Caso Tlaxcala

El Caso Tlaxcala se caracteriza por ser profundamente ilustrativo de la histórica crisis de fabricación de culpables en México. En agosto del 2002, en el Estado de México y el Distrito Federal, agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, vestidos de civil, a bordo de vehículos no balizados, y fuera del área territorial de su competencia, detuvieron arbitrariamente a Jorge, Mario, Sergio, Hugo, José María, y Oswaldo.

Para agravar su situación jurídica y justificar una detención en flagrancia, los agentes tlaxcaltecas sembraron droga a las víctimas. La verdad oficial del caso sostiene que los agentes encontraron a las víctimas en posesión de cocaína, por lo que procedieron a arrestarlos bajo el supuesto de flagrancia. Esta versión fue desacreditada, y las víctimas fueron absueltas de cualquier responsabilidad respecto de delitos contra la salud; de esta manera, se evidencia que la detención fue ilegal y arbitraria.

Ficha del caso

En pleno auge de nuestra supuesta transición a la democracia, los agentes del Estado a quienes se les encomienda el resguardo de nuestra seguridad e integridad golpearon brutalmente y torturaron a las víctimas durante un traslado ilegal a la Procuraduría tlaxcalteca.

Un peritaje independiente encontró que, una vez que las víctimas llegaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, estos volvieron a ser torturados. Ellos fueron sometidos a descargas eléctricas en los genitales, momificación en vida, simulacros de ahogamiento, sofocamiento, golpizas hasta el cansancio de los torturadores, desnudos forzados, amenazas de abuso sexual, posiciones forzadas, entre otras conductas prohibidas.

Tras el uso abusivo y arbitrario de la fuerza pública, las víctimas fueron obligadas a grabar un mensaje autoincriminatorio, y fueron presentados en una aparatosa rueda de prensa como integrantes de una banda de secuestradores que operaba en el Estado de Tlaxcala. Así, las víctimas fueron sometidas a un tribunal paralelo, en donde se fabricó su culpabilidad, y se hirió su integridad e imagen ante la sociedad.

Las víctimas fueron condenadas a purgar una condena que, en la práctica, es perpetua. Con el beneplácito del Poder Judicial de la Federación, se les ha condenado ya incluso en la segunda instancia de una reposición de procedimiento lograda después de años de litigio, a pesar de que su defensa penal ha sido intachable, y aun frente a evidencia apabullante sobre su inocencia. Por un delito que no cometieron, las víctimas llevan cerca de dos décadas privados injustamente de su libertad, lejos de sus familias. El abuso del poder político les frustró sus sueños, aspiraciones, y proyectos de vida.

Una década después de su detención, en octubre de 2013, una de las víctimas falleció en custodia del Estado después de un grave deterioro de salud causado por la tortura que le fue infringida. De esta manera, las autoridades del Estado mexicano no solo son responsables de tortura y detención arbitraria, sino también de ejecución arbitraria. 

En distintos momentos procesales, dos de las víctimas fueron puestas en libertad bajo tecnicismos legales, y solo después de una incansable batalla legal. Sin embargo, a más de diecisiete años, tres personas siguen privadas de su libertad por un delito que no cometieron, esperando justicia.

La Procuraduría de Tlaxcala desplegó todo su aparato institucional para acusar a personas inocentes por delitos que no cometieron, con el objetivo de que pudieran mostrarse ante la sociedad como una institución capaz de hacerle frente a la crisis de inseguridad. A diecisiete años, el Estado ha sido incapaz de resolver la situación de las víctimas del abuso del ius puniendi; y, así, se hace evidente que el Poder Judicial Federal ha fallado, sistemática y reiteradamente, en su obligación de impartir justicia. El Caso Tlaxcala revela que la ‘transformación del Poder Judicial federal’ anunciada por el Ministro Arturo Zaldívar requiere mucho más que una nueva retórica acompañada de medidas de corto alcance.

En estos años, la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala tampoco ha investigado las denuncias de tortura que han interpuesto los familiares de las víctimas. Por el contrario, ha desplegado diversos esfuerzos para litigar en contra de las pocas victorias que han obtenido las víctimas y su equipo legal con tal de no hacer su trabajo.

El contexto de los crímenes de Estado en Tlaxcala

Investigaciones realizadas por esta CMDPDH revelaron que la detención de las víctimas del caso en comento se dio en un contexto de pugna pública entre las más altas esferas del poder político, el sector empresarial, y el Clero del Estado de Tlaxcala. Meses antes de la detención de los hoy procesados, El Sol de Tlaxcala y otros medios locales publicaron notas en las que se señalaba que distintos empresarios locales iniciarían una campaña en contra del secuestro en Tlaxcala. 

La cruzada anunciada por el empresariado local, dio origen a un clima de animadversión y confrontaciones abiertas entre el poder político y el poder económico: la Iniciativa Privada tlaxcalteca exigió, a través de sus recursos disponibles en medios de comunicación, endurecer las medidas de seguridad para evitar secuestros, a lo que las autoridades locales respondieron con enojo e indignación.

Meses después, en junio de 2001, los empresarios tlaxcaltecas denunciaron públicamente que temían por su seguridad, en tanto se estaba cometiendo un secuestro por semana en la entidad tlaxcalteca, y señalaban no tener confianza en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, por lo que buscaban que se involucraran autoridades federales.

De esta manera, el confrontamiento entre el poder político y económico tlaxcalteca llegó a involucrar, incluso, al entonces Gobernador del Estado de Tlaxcala –Alfonso Sánchez Anaya– quien calificó de irresponsables las declaraciones de los empresarios, señalando que las mismas solo tenían por objeto decir que en Tlaxcala no hay acciones para hacer frente a la inseguridad.

El enfrentamiento llegó a tal nivel que el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala anunció que interpondría una denuncia por difamación, en contra de uno de los empresarios que señaló las deficiencias de la PGJET en la investigación de los secuestros en Tlaxcala. Las presiones sociales por la oleada de secuestros, detonó una discusión sobre la necesidad de legislar a favor de la imposición de cadena perpetua en contra de secuestradores, misma que fue públicamente apoyada por el Obispo local en la primera plana de la edición del 28 de junio de 2001 en El Sol de Tlaxcala.

Eventualmente, la presión del sector empresarial tlaxcalteca hizo que el gobierno local cediera ante las exigencias. Sin embargo, y como es común en México, el Gobierno de Tlaxcala no tomó medidas para fortalecer sus capacidades de prevención e investigación de los delitos, sino que adopó un plan o política de Estado para fabricar culpables, por lo que comenzó a detener y procesar a personas inocentes que, presuntamente, habían cometido el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. 

A partir de la confronta, los casos de detención arbitraria, tortura, y fabricación de culpables comenzaron a detonarse a lo largo y ancho del territorio tlaxcalteca, en tanto sus autoridades buscaban evitar que se presentara a “Tlaxcala como cuna de secuestradores y con ello manchar el esfuerzo de la autoridad”.

Contexto de violaciones graves a derechos humanos en México, durante el gobierno de Vicente Fox

Existe la creencia de que la oleada de graves violaciones a derechos humanos en México comenzó con el arranque de la guerra de Felipe Calderón. Si bien es cierto que, a partir de sus acciones bélicas, se disparó de manera desproporcionada la comisión de violaciones graves y crímenes atroces, ello no significa que previo a su sexenio nuestro país viviera en un clima libre de violaciones contra la integridad física.

En el año en que las víctimas del Caso Tlaxcala fueron arbitrariamente detenidos, el contexto que se vivía en el país se caracterizó por haber tenido serios problemas de derechos humanos: “[l]a policía, en algunas ocasiones, torturaron personas para obtener información. Los fiscales usaron esta evidencia en los tribunales, y las cortes continuaron admitiendo como evidencia a las confesiones arrancadas con tortura. Hubo casos de tortura policial de sujetos en custodia que terminaron muertos. La impunidad se mantuvo como un problema entre las fuerzas de seguridad, aunque el Gobierno continuó sancionando oficiales públicos, oficiales de policía, e integrantes del Ejército. Una corrupción generalizada y el supuesto involucramiento de la policía en delitos contra la salud continuaron.” (U.S. State Department)

Asimismo, “[l]a policía continúo arrestando y deteniendo ciudadanos arbtirariamente. La detención preventiva prologanda, falta de debido proceso, así como ineficiencia judicial y corrupción persistieron”. (U.S. State Department). En el mismo sentido, “las autoridades raramente castigaron a oficiales por cometer tortura, misma que continua ocurriendo en buena medida porque las confesiones son la evidencia primaria en muchas sentencias penales. Muchos grupos de derechos humanos vinculan a la tortura con la prevalencia de detenciones arbitrarias y argumentan que la tortura frecuentemente sucede a un arresto arbitrario, algunas veces sin una orden, en tanto la policía y los fiscales intentaron justificar al asegurar una confesión […]”. (U.S. State Department)

La Escala de Terror Político (Political Terror Scale), misma que cuantifica anualmente los niveles de violencia política que experimenta la población de un país, con base en una escala que va del 1 (representando un nivel bajo) al 5 (representando un nivel muy alto) sostuvo que, en los años que comprendieron el contexto en el que se desenvolvió la detención y tortura de los hoy procesados; es decir, entre el año 2000 y el 2003, fueron todos calificados, por la Escala de Terror Político, con un nivel 3 de terror político; lo anterior, significa que “[h]ay un extenso encarcelamiento por motivos políticos, o una historia reciente de ese tipo de encarcelamientos. Ejecuciones y otros asesinatos políticos, así como brutalidad, pueden ser comunes. Detención sin límites, con o sin juicio, por visiones políticas, es aceptada”. (Gibney, Mark, Linda Cornett, Reed Wood, Peter Haschke, and Daniel Arnon)

En el mismo sentido, el CIRI Human Rights Data Set, que “contiene información cuantitativa basada en estándares sobre el respeto de los gobiernos por una amplia gama de derechos humanos internacionalmente reconocidos [… que] mide prácticas gubernamentales de derechos humanos […]”encontró que, entre los años 2000 y 2003, la tortura se practicó en México de manera frecuente en cada uno de esos años. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, entre los años 2000 y 2003, emitió catorce recomendaciones por detención arbitraria; y nueve por tortura, de un total de treinta y siete recomendaciones emitidas durante todo ese periodo:

Fuente: datos abiertos CEDH Tlaxcala

2000

2001

2002

2003

Recomendaciones por detención  arbitraria

4

2

2

6

Recomendaciones por Tortura

1

0

2

6

Total recomendaciones emitidas ese año por la CEDH

10

10

9

8

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que –tan solo en el 2002– abrió doscientos seis expedientes de queja por detención arbitraria, y ciento setenta y siete por trato cruel o degradante. En el mismo sentido, la CNDH también señaló –en su Recomendación General Número 2–  que “las detenciones arbitrarias constituyen una práctica común de los agentes de la Policía Judicial y de los elementos que integran los diversos cuerpos policíacos”.

El contexto de arbitrariedades cometidas por las autoridades ministeriales, en contra de la población civil, se refleja en el hecho de que el pueblo mexicano le teme a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley: de acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Violencia Organizada, cerca del 67.4% de la población creen que es muy probable, o algo probable, que la policía fabrique pruebas y acusaciones falsas; mientras que el 69.4% cree que es muy probable, o algo probable, que la policía torture a una persona detenida. A la par, 50.2% estima que es muy probable, o algo probable, que ya nunca vuelvan a ver a sus familiares después de una detención:

De la misma manera, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, levantada por el INEGI, nos permite darnos una idea al respecto: a nivel nacional, 50.2% de la población que se encontró privada de la libertad durante 2016, y que rindió su declaración ante el Ministerio Público, no se declaró culpable; y hasta 46.7% de las personas que sí se declararon culpables, lo hicieron bajo algún tipo de influencia indebida. De ello se puede inferir, con un grado razonable de convencimiento, que una parte importante de la población privada de su libertad es inocente.

Cronología del caso

  • En 2001, durante meses, las investigaciones ministeriales no arrojaron ningún dato sobre los presuntos responsables.
  • El 23 de julio de 2002, ante la deficiencia de las investigaciones y la presión de las víctimas y de sus familiares, la policía ministerial finalmente elaboró un reporte con datos de un grupo de personas. El reporte fue elaborado a partir de intervenciones ilícitas de comunicaciones privadas y la fuente de la supuesta información jamás fue revelada.
  • El Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala citó, en calidad de testigos, a varias personas mencionadas en el informe de policía, entre ellos a los hoy procesados y a un menor de edad.
  • El 13 de agosto de 2002, en supuesta ejecución de una orden de comparecencia en calidad de testigos, los agentes ministeriales inventaron una flagrancia para detener a los hoy procesados. Señalaron que al haberles practicado una “revisión de seguridad”, diligencia que no podían realizar sobre su persona pues ninguno de ellos tenía el carácter de indiciado o presunto responsable sino sólo de testigo, se les había encontrado en posesión de un sobre con clorhidrato de cocaína.
  • En lugar de ser conducidos y puestos a disposición de la oficina competente más cercana de la Procuraduría General de la República en el Estado de México, entidad donde fueron detenidos, y bajo el pretexto de la flagrancia simulada, los hoy procesados fueron indebidamente trasladados y puestos a disposición de un Agente del Ministerio Público del fuero común en el Estado de Tlaxcala, incompetente para conocer de delitos contra la salud.
  • Horas más tarde, en violación al principio de presunción de inocencia, fueron expuestos ante diversos medios de comunicación como miembros de una organización delictiva.
  • Después de la rueda de prensa, el Agente del Ministerio Público de Tlaxcala encargado de las investigaciones por secuestro, aprovechó la retención indebida de los hoy procesados y fabricó una nueva serie de pruebas ilícitas para convertir inocentes en culpables. 
  • La acusación por el supuesto delito contra la salud no prosperó, en apelación los autos de prisión por ese delito fueron revocados. Es decir, ninguno de ellos fue procesado por delito contra la salud; la flagrancia sirvió como un pretexto para detenerlos, retenerlos y culpabilizarlos por los delitos de secuestro.
  • Los acusados llevan diecisiete años sometidos a proceso penal.
  • La acusación contra los procesados, por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, carece de  todo sustento y fiabilidad.
  • En 2019, un Tribunal Unitario del Primer Circuito resolvió la apelación interpuesta por los sentenciados, en donde determinó condenarlos a pena privativa de la libertad por el delito de secuestro.

 

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