Foto: Eduardo Hernández para el universal.

En el marco de la situación en cuestión de la tortura en la ciudad, el día 5 de septiembre de 2008, la señora Lorena González Hernández fue detenida ilegal y arbitrariamente en las instalaciones de la Policía Federal Preventiva -donde había laborado desde el año de 1995-, en cumplimiento a una orden de presentación emitida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Una vez que fue presentada ante la autoridad ministerial capitalina, la señora Lorena González se enteró que se le estaba relacionado con el lamentable secuestro y homicidio del menor Fernando Martí Haik, hijo del empresario Alejandro Martí.

Inmediatamente después, cuando se hizo pública la detención de Lorena González y el resto de los acusados, se citó a los principales medios de comunicación nacionales e internacionales a una vistosa conferencia de prensa en la que fue exhibida como la segunda persona en importancia dentro de la organización delictiva responsable de haber cometido aquel delito. Dicha exhibición pública generó animadversión y una condena social previa, que hasta hoy sigue estigmatizando a la señora González.

A pesar de que se requirió su comparecencia sólo como persona presentada, el ministerio público investigador determinó luego su retención bajo la figura de un “caso de urgencia” y solicitó ante un Juez Penal su arraigo durante la integración de la averiguación previa que se seguía en su contra. Durante los dos meses en que se le mantuvo en arraigo, se encontró parcialmente aislada pero después de su consignación y traslado al Centro Femenil de Readaptación Social “Santa Martha Acatitila”, permaneció dos meses más en un área sin contacto alguno con otras personas, lo que de acuerdo con estándares internacionales se considera como formas de tratamiento cruel, inhumano y degradante, lesivas de la libertad psíquica y moral de las personas que la sufren.

Durante la investigación del caso, la PGJDF practicó diversas diligencias, entre ellas un procedimiento hipnótico al señor Christian Salmones Flores, única víctima sobreviviente y testigo del secuestro del niño Fernando Martí Haik, cuyo resultado, método y demás datos derivados de tal procedimiento, no fueron incorporados al expediente criminal que sustentó el proceso (juicio) que mantuvo privada de su libertad a la señora Lorena González (el fragmento de video que evidencia esta situación fue exhibido públicamente por el diario “La Razón”). Además, la acusación inicial se sustentó en los falsos testimonios de Jorge Eduardo López Mondragón y Sergio Sandoval Ambriz, quienes resultaron ser personas que nunca existieron, sino que se inventaron sus identidades para sostener una acusación en contra de la imputada.

A pesar de que en el fuero federal se encuentra procesada, acusada y confesa la señora María Elena Ontiveros Mendoza, como la persona que realmente participó en el secuestro del niño Fernando Martí Haik, y que tal aceptación de responsabilidad la sostuvo ante el agente del Ministerio Público de la PGJDF, la institución ministerial capitalina mantuvo ambos procesos penales duplicando la acusación, pues simultáneamente se juzgó a la señora Lorena Gonzáles Hernández y a María Elena Ontiveros Mendoza, por hacer exactamente lo mismo y como si fueran una sola persona.

A manera de “protección adicional” y de forma indebida, al momento en que Lorena González fue puesta a disposición del Juez 32º Penal del TSJDF se le comenzó a fabricar un nuevo delito de secuestro supuestamente cometido en el año 2004, del cual, por cierto, no hubo ninguna prueba de que haya ocurrido salvo la declaración de quien dijo llamarse José Manuel Domínguez Palacio, que cuando lo denunció 5 años después de ocurrido ante la PGJDF ni siquiera se identificó cuando realizó su denuncia, por lo que su existencia también se puso en duda. A pesar de que se libró diversa orden de aprehensión en el mismo Juzgado Penal por aquel diverso caso, ésta se mantuvo oculta con la intensión de hacerla valer en caso de que obtuviera su libertad en el primer proceso, por lo que no fue hasta que se le concedió el amparo y protección de la justicia federal que se logró ejecutar a más de un año de haber iniciado el primer juicio. Por lo anterior, Lorena González fue procesada en dos juicios distintos ante el mismo Juez 32º Penal del Distrito Federal.

Una vez concluida la etapa probatoria y luego de casi 7 años, en ambos juicios el Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal presentó desistimientos de la acción penal a través de la formulación de conclusiones no absolutorias a favor de Lorena González, mismas que fueron ratificadas por el titular de la Institución Ministerial. En los dos casos la representación social reconoció ante el juzgador la existencia violaciones al debido proceso y, sobre todo, valoraciones probatorias indebidas, lo cual dio lugar al sobreseimiento de los procesos penales y en consecuencia obtuvo su libertad el día 15 de julio de 2015.

Es de llamar la atención que las contradicciones, la insuficiencia probatoria y las violaciones a los derechos fundamentales de defensa y a un debido proceso de Lorena González, fueron conocidas por la propia PGJDF desde 2008 y 2009, y a pesar de ello, la Fiscalía capitalina nunca justificó por qué tardó más de 6 años en retirar la indebida acusación en su contra.

Por todos estos hechos, la defensa de Lorena había presentado desde el año 2010 una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), con sus subsecuentes ampliaciones, misma que dio lugar al expediente CDHDF/I/121/XOCH/10/D7204. Sin embargo, 3 meses antes de que Lorena recobrara su libertad, el organismo público de derechos humanos determinó cerrar el expediente tras considerar “que no existían elementos suficientes para acreditar las violaciones a los derechos humanos” que fueron denunciados.

Una vez que Lorena salió de prisión luego del reconocimiento de la PGJDF sobre la comisión de distintas violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra, la Presidenta de la CDHDF, la Dra. Perla Gómez, manifestó ante medios de comunicación que “Nosotros teníamos una queja por parte del abogado, tuvimos que revisar cada una de las partes y eran más bien deficiencias de la defensa lo que propició que tuviéramos que cerrarlo porque no había propiamente una violación inmediata a derechos humanos, sino el hecho de que se desistió de pruebas el propio abogado que hubieran podido favorecer anticipadamente a su propia clienta”.

Contra el cierre de la investigación, Lorena González interpuso recurso de impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en mayo de 2015, dando lugar al expediente CNDH/1/2015/60/RI, pero luego de más de dos años este recurso no ha sido resuelto.

Por su parte, y debido a los hechos de detención arbitraria e ilegal, violación al debido proceso, afectaciones a la horna y dignidad por la exhibición en medios de comunicación y tratos crueles, inhumanos y degradantes por el asilamiento prolongado, la señora Lorena González ha reclamado por la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado a la PGJDF -desde la óptica de la reparación integral-, los daños ocasionados a través de las actividades irregulares desplegadas mediante el evidente incumplimiento de su función de investigar y procurar justicia, a través de la fabricación de una acusación que resultó infundada al estar soportada con medios de prueba ilícitos y creados ex profeso para acusarla arbitraria e injustamente.

En particular, Lorena González reclama como parte de esas medidas de reparación, que la PGJDF elimine de cualquier registro nacional y local los antecedentes penales generados por su detención; le compense por los gastos que tuvo que solventar para su defensa y el daño inmaterial por las violaciones a derechos humanos y abusos cometidos en su contra, conforme a estándares internacionales; que le brinde atención médica y psicológica a ella y su familia; le proporcione apoyo jurídico y social para que pueda concluir sus estudios, así como para que pueda constituir de una asociación civil que vele por la defensa de personas que padecen una situación similar a la suya y de esa forma reestablecer su proyecto de vida; le brinde una disculpa pública por los agravios generados y la petición para que medios que la señalaron como responsable de algo que no hizo, rectifiquen la información que se difundió en su contra; así como la exigencia de reformas estructurales en la ley y políticas públicas para que estos actos no vuelvan a sucederle nunca a ella o a cualquier otra persona.

A un año y medio de haber presentado la demanda de reparación integral por esa vía, la PGJDF desechó en un primer momento la solicitud, pero a través de una sentencia de amparo, un juez federal ha ordenado a la Procuraduría capitalina que admita a proceso la demanda y resuelva de fondo las solicitudes planteadas. Hasta el momento el juicio que determinará la responsabilidad patrimonial de las autoridades ministeriales se encuentra en trámite.

Share This

Comparte

Comparte este post en tus redes.

Shares
A %d blogueros les gusta esto: