Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

Intervención de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. 35º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

6 de junio de 2017

Agradecemos el informe de la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y en particular la inclusión del enfoque de género.

Coincidimos en que la debida diligencia requiere a los Estados a prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente a las víctimas de violaciones a derechos humanos, independientemente si han sido cometidos por agentes estatales o actores no estatales.

En países como México, los preocupantes niveles de impunidad reflejan la falta de voluntad política y capacidad institucional para investigar y procesar a los responsables de ejecuciones extrajudiciales. Casos como el de Tlataya en donde fueron ejecutadas 22 personas por el ejército, las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Parral y Jethro Ramses, cometidas en 2010 y 2011 y cuyos padres siguen en búsqueda de justicia o la recién ejecución a un civil en Palmarito, Puebla siguen estando impunes.

Así mismo, estos atroces hechos ponen de manifiesto una actuación recurrente de las Fuerzas Armadas mexicanas: el uso indebido de la fuerza, ejecuciones arbitrarias de civiles rendidos o indefensos, alteración de evidencias y ocultamiento de pruebas, seguido de una estrategia mediática para distorsionar los hechos y criminalizar a las víctimas.

Señor Presidente, Sra Callamard, aprovechamos la ocasión para expresar la preocupación de un amplio número de organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia mexicanas quienes tememos por la aprobación de una Ley de Seguridad de Interior en México. Dicha Ley, tiene como propósito facultar a las Fuerzas Armadas del país en tareas de seguridad pública e incluso pretende que las mismas puedan llegar a suplantar las tareas de la policía llegando a ampliar las facultades para que el Ejército y la Marina puedan tener competencias ministeriales y judiciales. Existe una gran preocupación porque el despliegue de las Fuerzas Armadas a lo largo del país para asumir roles de seguridad pública se habilite sin supervisión de la autoridad civil y un sistema de contrapesos que regule sus actividades.

Tememos de que con esta Ley, la autoridad civil termine cediendo a las acciones militares y de que se perpetúe la impunidad de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

Desde que en 2006 se declaró la Guerra contra el narcotráfico y se desplegó en todo el territorio nacional la presencia militar para combatir a la delincuencia organizada, han desaparecido más de 30 mil personas, se han cometido más de 150 mil asesinatos, se han torturado a más de 8 mil personas y más de 300 mil personas han sido forzadas a desplazarse por causa de la violencia.

Solicitamos su apoyo y cooperación para detener la aprobación de Ley de Seguridad interior en México y para establecer el Consejo Asesor contra la impunidad recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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