Ciudad de México a 9 de mayo de 2016.-  El día de hoy, frente a la Procuraduría General de la República (PGR) hemos denunciado la falta de voluntad de dicha institución para garantizar los derechos a la justicia y a la verdad de la familia Parral Rabadán. En fechas recientes dicha institución ha tomado medidas que ponen en duda su independencia e imparcialidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la misma forma que obstaculizan el derecho de la familia a la coadyuvancia.

El 26 de abril de 2010 Jorge Antonio Parral Rabadán fue ejecutado extrajudicialmente a manos de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el Rancho ‘El Puerto’ en el estado de Nuevo León, mientras se encontraba secuestrado e indefenso.  Su cuerpo fue desaparecido por los propios militares, a pesar de estar plenamente identificado. Al día de hoy no existe ninguna persona consignada por el homicidio, ni la desaparición forzada de Jorge, a pesar de que existen pruebas científicas, circunstanciales y testimoniales que demuestran la responsabilidad penal de miembros del Ejército mexicano.

Por ello, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), quien acompaña el caso, junto con la familia han enviado una Petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de que ésta determine la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a los derechos a la vida, la libertad personal, la honra y dignidad, el proyecto de vida, la integridad, el acceso a la justicia, el debido proceso, al trabajo, y a la propiedad de Jorge Parral Rabadán y su familia, así como el incumplimiento a su deber de protección efectiva de las personas.  Actualmente la Petición se encuentra en análisis de admisibilidad por parte de la CIDH.

Asimismo, el pasado viernes 6 de mayo se interpuso la demanda de amparo indirecto, atacando la constitucionalidad de la remisión del expediente el 21 de enero de 2016 a la Delegación de Nuevo León de la PGR por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF). El 3 de diciembre de 2015 la familia Parral solicitó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que declinara su competencia a favor de la Dirección General de Atención y Seguimiento a Conciliaciones y Recomendaciones en Materia de Derechos Humanos, perteneciente a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR. Sin embargo, la SEIDO determinó remitir la averiguación previa a la SEIDF, quien informó en abril de este años que desde el 27 de enero de 2016, el expediente había sido remitido a la Delegación Nuevo León de la PGR.

Lo anterior resulta preocupante no sólo por la dilación de la respuesta, aún cuando la Familia Parral se presentó en la SEIDF en diversas ocasiones a pedir información sobre el seguimiento al expediente, sino porque esta determinación viola el debido proceso de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, así como los derechos a coadyuvar con el Ministerio Público y a aportar pruebas durante la averiguación previa. Viola además, el principio de legalidad y la seguridad jurídica, ya que de acuerdo al marco jurídico aplicable es la Dirección General de Atención y Seguimiento a Conciliaciones y Recomendaciones en Materia de Derechos Humanos el área de PGR especializada en la investigación de hechos que constituyen violaciones graves a derechos humanos, como es el caso de Jorge Parral.

La falta de voluntad ha sido acompañada de tratos revictimizantes en contra de la familia Parral Rabadán por parte de distintos funcionarios de la PGR, así como de un acceso indebido al expediente de la investigación a favor de los representantes del imputado, así como de la SEDENA.

Hoy, a más de 6 años de la ejecución extrajudicial de Jorge Parral, hacemos un llamado a la PGR a que concentre las averiguaciones previas relacionadas con la privación de la libertad y con la ejecución de Jorge Parral, en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad por constituir violaciones graves a los derechos humanos. De igual manera solicitamos a PGR que se conduzca con imparcialidad y autonomía en las investigaciones, particularmente frente a la SEDENA, en la procuración de justica a la que la Familia Parral Rabadán tiene derecho, y que tome medidas legales en contra de la obstrucción a la justicia por parte de elementos de la SEDENA.

Es necesario que las investigaciones sean realizadas con perspectiva de derechos humanos, comprendiendo la complejidad y la gravedad de los hechos, investigado la participación y responsabilidad tanto de participantes directos como de la cadena de mando de la 7ª Zona Militar involucrada.

Asimismo, hacemos un llamado al General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la SEDENA a realizar una disculpa pública por la ejecución extrajudicial de Jorge Parral, haciendo valer las palabras del Presidente Peña Nieto quien hace tan sólo unos días hizo referencia al actuar de las fuerzas armadas en nuestro país: “portar el uniforme de la patria conlleva el imperativo moral de mantener una conducta intachable; implica el deber de conducirse con total apego a la ley y trae consigo la obligación de actuar con absoluto respeto a los derechos humanos”.

Información adicional:


Para más información:
Mariana Gurrola, Comunicación CMDPDH
comunicacion@cmdpdh.org
Tel: (55) 55642582, ext. 114

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