Caso Jethro Ramssés Sánchez Santana

Al momento de su asesinato, Jethro Ramssés Sánchez Santana tenía 27 años de edad. Era un ingeniero electromecánico con grado de estudios de maestría que comenzaba a operar una empresa de ingeniería electrónica automotriz. Ya impartía clases en la Universidad Politécnica de Morelos y era reconocido entre sus amigos y colegas.

El día 1 de mayo de 2011, al terminar de jugar un partido de futbol, Jethro se dirigió con unos amigos a una feria organizada por el Ayuntamiento de Cuernavaca en el recinto ferial de Acapatzingo. Dentro del recinto comenzó una pelea entre varias personas, entre las que se encontraban amigos de Jethro. Policías municipales que intervinieron en esta pelea llevaron a Jethro detenido, junto con otro amigo. Después de ser detenidos por policías municipales, Jethro y su amigo fueron llevados afuera de la feria y, en lugar de ser llevados ante el Ministerio Público competente, fueron entregados a elementos de la Policía Federal, quienes a su vez los entregaron unos minutos después, en ese mismo lugar, a un convoy de aproximadamente 20 militares, bajo la excusa de que los detenidos dijeron ser miembros de un cártel del narcotráfico.

Ese mismo día, Jethro y su amigo fueron llevados al cuartel de la 24ª Zona Militar en donde, según testimonios, fueron torturados. Después de ser torturado, Jethro perdió el conocimiento y fue declarado muerto minutos después por un médico del cuartel. Por órdenes de un coronel, militares llevaron el cuerpo a Puebla, en donde fue semienterrado en forma clandestina, mientras que al amigo de Jethro lo soltaron en medio de la carretera. Estudios forenses elaborados con posterioridad sugieren que Jethro pudo haber sido enterrado aún con vida en aquél terreno.

Desde el mismo día de la desaparición de Jethro, su familia comenzó un angustiante proceso de búsqueda. Los amigos y colegas de Jethro hicieron marchas; se colocaron carteles con su imagen a lo largo y ancho de Cuernavaca; y se realizaron trámites judiciales para que las autoridades revelaran qué habían hecho con Jethro. Sus padres acudieron en repetidas ocasiones ante las autoridades de seguridad pública, mismas que siempre negaron haber participado en los hechos. Así transcurrieron más de dos meses, hasta que diversos testigos comenzaron a hablar y revelar la verdad de los hechos.

Las autoridades militares dieron con el cuerpo de Jethro, mismo que ya se encontraba irreconocible por las múltiples lesiones y por haber sido rociado con ácido. Después de serle practicadas pruebas de ADN y verificar la identidad, el cuerpo fue entregado a la familia, llevándose a cabo su funeral el día 14 de agosto de 2011. Posteriormente, se ordenó traer a declarar a todas las autoridades involucradas en los hechos, tras lo cual fueron consignados dos militares de rango medio, quienes presuntamente participaron en la detención y tortura de Jethro, y el coronel que dio la orden de esconder el cuerpo. Se inició proceso penal en su contra ante la justicia militar, a pesar de que las normas de derechos humanos establecen que este tipo de casos deben ser ventilados ante la justicia ordinaria.

Al día de hoy y tras varios recursos presentados por los padres de Jethro, el juicio en contra de los tres militares implicados fue finalmente remitido a la justicia ordinaria. Sin embargo, no sólo falta que el juez determine la responsabilidad de estos elementos en sentencia, sino que las otras autoridades involucradas respondan ante la justicia. Asimismo, las normas de derechos humanos determinan que la familia de Jethro debe ser reparada por los graves daños causados por el Estado en su contra. Así lo establece la recomendación que sobre este caso emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en el expediente 165/2011-1, misma que establece que además investigar los hechos y procesar y sancionar a los responsables, las autoridades del estado de Morelos deben honrar la memoria de Jethro y garantizar la no repetición de las violaciones acontecidas mediante capacitaciones dirigidas a las autoridades del estado. También lo establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 38/2012, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública federal y a la Procuraduría General de la República.

La pérdida de vidas, fruto de la violencia causada por una delincuencia desbordada, es inadmisible. Sin embargo, lo es aún más aquellas pérdidas que son causadas por las propias autoridades directamente, mismas que en su empleo de la fuerza presumen excesos que generalmente quedan impunes. El Estado mexicano tiene las manos manchadas de sangre por el asesinato de Jethro Sánchez y sólo podrán ser lavadas cuando sea el propio Estado el que garantice justicia por dicho crimen, así como un futuro en el que este tipo de atrocidades no vuelvan a cometerse.

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