Caso Hermanas González Pérez

En el Caso de las hermanas González Pérez, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C (COLEM), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C (CMDPDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), asumimos la representación de las víctimas ante la CIDH.

El 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo en el estado de Chiapas, México, a las hermanas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez (indígenas tzeltales) para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas. Durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares. El 30 de junio de 1994 se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal con base en un examen médico ginecológico, el cual fue corroborado y ratificado por la declaración de Ana y Beatriz (las dos hermanas mayores); pese a que las víctimas son civiles, el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre de 1994, donde fue archivado bajo el argumento de que “los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso” y que no se configuran violaciones de los derechos humanos ante la falta de comparecencia de las hermanas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas.

Ante el expreso incumplimiento por parte del Estado mexicano con su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones,el caso fue sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el día 16 de enero de 1996 y fue emitido el informe de admisibilidad No. 129/99[1] el 19 de noviembre de 1999. Finalmente, la CIDH emitió el  Informe de Fondo No. 53/01[2] el día 4 de abril de 2001 declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y emitió las siguientes recomendaciones al Estado mexicano:

1. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana, Beatriz y Celia González Pérez y Delia Pérez de González.

2. Reparar adecuadamente a Ana, Beatriz y Celia González Pérez y a Delia Pérez de González por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas.

En el citado informe, la Comisión Interamericana sostuvo que “cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas”, en virtud de lo cual los procedimientos resultan “incapaces de proporcionar la investigación, la información y el remedio supuestamente disponibles” y se verifica una impunidad de facto que “supone la corrosión del imperio de la ley y viola los principios de la Convención Americana”.[3] En particular, la CIDH ha determinado que, en razón de su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad que impone el artículo 8(1) de la Convención Americana.

La Comisión se basó en jurisprudencia de la Corte Interamericana, la cual ha interpretado que:

En un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con la función que la ley asigna a las fuerzas militares.  Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.  

Es obvio que los abusos cometidos por los militares contra las cuatro hermanas tzeltales no pueden de manera alguna considerarse hechos que afecten bienes jurídicos vinculados al orden militar. Tampoco se trata este caso de excesos cometidos mientras los militares cumplían con las funciones legítimas que les encomienda la legislación mexicana pues, fue una cadena de hechos violatorios que se inició con la detención arbitraria de las cuatro mujeres.

A casi una década de emitido el informe de fondo, el Estado mexicano ha incumplido con ambas recomendaciones de la CIDH. Por un lado, se ha negado a trasladar la investigación a la justicia ordinaria para que se continúe con la investigación y, cuestionando los fuertes testimonios y la versión de los hechos del informe de la Comisión, se ha negado a reparar a las víctimas por considerar que no fueron violadas, supeditando dicha reparación a la investigación de los hechos, aún cuando ésta se encuentra en un fuero carente de independencia e imparcialidad.

Desde julio de 2001, se han celebrado múltiples reuniones de trabajo entre las partes, tanto en el marco de los periodos de sesiones ordinarios de la Comisión Interamericana[4], como a nivel interno, como parte de las gestiones realizadas para impulsar el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH[5]. El incumplimiento por parte del Estado mexicano es manifiesto. La discusión sobre la reparación del daño ha quedado totalmente relegada por parte de las autoridades mexicanas, quienes han señalado en múltiples ocasiones que “no se otorgarían las reparaciones debidas hasta en tanto no finalicen las investigaciones ya que sólo así el Estado podría ejercer la acción de repetición en contra de los agentes responsables de las violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas”[6]. Bajo ese discurso el Estado mexicano ha condicionado la reparación del daño a los resultados que arroje la investigación dentro del fuero militar, y ha puesto en duda si las víctimas fueron o no violadas sexualmente por agentes del Estado, en total desconocimiento del informe de fondo de la CIDH.[7]

Lo que sucedió a las hermanas González en Chiapas y la repetición crónica de esta situación en diversas comunidades indígenas en México, como en el caso de las indígenas tlapanecas, Inés Fernández y Valentina Rosendo, también violadas por militares en Guerrero en 2002, demuestra la falta de compromiso del estado mexicano con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la cual señala la obligación de los Estados de tomar las medidas necesarias para asegurar que las mujeres y niños indígenas gocen de completa protección y garantías en contra de toda forma de violencia y discriminación[8], y prohíbe que los territorios de los pueblos indígenas sean utilizados para actividades militares sin consulta previa[9]. Observamos que el patrón de comportamiento del gobierno mexicano hacia los pueblos indígenas es cada vez más alarmante. El ejército mexicano continúa desplegando contingentes en territorios indígenas en Chiapas y Guerrero, y ahora en otras entidades, mientras que los casos de mujeres indígenas abusadas por elementos del ejército mexicano siguen sin resolverse.

La Comisión Interamericana estableció la responsabilidad del Estado mexicano por la detención arbitraria y la violación sexual como una forma de tortura cometida por militares en perjuicio de las Hermanas González. Y declaró que el Estado había faltado a su obligación general de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos CADH) por la violación de los derechos a la integridad personal (artículo 5), a la protección de la honra y de la dignidad (artículo 11), a la libertad personal (artículo 7), a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva (artículos 8 y 25); y en el caso de Celia González, quien tenía 16 años de edad al momento de los hechos, por la violación de los derechos de la niñez(artículo 19. Asimismo como de las obligaciones del Estado mexicano establecidas en el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Sobre el derecho a la libertad personal, la CIDH concluyó que los hechos del expediente demuestran que las cuatro mujeres fueron privadas de su libertad sin expresión de causa, sin que mediara orden de autoridad competente, lo cual constituye una abierta violación de las garantías establecidas en la Convención Americana.

Con relación a  los derechos a la integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad, la CIDH señaló que, con base en el informe médico no controvertido debidamente por el Estado y en los demás elementos de prueba disponibles, Ana, Beatriz y Celia González Pérez fueron sometidas a un interrogatorio ilegal, en medio de abusos físicos que incluyeron la violación sexual de las tres hermanas y que en el contexto en que sucedieron tales hechos conduce igualmente a la conclusión de que fueron cometidos con el fin de amedrentar a las tres mujeres por sus presuntos vínculos con el EZLN, por lo que considera que los abusos contra la integridad física, psíquica y moral de las tres hermanas tzeltales cometidos por los agentes del Estado mexicano constituyen tortura y una violación de la vida privada de las cuatro mujeres y de su familia y un ataque ilegal a su honra o reputación, que las llevó a huir de su comunidad en medio del temor, la vergüenza y humillación.

La CIDH reconoció la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva (artículos 8 y 25 de la CADH) en la investigación de los hechos de tortura (artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura), ya que el caso se encuentra en la total impunidad debido a que el Estado mexicano no ha cumplido con su deber de juzgar y sancionar a los responsables por la privación de libertad y violación del derecho a la integridad personal de las integrantes de la familia González Pérez, ni ha reparado el daño causado por tales violaciones; por el contrario, la investigación se trasladó a la jurisdicción militar, claramente incompetente en razón de la materia y carente de la imparcialidad necesaria para establecer los hechos conforme al debido proceso.

Finalmente, la CIDH determinó que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional por la violación del artículo 19 de la Convención Americana en perjuicio de Celia González Pérez, en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1(1) de dicho instrumento internacional, debido a que Celia tenía 16 año s en el momento en que se perpetraron los hechos.

Mientras no se haga justicia y las hermanas González no hayan recibido las reparaciones correspondientes, el Estado mexicano permanece incumpliendo su compromiso en relación a la protección de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales que ha ratificado.


Informe de Fondo No. 53/01, párrafo 26. Informe de Fondo No. 53/01, párrafo 42. Informe de Fondo No. 53/01, párrafo 52. Informe de Fondo No. 53/01, párrafo 88. Informe de Fondo No. 53/01, párrafos 55-61.


[1] https://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/Admisible/Mexico11565.htm

[2] https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/Mexico11.565.htm

[3] CIDH, Informe Anual 1995, Informe Nº 10/95 (Caso 10.580. Manuel Stalin Bolaños Quiñonez), Ecuador, párr. 48.

[4]  Se realizaron al menos 6 reuniones de trabajo ante la CIDH, en el 113°, 114º, 116º, 123º, 131º y 134º periodos ordinarios de sesiones de la CIDH

[5]  Ver CIDH, Informe Anual 2002, Capítulo III, párrs. 191 a 194, Informe Anual 2003, Capítulo III, párrs. 205 a 209; Informe Anual 2004, Capítulo III, párrs. 246 a 252; Informe Anual 2005, Capítulo III, párrs. 280 a 285; Informe Anual 2006, Capítulo III, párrs. 359 a 364; Informe Anual 2007, Capítulo III, párrs. 543 a 551; Informe Anual 2008, Capítulo III, párrs. 658 a 665.

[6] CIDH, Informe Anual 2005, Capítulo III, párr. 283. Esto también fue señalado en la reunión de trabajo del 19 de octubre de 2005 en la sede de la CIDH, así como en la última reunión de trabajo celebrada en marzo de 2009 en el marco del 134° periodo ordinario de sesiones de la Comisión.

[7] CIDH, Informe Anual 2004, Capítulo III, párrs. 246 a 252; Informe Anual 2005, Capítulo III, párrs. 280 a 285; Informe Anual 2006, Capítulo III, párrs. 359 a 364

[8] Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, artículo 22.

[9] Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, artículo 30.

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