- México ha expresado su compromiso con la Corte Penal Internacional, es tiempo de cumplir con sus obligaciones para facilitar su cooperación.
- Necesario adecuar legislación mexicana para garantizar la impartición de justicia en México y el mundo.
México, D.F., 2 abril de 2014.- En días recientes se han presentado ante la Comisión de Puntos Constitucionales una iniciativa de reforma al párrafo Octavo, del Artículo 21 constitucional para garantizar una adecuada cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI).
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hace un llamado a los diputados de todos los partidos políticos, particularmente del Partido Revolucionario Institucional, para que voten favorablemente por la aceptación de dicha reforma, con la cual además se mostrará la indeclinable voluntad del Estado mexicano por combatir la impunidad.
Exhortamos también a los Diputados que le den trámite a la iniciativa de Ley de Cooperación con la CPI, en virtud de que a más de ocho años de que México ratificara el Estatuto no existe aún legislación que establezca las bases que garanticen el camino de la colaboración de las autoridades nacionales con la CPI.
El artículo 21, párrafo Octavo establece que “El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”. La actual formulación constitucional condiciona la cooperación con la Corte a la decisión en cada caso por el gobierno federal, misma que es incompatible con las obligaciones internacionales que adquirió México al ratificar el Estatuto.
El Estatuto de Roma estableció el primer Tribunal Internacional permanente con competencia para investigar y sancionar a los responsables de cometer los delitos más graves que afectan a la humanidad, como el genocidio, los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Es importante recordar que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas formuló, como resultado del Examen Periódico Universal, recomendaciones específicas, llamando al Estado mexicano a armonizar plenamente la legislación nacional con las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma, así como a trabajar en pro de la rápida incorporación a la legislación federal y estatal las disposiciones de los instrumentos internacionales, incluido el Estatuto de Roma.
Dichas recomendaciones fueron aceptadas el pasado 20 de marzo por México. Por ello, y ante la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales sobre las iniciativas de reforma al Artículo 21 constitucional, recordamos la importancia de adecuar con prontitud la legislación mexicana para garantizar la aplicación de justicia.
Para más información:
Mariana Gurrola, Comunicación CMDPDH
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