• En 2008 los hermanos Herrera Valles denunciaron ante la CIDH diversas violaciones a los derechos humanos perpetradas en su contra por parte del Estado mexicano.
  • En caso de proceder, la CIDH podrá concluir que el Estado mexicano es responsable de los delitos cometidos en contra de los hermanos Herrera Valles y sus familiares.
  • Después de tres administraciones distintas (Calderón, Peña y López) los hermanos Herrera Valles siguen esperando justicia y reparación integral.

 

Ciudad de México, 14 de julio de 2020.- El pasado 8 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el Informe de Admisibilidad No. 141/20 sobre el caso Javier y Arturo, ambos de apellidos Herrera Valles, y ex integrantes de la antes Policía Federal Preventiva (PFP). En 2008, los hermanos Herrera Valles fueron víctimas de hostigamiento, persecución, tortura, arraigo, y fabricación de delitos que no cometieron, además que se les violaron derechos laborales. Tras admitir el caso, la CIDH analizará los hechos y las violaciones a sus derechos humanos. En caso de encontrar sustento en las acusaciones presentadas, la CIDH podrá concluir que el Estado mexicano es responsable por los delitos cometidos por servidores públicos federales en contra de ambos hermanos y de su familia.

La familia Herrera Valles y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), como organización acompañante, celebramos la decisión de la CIDH para admitir el caso, después de casi 12 años de haber denunciado los hechos ante este Organismo internacional de protección a los derechos humanos. La admisión del caso representa un paso decisivo para que dicho asunto llegue ante el Pleno de la Comisión Interamericana.

Los hechos del caso se enmarcan en el contexto de la “guerra contra la delincuencia organizada”, iniciada durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. En el año 2008, Javier Herrera– entonces Comisario General de la PFP con más de 30 años en activo– denunció en dos cartas con anexos documentales dirigidas al entonces presidente, diversas anomalías y posibles hechos delictivos en las que presuntamente participaban elementos de la institución policial, entre ellos, Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública. Lejos de obtener una respuesta a su mensaje o de iniciarse una investigación inmediata, los hermanos Herrera Valles, y los hijos de Javier que también pertenecían a la corporación, fueron hostigados y sometidos a represalias en su contra.

Pocos meses después, como consecuencia de las cartas enviadas, Javier Herrera fue cesado injustificadamente de la institución. Posteriormente, él y su hermano Arturo, quien fuera comandante regional de la PFP, fueron detenidos ilegal y arbitrariamente, sometidos a arraigo, y acusados de los delitos de delincuencia organizada y en contra la salud; de igual forma sus familiares padecieron abusos y hostigamientos. El señor Arturo Herrera fue víctima de aislamiento prolongado en prisión, en estas condiciones recibió golpes y vejaciones. Javier Herrera fue detenido y sometido a diversos actos de tortura física que le generaron diversas lesiones, entre ellas la fractura de una costilla.

Las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se sustentaron únicamente en los dichos de testigos protegidos que obtuvieron ilegalmente dicho carácter, o habían sido torturados para declarar en su contra. Los testigos protegidos en este caso fueron utilizados para acusar falsamente a personas incómodas o que resultaban una amenaza contra intereses políticos. Todas las acusaciones en contra de los hermanos fueron desestimadas años después por el Poder Judicial de la Federación (PJF), quien posteriormente les absolvió al considerar las pruebas como insuficientes e ineficaces.

A finales de 2008 la familia Herrera Valles acudió ante la CIDH para denunciar los actos perpetrados en su contra, y años después, acompañados por la CMDPDH, presentaron ampliaciones a las violaciones a derechos humanos que se habían cometido conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

A diferencia de la rapidez con la que las autoridades mexicanas procesaron injustamente a los hermanos Herrera Valles por delitos que no cometieron, las respuestas a las solicitudes de información de la CIDH han sido tardías, en contra de lo dispuesto en el reglamento del organismo interamericano.

Con la decisión de la CIDH, la familia Herrera Valles se encuentra ante una oportunidad para encontrar justicia en su caso, tras 12 años de ocurridos los hechos. Si la Comisión encontrara que se cometieron violaciones a los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión, derechos políticos, derecho al trabajo, así como violaciones al artículo 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, sin duda, se visibilizará además la incapacidad y falta de voluntad de las autoridades mexicanas de investigar, procesar y castigar a los responsables de tales abusos. México debe asumir seria y diligentemente el cumplimiento de sus obligaciones internacionales para brindar acceso a la justicia y reparación integral a los hermanos Herrera Valles y su familia. 

Tanto las víctimas, como la CMDPDH, estamos convencidas que las determinaciones que la CIDH pueda emitir no sólo impactarán en el caso de la familia Herrera Valles, también visibilizarán el contexto sistemático de comisión de actos de tortura y fabricación de culpables, el uso de la arraigo y las violaciones a los derechos laborales de las policías del país, abriendo la oportunidad de buscar garantías para que dichos actos no ocurran nuevamente. 

Contacto
Luis María Barranco
Coordinador de Comunicación de la CMDPDH
media@cmdpdh.org
Cel. 5544840328
Tel. 5564 2582 ext. 114

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