Caso Nino Colman

Resumen:
Nino Colman Hoyos Henao fue detenido el 11 de agosto de 2009 de manera arbitraria, al salir de su centro de trabajo entre las 16 y 16:30 hrs. Fue interceptado por 2 agentes de la Policía de Investigación del Distrito Federal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), uno de ellos, aún sin identificarse como autoridad, le mostró por segundos una hoja y le dijo que estaba detenido.  Lo subieron a un automóvil sin logo, ni registro institucional. Fue amenazado de muerte y torturado con el fin de que se declarase culpable de un delito que no cometió.  Nino Colman fue sujeto a proceso y sentenciado por el delito de secuestro agravado, imponiéndole una pena de sesenta años de prisión.

Detención y Tortura
Desde el momento de su detención en el trayecto hasta la Fiscalía Especial Antisecuestro de la PGJDF, comenzaron los malos tratos y tortura. La persona que iba en la parte trasera del vehículo recostó a Nino haciendo presión con la pierna sobre la cabeza Nino. Fue esposado, y amenazado de muerte en caso de que no confesara un delito del cual aún no tenía conocimiento.

Al llegar en las oficinas de la policía de investigación de la FAS, lo bajaron del vehículo, esposado y con la cabeza cubierta con una chamarra, en una postura inclinada y caminando rápido.  Nino sufrió tortura física mediante puñetazos en la cabeza y en el cuello, y asfixia con una bolsa de plástico. También sufrió tortura psicológica, al recibir amenazas que si no confesaba un delito de secuestro, le cortarían los dedos a él y a su madre.

Posteriormente fue llevado a la entonces 50ª Agencia del Ministerio Público (MP)  para que un médico revisara su estado físico. Y fue hasta las 20:38 horas del 11 de agosto de 2009, que  fue puesto a disposición del agente del MP.  Ya estando a disposición del MP, se pudieron apreciar algunas irregularidades, como el hecho de haber omitido entregarle un recibo de los objetos que le fueron encontrados al momento de la detención, así como el hecho de que las actuaciones ministeriales se registraron en un documento de Microsoft Word, y no del Sistema de Averiguación Previa (SAP) el cual tienen el deber de utilizar.

El 13 de agosto de 2009 se le decretó arraigo por un periodo de 30 días, durante el cual permaneció esposado a la cama durante las noches y a la mesa cuando tenía visitas.  El 28 de agosto del mismo año, el MP ejerció acción penal sin que Nino estuviera presente.

A pesar de existir diversas pruebas que acreditan las lesiones físicas que presentó Nino Colman posterior a su detención, el Ministerio Público intentó cerrar en múltiples ocasiones la investigación penal. Por lo que, el 21 de enero de 2016, el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito en su resolución RP 199/2015 reconoció falta de imparcialidad de la PGJDF en torno a la investigación de la tortura de la que fue víctima Nino Colman, por lo que ordenó que se consignara inmediatamente el caso ante el poder judicial.

Actualmente, se está a la espera de que se resuelva el amparo indirecto 666/2016 por parte del Primer Juzgado de Distrito en Materia Penal, a fin de que se libre un orden de aprensión en contra de los policías responsables de la tortura y con ello se inicie un proceso penal que determine su responsabilidad.

Proceso penal
Al momento de la detención de Nino Colman, el Ministerio Público que lo detuvo tenía conocimiento de que su nacionalidad de origen era colombiana; sin embargo, en ningún momento se dio aviso al Consulado Colombiano de la detención de Nino, lo cual no sólo le negó su derecho a la asistencia consular sino que ello afectó su derecho a la defensa adecuada, pues no contó con el apoyo de su consulado para poder tener una defensa que le permitiera probar su inocencia.

Por ello, el 9 de septiembre de 2009 inició el proceso penal en contra de Nino Colman ante el 28º Juzgado Penal del Distrito Federal bajo la causa penal 271/2009. Inicialmente, tuvo una defensa de un abogado particular, pero ante la dificultad de costear una defensa privada, el 1º de diciembre de ese mismo año durante una audiencia solicitó que se le asignará una defensa de oficio, la abogada asignada renunció al término legal que tenía para estudiar el expediente penal de Nino Colman y asumir una defensa adecuada.

Ante el desconocimiento del caso, seis días después, es decir, el 7 de diciembre, aceptó el cierre de instrucción a propuesta del Juez Penal, sin que se le explicara a Nino Colman cuáles eran las repercusiones legales de dicha determinación, lo cual implicó que ya no se pudieran ofrecer más pruebas que le permitieran demostrar que él no había tenido participación en el delito que se le imputaba. Además, durante este período la defensora de oficio no ejerció ningún medio de defensa ni en esa fecha ni en posteriores a favor del señor Nino Colman, incluso a inicios del año 2010 le fue asignada una defensora de oficio distintas que tampoco tenía pleno conocimiento del caso.

La única participación que se le atribuyó a Nino Colman fue la creación de dos cuentas de correo electrónico que supuestamente fueron utilizadas por otras personas para entablar las negociaciones para la liberación de la víctima del secuestro; la empresa Microsoft México, mediante un informe de fecha 28 de octubre de 2009, solicitado por el propio Juez Penal, manifestó que las cuentas de las cuales se le solicitó el historial del uso así como la fecha de inicio de sesión no fueron encontradas en su sistema, es decir que al momento de emitir dicho informe esas cuentas no existían.

Dicho informe pasó inadvertido por las defensoras de oficio y fue indebidamente valorado por el Juez penal, lo que trajo como consecuencia que el 9 de agosto de 2010 Nino Colman fuera sentenciado a 60 años de prisión por el delito de secuestro, con base en pruebas que fueron fabricadas y que no siguieron los requisitos constitucionales para que fueran válidas para poder inculpar a Nino.

La sentencia condenatoria fue apelada ante la Novena Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el Toca Penal 242/2010, por una tercera defensora de oficio; sin embargo, en la resolución emitida el 14 de enero de 2011, se confirmó la condena a 60 años de prisión, nuevamente obviando las diversas irregularidades en las pruebas utilizadas para sentenciar a Nino Colman.

En contra de la sentencia de apelación, se interpuso el amparo directo 112/2015 ante el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito, el cual emitió su resolución el 16 de julio de 2015 concediendo amparo a favor de Nino Colman, dejando insubsistentes las sentencias de agosto de 2010 y de enero de 2011 y ordenando se reabriera el procedimiento penal con la oportunidad de ofrecer más pruebas que acrediten su inocencia.

A pesar de dicha determinación, los Magistrados del Octavo Tribunal Colegiado no se pronunciaron en torno a determinadas violaciones a los derechos humanos y al debido proceso de Nino Colman que eran fundamentales para poder demostrar la ilicitud de las pruebas utilizadas para incriminarlo.

Ante dicha omisión que implicó que los Magistrados dejaron de interpretar violaciones constitucionales que fueron planteadas en la demanda de amparo directo, se presentó el recurso de revisión 4624/2015 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual fue en un primer momento admitido pero durante la audiencia de fecha 6 de julio de 2016 fue finalmente desechado con cuatro votos a favor y un voto en contra del desechamiento del Ministro José Ramón Cossío, quien además manifestó durante la audiencia que emitiría un voto particular señalando que el caso debía de ser analizado por su trascendencia constitucional. A la fecha aún no se ha publicado la resolución de la SCJN con la exposición de los argumentos específicos del desechamiento del asunto.

Recomendaciones de la CDHDF

Después de una investigación exhaustiva la CDHDF determinó que Nino Colman fue víctima de tortura y emitió la Recomendación 2/2013, en la cual encontró a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) responsable de haber torturado a Nino Colman.

Más tarde, la misma CDHDF emitió a finales del año 2014 la Recomendación 10/2014, donde se reconocen violaciones al derecho a la defensa adecuada y al debido proceso en agravio de Nino Colman, a manos de defensoras públicas de oficio, adscritas a la Consejería Jurídica y Servicios Legales del Distrito Federal, cuya defensa deficiente repercutió directamente en la injusta condena.  Ésta fue la segunda recomendación emitida por la CDHDF sobre el caso de Nino Colman, y fue aceptada por las autoridades responsables.

Las recomendaciones de la CDHDF demuestran la prevalencia de la injusticia e impunidad que se afianza alrededor de la práctica reiterada de la fabricación de delincuentes a costa de flagrantes violaciones a derechos humanos. Actualmente Nino permanece detenido en el reclusorio Varonil Oriente en la Ciudad de México, y su caso permanece en total impunidad.

Amparos en contra de las Recomendaciones
En los meses de marzo y abril de 2016, la representación del padre de la víctima del secuestro del que se fue acusado Nino Colman, presentó dos demandas de amparo en contra de las dos recomendaciones emitidas por la CDHDF a favor de Nino Colman, argumentado que no se le había dado intervención durante la investigación de dicho organismo público y autónomo de derechos humanos frente a las quejas presentadas por Nino Colman por las múltiples violaciones a sus derechos humanos.

Ello a pesar de que la función de dicho organismo frente a las quejas presentadas por cualquier persona es únicamente la de investigar a las autoridades señaladas como las responsables de las violaciones a derechos humanos y, en caso de acreditar una violación, emitir recomendaciones a las autoridades para reparar la violación generada a una persona determinada. Cabe decir que las recomendaciones emitidas por las comisiones a derechos humanos no son obligatorias, por lo que las autoridades deciden si cumplen o no con dichas recomendaciones.

La demanda en contra de la recomendación por tortura recayó en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el número de expediente 514/2016, quien el 29 de junio de 2016 emitió una sentencia ordenando que se dejara insubsistente la recomendación 02/2013, emitida conforme al procedimiento regulado por la propia normativa de la CDHDF y se ordene la reposición del procedimiento que culminó con la recomendación, a fin de dar intervención al padre de la víctima del secuestro, y que una vez hecho lo anterior,  tendría la libertad de emitir una nueva determinación. Cabe decir que ni en la Constitución ni en la normativa de la CDHDF, ni siquiera en la normativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se señala que se le deberá dar intervención a una persona distinta a la que denuncia la violación a un derecho humano directamente ante una comisión pública de derechos humanos, por lo que la jueza realizó un errónea interpretación que no está contemplado en ninguna ley nacional.

Frente a esta arbitraria determinación la CMDPDH presentó un recurso de revisión el cual recayó en el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primero Circuito, con el número R.A. 221/2016, y mediante acuerdo del 10 de agosto de 2016, se determinó desechar el recurso de revisión ya que fue presentado y firmado por un miembro de la CMDPDH, en su calidad de representante del señor Nino Colman, y el Tribunal consideró que no se estaba plenamente autorizado para presentar un recurso de dicha naturaleza.

Ante la determinación de desechar el recurso de revisión, se presentó el recurso de reclamación 23/2016, ante el mismo Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, alegando la violación al derecho al acceso a la justicia del Sr. Nino Colman por no cumplir con un requisito que de ser advertido por el Tribunal pudo haber corregido. Cabe mencionar que es obligación de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, prevenir de posibles deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, a fin de evitar que por meros formalismo se niegue el derecho de acceso a la justicia a cualquier persona. A la fecha no ha habido no se ha notificado la determinación final de dicho recurso de reclamación.

Por su parte, la demanda en contra de la Recomendación por la violación a la defensa adecuada recayó ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con número de expediente 676/2016, no obstante a la fecha aún no se ha emitido una resolución definitiva.


Más información:

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