Hermanos Razo Casales

El caso de los hermanos Razo Casales es un caso grave de violaciones a derechos  humanos, entre las que se encuentran: detención ilegal y arbitraria, tortura y violencia sexual cometida por elementos de la Policía Federal en contra de Verónica y Erick, ambos de apellidos Razo Casales. La CMDPDH acompaña el caso desde marzo del 2014. 

Erick y Verónica, Razo Casales, fueron detenidos por policías federales en diferentes lugares del Distrito Federal el día 8 de junio del 2011. Verónica fue detenida a escasas calles de su domicilio, después de dejar a su madre en su casa alrededor de las 14:00 horas, fue interceptada por siete hombres vestidos de civil que portaban armas largas, la encañonaron, la esposaron y la subieron con lujo de violencia a un automóvil sin placas oficiales, mismo que comenzó a avanzar a alta velocidad. La detención fue presenciada por vecinos quienes fueron amenazados de muerte para que no intervinieran, quienes más tarde avisaron a la señora Austreberta Casales Salinas, madre de Verónica Erick, quien supuso que su hija había sido víctima de un secuestro, por lo que desde ese momento intentó localizarla por diversos medios, entre ellos una llamada a Locatel.  Asimismo, intentó poner una denuncia por secuestro sin tener éxito alguno. No fue sino hasta las 0:43 horas del 9 de junio del mismo año que ante la insistencia de la señora Austreberta se le recibió una denuncia de hechos por el delito de privación de la libertad personal ante la Unidad de Investigación No. 3 de la Agencia Investigadora del Ministerio Público B, de la Fiscalía Especializada de Investigación para Servidores Públicos.

Por su parte, Erick Iván Razo Casales fue detenido el mismo día 8 de junio, aproximadamente a medio día, con un modus operandi similar al que fue detenida su hermana. En ningún caso los agentes que realizaron las privaciones arbitrarias de libertad  se identificaron o mostraron orden de detención alguna. A pesar de lo anterior los policías que los detuvieron declararon que habían detenido a ambos hermanos en el mismo lugar junto con diez personas más porque supuestamente tenían la intención de delinquir.

Ambos hermanos fueron trasladados a las oficinas de la Policía Federal ubicadas en calzada Legaria, en dicho lugar Verónica y Erick Iván Razo Casales fueron sujetos de tortura, intimidación e incomunicación por parte de las autoridades. Por un lado, Erick fue golpeado en distintas partes del cuerpo, electrocutado en sus genitales, sumergían su cabeza en agua y fue amenazado con la muerte de su madre y su esposa, obligándolo a declarar sobre su supuesta participación y la de su hermana en dos secuestros.

Por otra parte, al llegar a las oficinas de la Policía Federal sentaron a Verónica en una silla y le vendaron los ojos para comenzar a preguntarle sobre su persona, sus familiares y de una supuesta casa de seguridad, mientras recibía golpes en la cabeza y el estómago; posteriormente la levantaron, la desvistieron y la mojaron para electrocutarla por cuatro o cinco veces en sus genitales. Después, fue víctima de violencia sexual por parte de los policías que la detuvieron, todo ello con el fin de obligarla a decir que ella había sido “muro” junto con su hermano en dos secuestros y que había recibido pagos por eso.

En vista de que ambos hermanos se encontraban en lugares contiguos, ambos pudieron escuchar como los torturaban. A su vez, a Verónica la forzaron a reconocer a varias personas en unas fotografías que le mostraron. Lo mismo ocurrió en el caso de su hermano Erick Iván. Las anteriores autoincriminaciones fueron asentadas en sus primeras declaraciones ante autoridad ministerial, la cual se obtuvo mediante tortura evidente. No obstante, ambos son ajenos a los hechos que se le imputan. Finalmente, hasta las tres de la tarde del día 9 de junio fueron trasladados a la Procuraduría General de la República (PGR).

Posteriormente fue del conocimiento de la Señora Austreberta Casales que aquellos que detuvieron a su hija fueron agentes federales adscritos a la Agencia Investigadora de la Unidad de Investigación por Secuestro de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), todos con el cargo de suboficiales. Por lo anterior, acudió a la Unidad de Investigación por Secuestro de la SIEDO para preguntar por su hija Verónica Razo Casales. Al llegar a la Unidad se percató de que el coche de su hijo Erick Iván Razo Casales se encontraba en el lugar con unas papeletas de color blanco en las que se asentó un número de averiguación previa y la frase “VEHÍCULO ASEGURADO.” Al entrar a la SIEDO preguntó por sus dos hijos a lo cual le señalaron que no contaban con registro alguno sobre ellos y que podía regresar más tarde para cuando se actualizaran las listas. Frente a esto, la señora Austreberta insistió con su búsqueda ante la SIEDO dos veces más el día 9 de junio sin obtener una respuesta satisfactoria.

Fue hasta el día 10 de junio del mismo año que les permitieron hacer una llamada después de haber rendido su declaración sin presencia de algún abogado. La señora Austreberta recibió una llamada por parte de la SIEDO en la cual se pudo comunicar con su hija Verónica Razo quien le informó que estaba en la PGR, pidiendo que acudiera a verla, al igual que a su hermano. La Señora Austreberta acudió de nuevo a la SIEDO acompañada de la esposa de su hijo Erick Iván, alrededor de las 9:00 horas y hasta las 19:55 horas le permitieron ver únicamente a su hijo Erick Iván Razo, informándole que su hija había sido trasladada a un hospital, sin decir a cuál, ni dar mayor información.

Luego de la tortura sufrida por Verónica Razo un paramédico se acercó para revisarla, y recomendó llevarla a un hospital porque podría sufrir un infarto por todo lo que le habían hecho, a lo que el Ministerio Público contestó que “era mejor que se muriera”; horas después la trasladaron en una ambulancia al hospital privado médico quirúrgico llamado “José María”; sin embargo,  por órdenes del Ministerio Público la revisión sólo se efectuó de la cintura hacia arriba, por lo que en ese momento no se pudo constatar la violación sufrida por parte de los agentes federales.

Ante estas circunstancias de incomunicación y detención arbitraria, la Señora Austreberta Casales interpuso demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, al cual se le asignó el número 566/2011-II, en contra de la detención arbitraria de sus hijos y la falta de inmediatez en su puesta a disposición de la autoridad ministerial. Al momento de ratificar la demanda de garantías, Erick Iván Razo Casales  informó a la actuaria judicial adscrita al Juzgado Segundo de Distrito, sobre su estado físico. Como quedó asentado en la razón actuarial correspondiente, Erick Iván presentaba heridas, marcas y moretones en ambas manos, en tobillos, pantorrillas, tórax y espalda; a su vez una marca roja en la parte baja de la mejilla, todo ello producto de los golpes que recibió por las autoridades cuando fue detenido. De igual manera, al ratificar la demanda de garantías Verónica Razo Casales presentaba el siguiente estado físico: hematomas en las costillas, pecho, espalda y ambas caderas; moretones a los costados de las costillas, y dos marcas rojas en el costado izquierdo debajo de la axila, producto también del maltrato y tortura por parte de las autoridades que la detuvieron.

Posteriormente, Iván y Verónica Razo Casales fueron arraigados en el Centro Federal de Arraigo en la Ciudad de México, por aproximadamente dos meses.

Pese a las denuncias presentadas por la madre de ambos desde el inicio de la detención ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra de la Administración de Justicia y la Dirección General de Delitos cometidos por Servidores, ambos de la Procuraduría General de la República, no se permitió el acceso de dichas dependencias al Centro Federal de Arraigos de la SIEDO. Lo anterior provocó una pérdida en la evidencia de los hechos denunciados. No obstante, el estado psicofísico de ambos quedó asentado en las respectivas declaraciones ministeriales de fecha 9 de junio de 2011 dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/300/2011. Asimismo, cabe decir al respecto de las acciones jurídicas interpuestas por la madre que a tres años de ocurridos los hechos, en ninguno de los recursos a habido avances significativos, a pesar de existir Protocolos de Estambul en sentido positivo aplicado por peritos de PGR (Dictamen Médico/Psicológico Especializado para personas que alegan ser víctimas de tortura).

A los hermanos Razo Casales se les dictó auto de formal prisión, los cuales fueron apelados en segunda instancia. Sin embargo, en ambos casos el tribunal de apelación decide confirmar el sentido del auto de plazo constitucional que sujeta a proceso a Erick Iván y Verónica Razo Casales por los delitos de delincuencia organizada y dos secuestros, respectivamente. Actualmente, ambos cumplen 3 años en prisión preventiva, es decir, aún no se les ha dictado sentencia, pues fundamentalmente parte de las pruebas en su contra son su propia confesión obtenida bajo tortura, una llamada anónima acusándolos de un supuesto secuestro la cual no ha sido ratificada, y el dicho de los policías, en el cual falsamente manifiestan que los detuvieron junto con diez personas más porque tenían la sospecha de que iban a delinquir. Ambos se encuentran recluidos en diferentes Centros Federales de Readaptación Social.

 

 Acciones legales internas

–        El 9 de Junio de 2011,  a las 00:43 horas, Austreberta Casales Salinas, en representación de los CC. Erick Iván Razo Casales y Verónica Razo Casales, presentó una denuncia de hechos por el Delito de Privación de la Libertad Personal cometido en Agravio de Verónica Razo Casales con la Unidad de Investigación No. 3, Tercer Turno, de la Agencia Investigadora del Ministerio Publico B, de la Fiscalía Especializada de Investigación para Servidores Públicos. La denuncia fue en contra de quien o quienes resultaron responsables por el delito.

–        Austreberta Casales Salinas interpuso un amparo 566/2011-II del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, en la cual denuncia la detención arbitraria de Verónica y Erick Razo Casales. El 12 de junio de 2011, el Lic. Antonio Gonzales García, Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, decretó la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, torturas, amenazas, y golpes, así como respecto de cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. También declaró que si ratificaba la demanda de garantías promovida, y decidió que el actuario judicial adscrito debería cerciorarse del estado físico de los directamente quejosos. A fin de dar cumplimiento al proveído, el señor y la señora Razo Casales fueron examinados el 12 de junio de 2011 por la Lic. Luz María Pérez Ávila, quien dio fe al estado físico de los quejosos.

–        Austreberta Casales Salinas presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra de la Administración de justicia, de la PGR (Actualmente, Dirección General de Delitos Cometidos por Públicos de la PGR [Leyes Especiales]): Averiguación Previa: 264/AP/DGDCSPI/2011 y 299/AP/DGDCSPI/2011.

–        Austreberta Casales Salinas presentó una denuncia ante el C. Agente del Ministerio Público Federal, Unidad Especializada de Investigación de Delitos Ambientales y Previstos en Leyes Especiales: Averiguación Previa 279/UEIDAPLE/LE/19/2011.

–        Austreberta Casales Salinas presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con Número de Folio 49295, Denuncia Promovida en fecha 16 de junio de 2011.

 A la fecha, la señora Casales Salinas no ha recibido respuesta alguna en relación con estas denuncias.

 

Acciones a nivel internacional

Se presentó una comunicación al Relator sobre la cuestión de la Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez el día 06 de agosto de 2013.

  

En el caso de los Hermanos Razo Casales, el Estado Mexicano es responsable por la violación del derecho a las debidas garantías judiciales y al debido proceso (artículo 8), a la integridad personal (artículo 5), a la libertad y seguridad personales (artículo 7), y a la protección judicial (artículo 25), derechos que figuran en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por México el 2 de marzo de 1981.

Asimismo, se vulneraron los artículos 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificada por México el 11 de febrero de 1987.

A su vez, en el caso de Verónica en lo que se refiere a la violencia sexual que sufrió en manos de agentes federales, el artículo 7.a de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belem Do Para, ratificada por México el 23 de noviembre de 1998.

El hecho de haber sido torturados y haber tomado en consideración una confesión obtenida bajo esta circunstancia, y haberles tomado su declaración sin presencia de un defensor, y tienen en su contra pruebas endebles, son actos que contraviene su derecho a un debido proceso. Aunado a esto, las autoridades encargadas de ejercer la justicia no han actuado diligentemente ni en un plazo razonable pues a la fecha los agentes aprehensores y torturadores no han sido sometidos a un proceso penal continuando en total impunidad, violentando así el derecho a la protección judicial.

El Estado mexicano falló de esta forma a su obligación de garantizar los derechos de los hermanos Verónica y Erick Iván, Razo Casales, quienes siguen actualmente recluidos y en espera de su sentencia, y cuyas secuelas psicológicas de la tortura permanecen.

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