Caso Verónica y Erick Razo Casales

Erick y Verónica Razo Casales fueron detenidos arbitrariamente el 8 de junio de 2011 en la Ciudad de México por elementos de la Policía Federal vestidos de civil en vehículos particulares y sin identificarse.

Erick fue detenido al mediodía en una gasolinera en las inmediaciones de la delegación Iztacalco, mientras que Verónica fue detenida una hora más tarde cerca de su casa en la colonia Doctores por siete hombres armados que portaban armas largas.  Su madre, quien fue testigo de la detención de Verónica, pensó que se trataba de un secuestro porque los policías no mostraron orden de aprehensión o presentación por lo que interpuso una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y levantó un reporte por desaparición en el servicio de “Locatel”.

Luego de la detención los trasladaron a las instalaciones de la Policía Federal. Ahí fueron torturados física, psicológica y sexualmente. Los obligaron a firmar declaraciones falsas en la que aceptaban pertenecer a una banda dedicada al secuestro. También señalaron a personas que no conocían como responsables de dos supuestos secuestros.

El 9 de junio, casi 24 horas después de su detención, fueron presentados ante un Agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República donde rindieron su declaración sin presencia de un abogado e  inculpándose por los delitos.

De acuerdo al oficio en donde los policías presentaron a los hermanos Razo ante el MP, los dos fueron detenidos el 9 de junio a las 8:30 horas en compañía de otras 6 personas como consecuencia de una llamada anónima recibida ese mismo día por la madrugada, en la que denunciaban que una presunta banda de secuestradores se reuniría para planear un supuesto secuestro en una hora en la que Verónica y Erick ya se encontraban detenidos.

El 12 de junio de 2011 se decretó una orden de arraigo por el término de 80 días y el 15 de agosto ambos fueron llevados a prisión bajo la causa penal 57/2011 ante el Juzgado 8° de Distrito en el Estado de México acusados del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro y delincuencia organizada.

Actualmente el proceso penal en contra de los hermanos Razo sigue abierto en espera de que se dicte sentencia y se determinen las múltiples violaciones procesales y de derechos humanos que han sido la causa de su prisión

El 11 de junio de 2011 la madre de Verónica y Erick presentó una denuncia penal por la privación ilegal de la libertad de sus hijos, seguida de su incomunicación y tortura. Esta denuncia fue turnada a la Unidad Especializada en Investigación del delito de Tortura de la Procuraduría General de la República con el número de averiguación previa 279/UEIDAPLE/LE/2011; como parte de las investigaciones se les ha practicado el Dictamen Médico Psicológico conocido como Protocolo de Estambul, en el que se concluyó que los hermanos Razo Casales presentan síntomas relativos al estrés postraumático identificado en sobrevivientes de tortura.

En septiembre de 2016, la Ministerio Público a cargo de la investigación solicitó el Poder Judicial la consignación de uno de los policías federales identificados por Verónica como responsable de la tortura sexual cometida en su contra. La consignación fue turnada al Juzgado Octavo del Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México bajo el expediente de la causa penal 46/2016; sin embargo, el Juez de Distrito negó la solicitud de orden de aprehensión.

Esta determinación fue apelada por la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, al considerar que dentro de la averiguación previa se encontraban elementos de prueba suficientes para emitir la orden de aprehensión en contra del policía responsable. El recurso de apelación recayó en el Sexto Tribunal unitario en Materia Penal del Primer Circuito bajo el número penal 289/2046 y se encuentra pendiente de resolución.

Desde el 11 de junio de 2011 la madre de los hermanos Razo presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por privación ilegal y arbitraria de la libertad, incomunicación, así como tortura física, psicológica y sexual. La queja fue cerrada en 2013 porque consideraron que no existían elementos suficientes para declarar las violaciones a los derechos humanos de Verónica y Erick; sin embargo, fue reabierta a principios de 2015 bajo el número de expediente CNDH/2015/885/Q luego de que se solicitó la reapertura de queja porque se aportaron nuevas pruebas generadas en la investigación penal que acreditaban que ambos hermanos presentaban signos de estrés postraumático en sobrevivientes de tortura.

Acciones legales internas

El 9 de Junio de 2011,  a las 00:43 horas, Austreberta Casales Salinas, en representación de los CC. Erick Iván Razo Casales y Verónica Razo Casales, presentó una denuncia de hechos por el Delito de Privación de la Libertad Personal cometido en Agravio de Verónica Razo Casales con la Unidad de Investigación No. 3, Tercer Turno, de la Agencia Investigadora del Ministerio Publico B, de la Fiscalía Especializada de Investigación para Servidores Públicos. La denuncia fue en contra de quien o quienes resultaron responsables por el delito.

Austreberta Casales Salinas interpuso un amparo 566/2011-II del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, en la cual denuncia la detención arbitraria de Verónica y Erick Razo Casales. El 12 de junio de 2011, el Lic. Antonio Gonzales García, Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, decretó la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, torturas, amenazas, y golpes, así como respecto de cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. También declaró que si ratificaba la demanda de garantías promovida, y decidió que el actuario judicial adscrito debería cerciorarse del estado físico de los directamente quejosos. A fin de dar cumplimiento al proveído, el señor y la señora Razo Casales fueron examinados el 12 de junio de 2011 por la Lic. Luz María Pérez Ávila, quien dio fe al estado físico de los quejosos.

Austreberta Casales Salinas presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra de la Administración de justicia, de la PGR (Actualmente, Dirección General de Delitos Cometidos por Públicos de la PGR [Leyes Especiales]): Averiguación Previa: 264/AP/DGDCSPI/2011 y 299/AP/DGDCSPI/2011.

Austreberta Casales Salinas presentó una denuncia ante el C. Agente del Ministerio Público Federal, Unidad Especializada de Investigación de Delitos Ambientales y Previstos en Leyes Especiales: Averiguación Previa 279/UEIDAPLE/LE/19/2011.

Austreberta Casales Salinas presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con Número de Folio 49295, Denuncia Promovida en fecha 16 de junio de 2011.

A la fecha, la señora Casales Salinas no ha recibido respuesta alguna en relación con estas denuncias.

Acciones a nivel internacional

Se presentó una comunicación al Relator sobre la cuestión de la Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez el día 06 de agosto de 2013.

En el caso de los Hermanos Razo Casales, el Estado Mexicano es responsable por la violación del derecho a las debidas garantías judiciales y al debido proceso (artículo 8), a la integridad personal (artículo 5), a la libertad y seguridad personales (artículo 7), y a la protección judicial (artículo 25), derechos que figuran en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por México el 2 de marzo de 1981.

Asimismo, se vulneraron los artículos 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificada por México el 11 de febrero de 1987.

A su vez, en el caso de Verónica en lo que se refiere a la violencia sexual que sufrió en manos de agentes federales, el artículo 7.a de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belem Do Para, ratificada por México el 23 de noviembre de 1998.

El hecho de haber sido torturados y haber tomado en consideración una confesión obtenida bajo esta circunstancia, y haberles tomado su declaración sin presencia de un defensor, y tienen en su contra pruebas endebles, son actos que contraviene su derecho a un debido proceso. Aunado a esto, las autoridades encargadas de ejercer la justicia no han actuado diligentemente ni en un plazo razonable pues a la fecha los agentes aprehensores y torturadores no han sido sometidos a un proceso penal continuando en total impunidad, violentando así el derecho a la protección judicial.

El Estado mexicano falló de esta forma a su obligación de garantizar los derechos de los hermanos Verónica y Erick Iván, Razo Casales, quienes siguen actualmente recluidos y en espera de su sentencia, y cuyas secuelas psicológicas de la tortura permanecen.

22 de mayo de 2014.- Caso Verónica Razo muestra práctica común de tortura sexual. Cimacnoticias

26 de febrero de 2015.- Fabricar culpables mediante tortura, práctica común de fuerzas de seguridad

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