (LGS) y aplican para todos los estados del país.
[12] De acuerdo a datos de la SEDENA, entre 2007 y 2012, en supuestos eventos de “agresiones en contra de personal militar”, fallecieron 158 elementos militares y 2,959 “presuntos agresores” civiles. Es decir, por cada elemento militar fallecido, murieron 18.7 civiles. Otras cifras oficiales indican que los asesinatos por parte de militares han continuado durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. La Sedena informa que en el periodo del 13 de enero de 2007 al 5 de abril 2014, en el curso de supuestos enfrentamientos, murieron 3,967 personas civiles. También reportó que murieron 209 militares del 13 de enero de 2007 al 30 de octubre de 2014 (una proporción de 19 civiles fallecidos por cada elemento militar fallecido).
[13] De acuerdo a cifras de la PGR, que 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014, de las 4,055 denuncias de tortura que reportó, 1,273 fueron atribuibles a personal militar.
[14] Declaración del Subsecretario de Asunto Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Emb. Miguel Ruiz Cabañas en la Audiencia Temática: “Situación general de derechos humanos en México” realizada el 7 abril del 2016 en el marco del 157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sSV9vcgNu14

[15] Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México, 7 de octubre de 2015, p. 3.


English Version

Para más información:
Mariana Gurrola, Comunicación CMDPDH
comunicacion@cmdpdh.org
Tel. 5564 2582 ext. 114

Share This

Comparte

Comparte este post en tus redes.

Shares
A %d blogueros les gusta esto: