31 de agosto de 2017
El día de ayer, las organizaciones abajo firmantes presentamos una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI), relativa a los obstáculos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes víctimas de desapariciones en México, así como el impacto que tiene en este sector la desaparición de un familiar adulto.
Se tiene registro de que al menos 64 pertenecen a una etnia. Del total de personas desaparecidas al 31 de marzo de 2017 (30,991), 301 son extranjeras, entre las cuales 41 son niñas, niños o adolescentes, y de 35 se desconoce la edad.
Esta denuncia general al GTDFI se presenta ante la abrumadora realidad de la niñez y adolescencia desaparecidas en México: de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de 2006 hasta el 31 de marzo de 2017, se reportaban 3,217 niñas y 2,235 niños de entre 0 y 17 años como desaparecidos, cifra que representa el 18% del total de los casos de desaparición en México.
El periodo en el que ha desaparecido el 98.2% de niñas, niños y adolescentes, coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano de los últimos años. Cerca del 70% de niñas, niños y adolescentes desaparecidos fueron vistos por última vez durante algún año del periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 hasta la fecha). El 29% restante que ha sido reportado, desapareció durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
A pesar del elevado número de personas desaparecidas, incluyendo a niños, niñas y adolescentes, la crisis no ha sido reconocida ni asumida en su verdadera magnitud por el Estado mexicano. Hasta el momento las acciones emprendidas continúan siendo esfuerzos desarticulados, sin que existan procedimientos accesibles y transparentes para la búsqueda inmediata, localización y protección.
Al día de hoy, no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas, incluyendo niños, niñas y adolescentes a lo largo de los últimos años en México. Más aún, existe un alarmante subregistro de casos de desapariciones y el RNPED sigue siendo inexacto al incluir leyendas como “no disponible” en lo que se refiere a la edad o nacionalidad de las personas desaparecidas. Las autoridades competentes proporcionan información contradictoria o incompleta y la imposibilidad de determinar el universo de personas desaparecidas obstaculiza de manera significativa toda acción de búsqueda que se llegue a emprender, impide que las víctimas obtengan medidas de reparación adecuadas y, finalmente, que se haga justicia.
Debemos señalar que la ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces a menudo hace que sea imposible conocer la participación directa o indirecta de agentes del Estado, violando su obligación a prevenir e investigar efectivamente un supuesto caso, en un país donde existen evidencias de la complicidad de agentes del Estado con organizaciones del crimen organizado.
Por tales razones se presenta la denuncia, debido a la obligación que tiene el Estado mexicano de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, familiares de víctimas y/o migrantes víctimas de desaparición en todo el país, y con un énfasis particular en la situación de los niños y adolescentes en el contexto de la migración.
El objetivo de la denuncia general es describir los obstáculos que enfrentan a diario por miles de niños y adolescentes, especialmente las niñas, sus familias y la respuesta errónea proporcionada por el Estado, además de analizar las medidas adoptadas por el Estado en cuanto a la prevención, búsqueda, investigación, persecución y sanción de los responsables, así como la reparación y asistencia, para evaluar si pueden considerarse compatibles con las normas internacionales aplicables.
Actualmente México carece de cualquier política pública diseñada para asistir a los niños y adolescentes víctimas de desaparición que se pueden considerar como eficaz. En particular, los dos programas existentes de alerta temprana y búsqueda urgente en casos de desapariciones de niños, niñas y adolescentes (es decir, la Alerta Amber y el Protocolo Alba) rara vez se aplican y el procedimiento para activarlos es demasiado complicado y/o burocrático.
Por último, la versión integral de la denuncia general proporciona una lista completa de las conclusiones y recomendaciones concretas, relativas a brindar atención adecuada a las víctimas; garantizar la verdad, justicia y reparación a que tienen derecho; y adoptar medidas especiales que por su calidad de migrantes, niños, niñas y adolescentes o cualquier otra. Adicionalmente, se ha solicitado al GTDFP que inicie un diálogo constructivo con el Estado mexicano, ponga en conocimiento esta denuncia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; y recomiende el establecimiento de un mecanismo internacional que garantice la justicia que las víctimas necesitan.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. Red por los Derechos de la Infancia en México
Trial International
