Caso Tlaxcala

En el caso de la detención arbitraria y tortura de Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, Sergio Rodríguez Rosas, José María Cirilo Ramos Tenorio y Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el Comité Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) asumimos la representación legal de las víctimas.

Resumen del Caso

Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, Sergio Rodríguez Rosas, José María Cirilo Ramos Tenorio, Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra[1], fueron detenidas de forma arbitraria el 13 de agosto de 2002 por la mañana, ellos fueron sometidos a torturas, con el fin de que se declararan culpables del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, además les fue sembrada droga para agravar su situación jurídica y justificar una detención por flagrancia.

La detención fue realizada por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE), en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR). La PGJE solicitó la colaboración de la PGR para realizar las detenciones, mediante oficio número 697/2002 que tenía una vigencia de 15 días naturales a partir de su expedición el día 27 de julio de 2002; sin embargo, las órdenes de comparecencia se ejecutaron el 13 de agosto de 2002, fuera del término legal que feneció el 10 de agosto de 2002.

Las cinco personas fueron detenidas y trasladadas a la PGJE, lugar en donde las obligaron, mediante torturas, a inculparse en hechos en los que no participaron, así como a generar pruebas que los inculparan en la realización de secuestros, tales como grabaciones de voz. Las torturas, entre otros consistieron en: golpes en diferentes partes del cuerpo, toques eléctricos, ahogamiento con agua y con bolsas de plástico, introducir refresco de Tehuacán en sus fosas nasales, vendarlos como momia y someterlos a golpes.

Asimismo, fueron presentados ante la autoridad competente y en una rueda de prensa en la que los exhibieron como peligrosos delincuentes hasta las 18:00 horas, aproximadamente, del día 13 de agosto del 2002. Esto “no sólo constituye una violación flagrante al debido proceso legal y del principio de presunción de inocencia, sino que además constituye un trato degradante al imponer a los detenidos, sin juicio alguno, una sanción que, además no está prevista en la ley.”[2]

[1] Hugo Rodríguez Salvatierra fue detenido en esa misma fecha y puesto en libertad el 28 de noviembre de 2005, tras no encontrarse cargos en su contra.
[2] Informe sobre México del Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles inhumanos o degradantes (SPT). 27 de mayo de 2009.  Párrafo 107.

Sobre el proceso de investigación de la tortura

El 27 de septiembre de 2004 se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH), por las irregularidades en la averiguación previa 218/2004/TLAX-2. La CDHE advierte de sus investigaciones que la Averiguación Previa aún no se había integrado y no se había tomado la ratificación de la denuncia a los agraviados.

La CEDH con base en los certificados médicos realizados por peritos médicos de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) reconoció la presencia de lesiones físicas en algunas de las víctimas, sin embargo no realizó estudios médicos psicológicos para comprobar posibles hechos de tortura.

Emitió la recomendación 18/2006 en la que exhortó a la PGJE a que se subsanen las irregularidades en la averiguación previa, practicándose las diligencias que se estimen pertinentes y se determine conforme a derecho corresponda; así mismo, recomienda se tomen en cuenta los criterios de la CEDH al momento de determinar la Averiguación Previa.

Con motivo del inicio de la queja, se inicia la Averiguación Previa no. 218/2004/TLAX-2, por el delito de abuso de autoridad. Dentro de dicha averiguación, los CC. Damián Ortega Rubio, José de Jesús Lima Zárate y Faustino J. Méndez Alcotzi, Agentes de la Policía Ministerial del Estado, asistidos por el defensor de oficio Lic. Héctor Suárez Bocardo, rinden sus declaraciones el 23 y 27 de febrero de 2004, respectivamente, ante el Lic. José Eduardo Sánchez Calderón. En estas declaraciones manifiestan que en ningún  momento torturaron o lesionaron a ninguna de las personas puestas a disposición; sin embargo las declaraciones contienen varias contradicciones.

En este sentido no se procedió a investigar la tortura de acuerdo a  la Ley Especial del Estado de Tlaxcala para Prevenir y Sancionar la Tortura, incumpliéndose con lo señalado en 2002 por el entonces Relator contra la tortura, Theo van Boven, recomendando a los Estados que “el derecho interno debería recoger y tipificar la tortura como un delito de máxima gravedad”.

El 18 de junio de 2004, se emite un oficio de determinación de la indagatoria 218/2004/TLAX-2 radicada por el delito de abuso de autoridad por la que el Agente del MP, Lic. José Eduardo Sánchez Calderón, no ejercita acción penal persecutoria en razón de que los hechos denunciados no reúnen el cuerpo del delito, esto sin haber aplicado el Protocolo de Estambul y sin tomar en cuenta las recomendaciones de la CEDH.

El 26 de agosto de 2004, se dicta un acuerdo mediante el cual el Lic. José Eduardo Sánchez Calderón, Agente del MP, tiene por recibido oficio de fecha 18 de agosto de 2004, suscrito por el Lic. Javier Caporal Rodríguez, mediante el cual informa que no es procedente la opinión fundada de la indagatoria 218/2004/TLAX-2, en razón de que omitió practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, entre estas diligencias se destaca la necesidad de la aplicación del Protocolo de Estambul.

El 9 de octubre de 2008 el agente del ministerio público encargado de la investigación remite al jefe de la Unidad Jurídica de la PGJE un oficio para el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo de la misma. El 10 de noviembre de 2008, se devuelve la averiguación previa en virtud de que no había sido aplicado el  Protocolo de Estambul y se instruye al agente encargado de la investigación a que en un término de 8 días emita una nueva resolución, so pena de dar vista al Órgano Interno de Control de la PGJE.

Hasta la fecha, a pesar del acuerdo anterior y las solicitudes que han hecho los denunciantes y las organizaciones que los acompañamos, sobre la aplicación del Protocolo de Estambul, por peritos independientes, este no ha sido acordado. De igual forma, la PGJE  no ha ordenado la aplicación del peritaje. Es importante mencionar que continuamente el agente del ministerio público encargado del trámite de la averiguación previa es sustituido, lo cual retrasa aún más el trámite de la averiguación.

El día 8 de julio de 2010, se sostuvo una reunión con motivo del seguimiento al cumplimiento de la recomendación 18/2006, emitida por la CEDH, y aceptada por la Procuraduría Estatal. A dicha reunión asistimos: el Lic. Víctor Alejandro Rosana, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala; Germán García Montealegre, director jurídico de la PGJE; Pedro Flores Vásquez, Procurador General de Justicia del Estado; familiares de las víctimas; Lic. Enrique Rivero Leyva, abogado de las víctimas; Lucía Chávez Vargas y Humberto Guerrero Rosales, abogados de la CMDPDH y representantes de las víctimas.

Con motivo de la reunión, se acordó que el 14 de julio nos darían una respuesta sobre nuestra solicitud de aplicar un peritaje independiente del Protocolo de Estambul, situación que hasta la fecha no ha ocurrido. Cabe señalar que el Procurador, Pedro Flores, se negó a que se elaborara una minuta de la reunión, asegurando que los acuerdos se cumplirían “sin necesidad de papeleos”, a pesar de la insistencia de las organizaciones y los familiares de las víctimas para elaborar la minuta.

En dicha reunión las autoridades de la Procuraduría del estado, entregaron a los abogados de la CMDPDH un formato con el cual aplicarían el Protocolo de Estambul, sin embargo dicho documento no reúne los requisitos mínimos necesarios para evaluar el impacto psicológico de presuntos actos de tortura.

El 14 de septiembre de 2010, abogados de la CMDPDH acudimos a la PGJE a fin de revisar los avances en la averiguación previa; el Lic. Víctor Sánchez Flores, encargado del trámite de la averiguación previa, manifestó a los abogados que en el transcurso de la semana, daría una respuesta sobre la aplicación de los peritajes, cosa que no ocurrió.

 

Acciones a nivel internacional

Se presentó el caso al Relator sobre la cuestión de la tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez (15 de diciembre de 2010). La Organización Mundial Contra la Torutra envío una carta a los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito de Tlaxcala (18 de febrero de 2011)



Después de la detención arbitraria y del sometimiento a torturas, se les dictó auto de formal prisión y se les sometió a proceso. Se interpuso en 2005 un incidente, como resultado de este Hugo Rodríguez Salvatierra queda libre, tras ocho meses en prisión.

Sin embargo, con pruebas fabricadas por agentes de la PGJE y sin la correcta valoración de las pruebas que ofrecieron los procesados, además, sin tomar en cuenta sus declaraciones preparatorias en las cuales manifiestan haber sido sometidos a tortura y con versiones contradictorias sobre los hechos por parte de los agentes aprehensores, las otras cinco personas, fueron sentenciados el día 25 de marzo de 2008, con una sentencia de sesenta años de prisión y dieciséis mil cuatrocientos treinta y siete días de multa a cada uno, equivalente a $663,232.95. Además, se les condenó a la reparación del daño material por el supuesto delito de secuestro.

Actualmente, Sergio Rodríguez Rosas y José María Cirilo Ramos Tenorio permanecen en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en la ciudad de México, Distrito Federal. Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño y Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, permanecieron en el Reclusorio Sur  hasta el día 27 de julio de 2010 a las 4:00 horas cuando, en un operativo a gran escala ordenado por el Gobierno del Distrito Federal, fueron trasladados al Centro de Readaptación Social de Perote, Veracruz,  sufriendo tratos crueles durante el traslado, ya que durante seis horas aproximadamente que duró el traslado, se les obligó a permanecer sentados con la cabeza agachada hasta las rodillas.

Cabe señalar que el Centro de Readaptación Social de Perote, Veracruz, es para delincuentes de “alta peligrosidad”; los trasladados a dicho penal fueron señalados por los medios de comunicación como internos con perfiles de riesgo institucional, con alta capacidad financiera, de planeación, organización y ejecución delictiva; con antecedentes de vida en reclusión negativa, inadaptables y refractarios al tratamiento, o que lideraban bandas de secuestro o extorsión vía telefónica. Las condiciones en el penal de Perote, Veracruz, han causado sufrimiento adicional a las víctimas de la tortura, entre otras cosas que agravan su sufrimiento, podemos mencionar que, sólo se les permite tener visitas cada quince días, no se les permite tener hojas ni bolígrafo o material para escribir, sólo se les permiten diez minutos para ingerir sus alimentos y no pueden guardar nada.

El martes 16 de noviembre de 2010, se presentó un amparo directo, alegando todas las violaciones al debido proceso que existieron desde la detención de las personas que nos referimos.

 

 Hechos

1)      Jorge Hernández Mora y Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño

El día 13 de agosto de 2002 fue detenido el señor Jorge Hernández Mora en Ecatepec, Estado de México, por elementos de la Policía Ministerial de la PGJE de Tlaxcala con lujo de violencia, sin identificarse y sin mediar orden de aprehensión o presentación.

La hermana de Jorge Hernández, Marisol Hernández Mora y su novio Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, tuvieron noticia de la detención por información de un vecino. Al llegar al lugar de la detención, solicitaron a los policías acompañar Jorge Hernández Mora al lugar al que lo llevaran; a Marisol Hernández la subieron en un Tsuru blanco y a su novio Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño lo subieron en un Sentra rojo. Los elementos aprehensores, manifestaron que los iban a trasladar a la PGR pero fueron trasladados a la PGJE del estado de Tlaxcala.

En dicho lugar Marisol Hernández estuvo detenida por espacio de 13 horas, la acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores, le tomaron video, fotos en diferentes posiciones, la interrogaron, la obligaron a leer un texto que, ella menciona, contenía varias groserías. Además la quisieron forzar a desvestirse para hacerle un examen médico. Posteriormente, la dejaron libre.

Mario Almanza al igual que Jorge Hernández, antes de ser puestos a disposición del ministerio público del fuero común, fueron torturados para que aceptaran ser responsables del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, en agravio de Rafael Armas Luna e Irma Rugerio Pérez; además, se les acusó por el delito de posesión de droga. Ellos manifiestan haber sido sometidos a diferentes pruebas de grabación de voz en las que los obligaron, en repetidas ocasiones, a leer mensajes que los agentes aprehensores les señalaban. Así mismo, manifiestan que al momento de la detención les sembraron droga, esto, para justificar una detención por flagrancia.

2)      José María Cirilo Ramos Tenorio

Fue detenido el día 13 de agosto de 2002, aproximadamente a las 10:00 horas al salir de su trabajo en la Delegación Gustavo A Madero, al norte del la ciudad de México; fue detenido cuando se dirigía a un laboratorio médico a realizarse unos estudios. El viajaba a bordo de un taxi de su propiedad y en forma repentina un vehículo de color rojo se atravesó por el frente de su vehículo  propiciando que se orillara, del vehículo se bajaron tres personas del sexo masculino que, sin identificarse, lo bajaron sujetándolo de los cabellos y lo  subieron en el vehículo en el que ellos viajaban. Posteriormente, lo cambiaron de ese vehículo a una camioneta en la que lo llevaron a la PGJE de Tlaxcala. Durante el trayecto, lo interrogaron sobre sus actividades; lego volvieron a cambiarlo de  vehículo y ahí se dio cuenta que en ese otro vehículo llevaban al señor Sergio Rodríguez Rosas.

Los policías, por medio de torturas, lo obligaron  a leer en voz alta un texto en donde el mencionaba que se solicitaba un rescate, mientras los agentes aprehensores grababan tales manifestaciones.

Posteriormente fue presentado en una rueda de prensa como integrante de una banda de secuestradores. Momentos después, manifiesta, que le obligaron a firmaron unas hojas. Finalmente, lo llevaron a una diligencia, con las víctimas de secuestro, en donde estuvo acompañado de cuatro agentes haciendo una fila de cinco personas y le dijeron a las víctimas de secuestro que en caso de que reconocieran a sus secuestradores los tocaran con la mano, ellos no reconocieron a nadie; sin embargo, el señor José María Cirilo Ramos fue procesado y sentenciado, acusado de secuestro y posesión de drogas.

3)      Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra

Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra fue detenido aproximadamente a las 8:00 horas cuando se encontraba en compañía de su novia en la estación del metro Tecnológico, en la Ciudad de México. La detención fue realizada por elementos de la PGR quienes se identificaron y le mostraron una orden de comparecencia para que se presentara, en calidad de testigo, en la PGJE de Tlaxcala.

Fue trasladado a las instalaciones de la PGJE de Tlaxcala, lugar en el que fue torturado. Las torturas consistieron entre otros en insultos, le decían que “ya se lo había cargado la chingada”; posteriormente, lo desvistieron, le vendaron los ojos y lo acostaron en un colchón; se sentaron varios individuos en su cuerpo y piernas, al grado de no dejarlo respirar y le echaron en  la nariz 4 ó 5 refrescos de Tehuacán; todas estas torturas tenían como propósito que se declarara culpable del secuestro de un niño. Los torturadores le mencionaban que no les importaba que se muriera porque contaban con el apoyo del gobierno federal. Lo mojaron y lo amenazaban con aplicarle toques eléctricos en los testículos si no cooperaba; lo que, manifiesta la víctima, provocaba que se pusiera histérico y comenzara a gritar, mientras sus torturadores se reían de él.

Finalmente, después de firmar unos documentos, fue presentado junto con las otras cinco personas en una rueda de prensa como integrante de una banda de secuestradores.

4)      Hugo Rodríguez Salvatierra y Sergio Rodríguez Rosas

Hugo Rodríguez Salvatierra, fue detenido aproximadamente a las 9:30 horas del 13 de agosto de 2002 junto con su padre, Sergio Rodríguez Rosas, al dirigirse al estado de Tlaxcala para informarse sobre la situación jurídica de Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, hermano e hijo de los anteriores, respectivamente. La detención fue realizada por elementos de la PGJE. Hugo y Sergio Rodríguez, fueron interceptados al ir circulando sobre la vía Morelos en el Estado de México, los subieron a una camioneta tipo Van y los encapucharon.

Al preguntar ellos el motivo de la detención, los agentes aprehensores manifestaron que se los dirían hasta que llegaran a sus oficinas en el estado de Tlaxcala. Al llegar, Hugo Rodríguez y Sergio Rodríguez, fueron conducidos a otro vehículo en donde junto con Oswaldo Rodríguez fueron trasladados a la PGJE de Tlaxcala, lugar en que los confrontaron con  unas personas que afirman no conocían.

Por medio de torturas, les hicieron firmar y poner su huella digital en una declaración prefabricada que no les permitieron leer, en la que con posterioridad, supieron que los acusan de secuestro y posesión de droga.

José Amelco Hernández y Damián Ortega Rubio, comandante y policía ministerial, respectivamente.

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