Caso Paloma Angélica Escobar Ledezma

En el Caso de Paloma, la CMDPDHJusticia para Nuestras HijasCentro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chihuahua, hemos asumido la representación de las víctimas.

El sábado 2 de marzo de 2002 en la Ciudad de Chihuahua, Paloma Escobar, de 16 años de edad, salió de su casa a las 15:15 horas rumbo a sus clases de computación en la escuela ECCO, donde también estudiaba la preparatoria, y ya no regresó. Ese mismo día, al ver que Paloma tardaba tanto en llegar, su madre, Norma Ledezma inició la búsqueda de la menor entre sus amigos y amigas, así como en diferentes instituciones gubernamentales. Al acudir a la escuela, se le informó que Paloma sí había asistido a clases y que había salido de acuerdo a su horario.

El 3 de marzo Norma interpuso una denuncia por la desaparición de Paloma ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, la cual dio inicio a una averiguación previa en la Oficina de Averiguaciones Previas y de Conciliación y Servicio Social, quien la transmitió a la jefa del Grupo Especial de Delitos Sexuales y Contra la Familia de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua.

El 29 de marzo de 2002 el cuerpo de Paloma Escobar Ledezma fue hallado en los alrededores de la carretera Chihuahua-Ciudad Aldama. El dictamen pericial concluye, entre otras cosas, que se investiga una muerte violenta con características de homicidio doloso.  Asimismo, afirman que al efectuar la necropsia, el médico legalista encontró contusiones equimóticas localizadas en la cara antero-externa del hemotórax izquierdo, y en la región dorsal del hemotórax derecho; luxación cervical a nivel C2 y C3, y concluyó que la causa de la muerte fue una luxación en la columna vertebral. Destacan que al momento del levantamiento del cadáver la menor portaba tres pantaletas mal colocadas, lo cual les llevó a presumir que además de la agresión física, la menor sufrió agresión sexual.

En la averiguación previa se han realizado diversas diligencias pero hasta la fecha no ha sido resuelta por la fiscalía correspondiente, además a lo largo del procedimiento se han observado graves deficiencias en la investigación del caso. Las investigaciones han excedido el plazo considerado razonable, dicho retraso en la investigación se generó por obstáculos imputables a las autoridades estatales, como la siembra de una evidencia por parte de la comandante Gloria Cobos, entonces jefa del Grupo Especial de la Policía Judicial mencionado.

El caso de la Paloma Escobar se circunscribe a un patrón sistemático, tolerado por agentes del Estado, que nulifica la posibilidad de revolver el caso con los recursos judiciales del orden interno; el Estado faltó a su deber de adoptar medidas adecuadas para prevenir estos asesinatos al no proteger a las víctimas en vista de las graves amenazas y los tangibles avisos de riesgo de repetición; aunado a ello, el Estado no ha respondido al asesinato con la debida seriedad, celeridad y diligencia para investigar, procesar y sancionar a los responsables, lo cual paralelamente afecta el derecho a la verdad de los familiares de la víctima y de la sociedad en general.

Las irregularidades y la falta de investigación en este caso forman parte de un panorama general de discriminación ejercida en contra de las mujeres y niñas en el estado de Chihuahua. El caso evidencia un trato discriminatorio en razón del género, en torno a la actuación de las autoridades que dieron importancia a diligencias de carácter hostil hacia la culpabilidad de la propia familia, u otras orientadas hacia la “conducta moral” de la menor, por ejemplo la conducta que pudo haber tenido con su novio.

Los hechos fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 30 de diciembre de 2003 por violaciones a diferentes artículos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, el caso fue admitido por dicho organismo internacional el 14 de marzo de 2006, mediante el Informe de admisibilidad N° 32/06, en el cual se alega la presunta violación a diversos derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Resumen

El Estado mexicano, en perjuicio de Paloma Angélica Escobar Ledezma, es responsable por la violación de los derechos a la vida (artículo 4), a la integridad (artículo 5), a la libertad y seguridad personales (artículo 7) y a la protección de la honra y la dignidad (artículo 11) reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, toda vez que falló con su deber de garantía (artículo 1.1) al no adoptar medidas adecuadas para prevenir la violencia contra las mujeres (artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) a pesar de existir antecedentes que prueban que el Estado mexicano debía atenderla y prevenirla; aunado a la protección especial que debía garantizar por su condición de niña (artículo 19).

Por otro lado, el Estado es responsable directo por la violación de otros derechos humanos, reconocidos en la Convención Americana. Debido al tratamiento negligente que las autoridades han dado los familiares de Paloma en el proceso de búsqueda de justicia, el Estado también ha vulnerado en su perjuicio el derecho a la integridad personal. Asimismo, los derechos a las garantías judiciales y al debido proceso (artículo 8), a la igual protección de la ley (artículo 24) y el derecho a la protección judicial (artículo 25) se vieron vulnerados en perjuicio de Paloma y sus familiares, debido a las múltiples irregularidades y negligencia por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia.


 

Artículos afectados en el caso

Convención Americana de Derechos Humanos -ratificada por México desde marzo de 1981:

Artículo 1.1. Obligación de respetar los Derechos:

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

 

Artículo 4. Derecho a la vida:

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.  Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos.  No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

 

Artículo 5. Derecho a la integridad personal:

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias

excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no

condenadas.

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

 

Artículo 7. Derecho a la libertad personal:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

 

Artículo 8. Garantías judiciales:

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

 

Artículo 11. Derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad:

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

 

Artículo 17. Derecho a la protección de la familia:

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.  En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

 

Artículo 19. Derechos del niño:

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

 

Artículo 24. Derecho a la igual protección de la ley:

Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

 

Artículo 25. Derecho a la protección judicial:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará”-ratificada por México el 12 de noviembre de 1998.

Artículo 7. Deberes de los Estados:

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.


Cuando se trabaja con fenómenos como el feminicidio, estamos frente a hechos sin lugar a duda traumáticos, cuyos efectos en los familiares de las víctimas entran en relación dialéctica con la sociedad que los produce, y cuyo pronóstico depende en gran medida de la respuesta que la sociedad y sus instituciones dan a esta problemática.

De hecho, la comprensión de esta problemática se dificulta por la naturalización de la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad, e incluso por la legitimidad que encuentra la violencia sexual, vg. la concepción que se tiene de que la sexualidad masculina es un impulso incontrolable. Mientas la violencia de género es invisibilizada, el feminicidio es visibilizado por los medios de comunicación, la mayor parte de las veces con un enfoque amarillista que presenta detalles innecesarios sobre la violencia cometida contra la víctima. Así, el feminicidio es abordado como un hecho aislado: actos terribles producto de enfermos mentales.

Este quiebre entre los marcos conceptuales con los que explicamos nuestra experiencia cotidiana y la violencia extrema contra las mujeres es uno de los obstáculos para la elaboración a nivel psicológico de víctimas y familiares del hecho traumático, pero además este enfoque impide la adopción de medidas y políticas públicas eficaces en contra de la violencia de género y del feminicidio.

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