¡No te calles!

Exige  Justicia

En México menos del 1% de las denuncias sobre violaciones graves a los derechos humanos ha resultado en una sentencia condenatoria para los responsables. Ayúdanos a que esto no siga ocurriendo exigiendo a las autoridades que investiguen, procesen y sancionen a los perpetradores de estas violaciones.

Tortura

Desaparición Forzada

Ejecuciones Extrajudiciales / Feminicidios

Hermanas González Pérez

En el contexto del conflicto zapatista, el 4 de junio de 1994 las hermanas indígenas tzeltales Ana, Beatriz, y Celia y su madre Delia Pérez fueron detenidas de manera arbitraria por elementos de las fuerzas armadas en el estado de Chiapas. Las tres hermanas fueron torturadas y violadas por un grupo de 30 militares, mientras su madre escuchaba. Pese a que las víctimas son civiles, el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar. El caso fue llevado ante la CIDH y en 2001 se declaró la responsabilidad del Estado mexicano. El Estado se ha negado a trasladar la investigación a la justicia ordinaria para que se continúe con la investigación y se ha negado a reparar a las víctimas por considerar que no fueron violadas.


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Rosendo Radilla Pacheco

Rosendo era un líder social, en el contexto de la guerra sucia fue víctima de detención arbitraria y desaparición forzada a manos de miembros del Ejército mexicano en 1974 en el estado de Guerrero. Fue visto por última vez en el ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, no obstante que su paradero ha sido negado por 4 décadas por la institución que lo desapareció. El 20 de noviembre de 2009 la Corte IDH emitió la sentencia y condenó al Estado Mexicano por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas su desaparición forzada. Al día de hoy ningún funcionario de la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido acusado ante el poder judicial por la desaparición de Rosendo Radilla.

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Jorge Antonio Parral Rabadán

En 2010, Jorge Antonio Parral Rabadán fue secuestrado en Camargo, Tamaulipas por integrantes de la delincuencia organizada y trasladado al estado de Nuevo León, lugar en el que lejos de ser rescatado por los integrantes de la SEDENA, fue ejecutado extrajudicialmente por sus elementos, quienes modificaron sus características físicas en sus reportes con la intención de ocultar su identidad. A la fecha no se ha consignado a los responsables de la privación arbitraria de la libertad, ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Jorge.


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Caso Tlaxcala

Jorge, Ricardo, Sergio, José María, y Oswaldo, fueron detenidos arbitrariamente y torturados el 13 de agosto de 2002 por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y de la PGR. La Comisión Estatal de Derechos Humanos reconoció la presencia de lesiones físicas en las víctimas; sin embargo, no realizó estudios médicos y psicológicos para comprobar posibles hechos de tortura.  A la fecha no se ha practicado el Protocolo de Estambul por peritos independientes. Oswaldo fue absuelto en diciembre de 2016, mientras que Jorge, Ricardo y Sergio siguen recluidos en un penal en Durango. José María falleció en reclusión debido a las secuelas de la tortura.


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Miguel Orlando Muñoz Guzmán

Desde el año 1993 el teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán se encuentra desaparecido; las evidencias apuntan a que los probables responsables fueron integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) institución para la que laboraba al momento de la desaparición, en Ciudad Juárez. Tras muchas irregularidades en el proceso, el 1º de marzo de 1999 se denunció ante la CIDH, la cual emitió el informe de fondo en el que recomienda al Estado Mexicano investigar cabalmente el caso. A la fecha, no ha habido investigaciones serias que permitan dar con el paradero de Miguel Orlando, ni con los responsables de su desaparición.


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Nadia Alejandra Muciño Márquez

El 12 de febrero de 2004, Nadia fue asesinada por su pareja y su cuñado, quienes pretendieron hacer pasar el feminicidio como suicidio, pese a que éste fue cometido en presencia de sus tres hijos (menores de edad). El feminicidio ocurrió tras años de violencia por parte de su pareja, misma que fue denunciada pero fue ignorada por autoridades del Estado de México. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México cometió una serie de acciones irregulares que provocaron que uno de los probables responsables obtuviera su libertad en el año 2010,  mientras que quien era su pareja y principal responsable continúa en juicio. Sin embargo, ninguna autoridad del Estado de México ha sido investigada ni castigada por ello.

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Cuatro civiles de Rosarito

Ramiro, Orlando, Rodrigo, y Ramiro fueron detenidos arbitrariamente por elementos del Ejército mexicano en Rosarito, Baja California, el 16 de julio de 2009. La tortura a Los cuatro civiles comenzó cuando fueron trasladados en vehículos no oficiales a casas particulares; sin embargo, la tortura física y psicológica más cruenta se llevó a cabo en los cuarteles militares para firmar declaraciones inculpatorias. La CNDH y el Comité contra la Tortura de la ONU coincidieron en que en su proceso penal se emplearon confesiones arrancadas por tortura para acusarlos de delitos que no cometieron, por lo que fueron absueltos el 25 de noviembre de 2015. A la fecha ningún elemento ha sido investigado por la detención arbitraria y tortura de los cuatro.


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Luis Ángel León Rodríguez

Luis Ángel León Rodríguez fue víctima de desaparición forzada por integrantes de la delincuencia organizada con la autorización de servidores públicos del estado de Michoacán en el año 2009. Hasta la fecha, la Procuraduría General de la República ha sido incapaz de determinar el paradero de Luis Ángel. Las violaciones a los derechos humanos de las que Luis Ángel ha sido víctima fueron reconocidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pese a que se ha demostrado la autorización de las autoridades de Michoacán para que Luis Ángel fuese desaparecido, ninguna autoridad que facilitó la desaparición ha sido señalada como responsable.

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Paloma Angélica Escobar Ledezma

Paloma desapareció el 2 de marzo de 2002 en la ciudad de Chihuahua. El 29 de marzo del mismo año, su cuerpo fue hallado en los alrededores de la carretera Chihuahua-Ciudad Aldama.  El dictamen pericial concluyó que había sido una muerte violenta con características de homicidio doloso. En la averiguación previa se realizaron diversas diligencias, pero hasta la fecha no han sido resueltas.


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Nino Colman Hoyos Henao

Nino fue detenido arbitrariamente y torturado el 11 de agosto de 2009. Ningún policía ha sido procesado por la detención arbitraria y la tortura de la que fue víctima.


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Jethro Ramssés Sánchez Santana

Jethro fue detenido de manera arbitraria el 1 de mayo de 2011 por policías municipales y posteriormente torturado, ejecutado extrajudicialmente, y desaparecido por miembros del Ejército Mexicano. Su cuerpo fue semienterrado y rociado con ácido para no ser identificado, lo enterraron clandestinamente por lo que permaneció en calidad de persona desaparecida hasta ser localizado meses después. El homicidio de Jethro continúa en investigación, pero ni siquiera se ha señalado al alguna persona como probable responsable.

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Benazir Sara Chavolla Ruiz

Sara era estudiante de prepa y fue víctima de feminicidio en Tijuana. El 7 de septiembre de 2005 fue interceptada por una camioneta, los sujetos la violaron y, posteriormente, la arrojaron atada de manos y con las pantaletas a la altura de las rodillas desde un automóvil en movimiento lo que provocó que fuera atropellada por otro vehículo, razón por la cual murió. Tras su feminicidio, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California cometió una serie de acciones irregulares en la investigación, además de una estigmatización y criminalización en contra de Sara. La pérdida de evidencia favoreció que las investigaciones fueran deficientes y los probables responsables señalados en las averiguaciones previas no enfrentaran la justicia.

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Verónica y Erick Razo Casales

Erick y Verónica fueron detenidos arbitrariamente y torturados física, psicológica y sexualmente por elementos de la Policía Federal el 8 de junio de 2011. Casi 24 horas después fueron puestos a disposición ante el Ministerio Público, donde firmaron confesiones bajo tortura y sin presencia de abogado. Actualmente Erick se encuentra recluido en el penal del Altiplano en el Estado de México, mientras Verónica en el estado de Morelos sin tener sentencia. En ninguno de los casos se ha llevado a juicio a los responsables de la detención arbitraria y la tortura.

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Daniel Ramos Alfaro

Daniel Ramos fue víctima de desaparición forzada el 2 de octubre de 2013 en una comunidad del municipio de Uruapan, Michoacán; las líneas de investigación actualmente en curso apuntan a una probable responsabilidad de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La Procuraduría General de la República continúa sin determinar en dónde está Daniel Ramos, ni ha logrado identificar a los probables responsables de su desaparición forzada.

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Defensores Huastecos

Juan Carlos, Edgardo, Evanibaldo y Luis Enrique, todos defensores del Grupo Huasteco de Promoción y Defensoría de Derechos Humanos fueron detenidos arbitrariamente y torturados el 9 de noviembre de 2013 por miembros de la Marina, con la finalidad de ser acusados de delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Después de 1 año y 4 meses de reclusión se les dictó sentencia absolutoria. Hasta el momento, nadie ha sido sancionado por los hechos de tortura ya que las investigaciones por parte de la PGR han sido deficientes.


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Tortura

Verónica y Erick Razo Casales

Erick y Verónica fueron detenidos arbitrariamente y torturados física, psicológica y sexualmente por elementos de la Policía Federal el 8 de junio de 2011. Casi 24 horas después fueron puestos a disposición ante el Ministerio Público, donde firmaron confesiones bajo tortura y sin presencia de abogado. Actualmente Erick se encuentra recluido en el penal del Altiplano en el Estado de México, mientras Verónica en el estado de Morelos sin tener sentencia. En ninguno de los casos se ha llevado a juicio a los responsables de la detención arbitraria y la tortura.

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Cuatro civiles de Rosarito

Ramiro, Orlando, Rodrigo, y Ramiro fueron detenidos arbitrariamente por elementos del Ejército mexicano en Rosarito, Baja California, el 16 de julio de 2009. La tortura a Los cuatro civiles comenzó cuando fueron trasladados en vehículos no oficiales a casas particulares; sin embargo, la tortura física y psicológica más cruenta se llevó a cabo en los cuarteles militares para firmar declaraciones inculpatorias. La CNDH y el Comité contra la Tortura de la ONU coincidieron en que en su proceso penal se emplearon confesiones arrancadas por tortura para acusarlos de delitos que no cometieron, por lo que fueron absueltos el 25 de noviembre de 2015. A la fecha ningún elemento ha sido investigado por la detención arbitraria y tortura de los cuatro.


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Nino Colman Hoyos Henao

Nino fue detenido arbitrariamente y torturado el 11 de agosto de 2009. Ningún policía ha sido procesado por la detención arbitraria y la tortura de la que fue víctima.


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Defensores Huastecos

Juan Carlos, Edgardo, Evanibaldo y Luis Enrique, todos defensores del Grupo Huasteco de Promoción y Defensoría de Derechos Humanos fueron detenidos arbitrariamente y torturados el 9 de noviembre de 2013 por miembros de la Marina, con la finalidad de ser acusados de delitos contra la salud y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Después de 1 año y 4 meses de reclusión se les dictó sentencia absolutoria. Hasta el momento, nadie ha sido sancionado por los hechos de tortura ya que las investigaciones por parte de la PGR han sido deficientes.


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Caso Tlaxcala

Jorge, Ricardo, Sergio, José María, y Oswaldo, fueron detenidos arbitrariamente y torturados el 13 de agosto de 2002 por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y de la PGR. La Comisión Estatal de Derechos Humanos reconoció la presencia de lesiones físicas en las víctimas; sin embargo, no realizó estudios médicos y psicológicos para comprobar posibles hechos de tortura.  A la fecha no se ha practicado el Protocolo de Estambul por peritos independientes. Oswaldo fue absuelto en diciembre de 2016, mientras que Jorge, Ricardo y Sergio siguen recluidos en un penal en Durango. José María falleció en reclusión debido a las secuelas de la tortura.


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Hermanas González Pérez

En el contexto del conflicto zapatista, el 4 de junio de 1994 las hermanas indígenas tzeltales Ana, Beatriz, y Celia y su madre Delia Pérez fueron detenidas de manera arbitraria por elementos de las fuerzas armadas en el estado de Chiapas. Las tres hermanas fueron torturadas y violadas por un grupo de 30 militares, mientras su madre escuchaba. Pese a que las víctimas son civiles, el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar. El caso fue llevado ante la CIDH y en 2001 se declaró la responsabilidad del Estado mexicano. El Estado se ha negado a trasladar la investigación a la justicia ordinaria para que se continúe con la investigación y se ha negado a reparar a las víctimas por considerar que no fueron violadas.


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Desaparición Forzada

Rosendo Radilla Pacheco

Rosendo era un líder social, en el contexto de la guerra sucia fue víctima de detención arbitraria y desaparición forzada a manos de miembros del Ejército mexicano en 1974 en el estado de Guerrero. Fue visto por última vez en el ex Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, no obstante que su paradero ha sido negado por 4 décadas por la institución que lo desapareció. El 20 de noviembre de 2009 la Corte IDH emitió la sentencia y condenó al Estado Mexicano por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas su desaparición forzada. Al día de hoy ningún funcionario de la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido acusado ante el poder judicial por la desaparición de Rosendo Radilla.

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Miguel Orlando Muñoz Guzmán

Desde el año 1993 el teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán se encuentra desaparecido; las evidencias apuntan a que los probables responsables fueron integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) institución para la que laboraba al momento de la desaparición, en Ciudad Juárez. Tras muchas irregularidades en el proceso, el 1º de marzo de 1999 se denunció ante la CIDH, la cual emitió el informe de fondo en el que recomienda al Estado Mexicano investigar cabalmente el caso. A la fecha, no ha habido investigaciones serias que permitan dar con el paradero de Miguel Orlando, ni con los responsables de su desaparición.


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Luis Ángel León Rodríguez

Luis Ángel León Rodríguez fue víctima de desaparición forzada por integrantes de la delincuencia organizada con la autorización de servidores públicos del estado de Michoacán en el año 2009. Hasta la fecha, la Procuraduría General de la República ha sido incapaz de determinar el paradero de Luis Ángel. Las violaciones a los derechos humanos de las que Luis Ángel ha sido víctima fueron reconocidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pese a que se ha demostrado la autorización de las autoridades de Michoacán para que Luis Ángel fuese desaparecido, ninguna autoridad que facilitó la desaparición ha sido señalada como responsable.

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Jethro Ramssés Sánchez Santana

Jethro fue detenido de manera arbitraria el 1 de mayo de 2011 por policías municipales y posteriormente torturado, ejecutado extrajudicialmente, y desaparecido por miembros del Ejército Mexicano. Su cuerpo fue semienterrado y rociado con ácido para no ser identificado, lo enterraron clandestinamente por lo que permaneció en calidad de persona desaparecida hasta ser localizado meses después. El homicidio de Jethro continúa en investigación, pero ni siquiera se ha señalado al alguna persona como probable responsable.

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Daniel Ramos Alfaro

Daniel Ramos fue víctima de desaparición forzada el 2 de octubre de 2013 en una comunidad del municipio de Uruapan, Michoacán; las líneas de investigación actualmente en curso apuntan a una probable responsabilidad de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La Procuraduría General de la República continúa sin determinar en dónde está Daniel Ramos, ni ha logrado identificar a los probables responsables de su desaparición forzada.

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Ejecuciones Extrajudiaciles / Feminicidios

Jorge Antonio Parral Rabadán

En 2010, Jorge Antonio Parral Rabadán fue secuestrado en Camargo, Tamaulipas por integrantes de la delincuencia organizada y trasladado al estado de Nuevo León, lugar en el que lejos de ser rescatado por los integrantes de la SEDENA, fue ejecutado extrajudicialmente por sus elementos, quienes modificaron sus características físicas en sus reportes con la intención de ocultar su identidad. A la fecha no se ha consignado a los responsables de la privación arbitraria de la libertad, ejecución extrajudicial y desaparición forzada de Jorge.


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Nadia Alejandra Muciño Márquez

El 12 de febrero de 2004, Nadia fue asesinada por su pareja y su cuñado, quienes pretendieron hacer pasar el feminicidio como suicidio, pese a que éste fue cometido en presencia de sus tres hijos (menores de edad). El feminicidio ocurrió tras años de violencia por parte de su pareja, misma que fue denunciada pero fue ignorada por autoridades del Estado de México. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México cometió una serie de acciones irregulares que provocaron que uno de los probables responsables obtuviera su libertad en el año 2010,  mientras que quien era su pareja y principal responsable continúa en juicio. Sin embargo, ninguna autoridad del Estado de México ha sido investigada ni castigada por ello.

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Paloma Angélica Escobar Ledezma

Paloma desapareció el 2 de marzo de 2002 en la ciudad de Chihuahua. El 29 de marzo del mismo año, su cuerpo fue hallado en los alrededores de la carretera Chihuahua-Ciudad Aldama.  El dictamen pericial concluyó que había sido una muerte violenta con características de homicidio doloso. En la averiguación previa se realizaron diversas diligencias, pero hasta la fecha no han sido resueltas.


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Benazir Sara Chavolla Ruiz

Sara era estudiante de prepa y fue víctima de feminicidio en Tijuana. El 7 de septiembre de 2005 fue interceptada por una camioneta, los sujetos la violaron y, posteriormente, la arrojaron atada de manos y con las pantaletas a la altura de las rodillas desde un automóvil en movimiento lo que provocó que fuera atropellada por otro vehículo, razón por la cual murió. Tras su feminicidio, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California cometió una serie de acciones irregulares en la investigación, además de una estigmatización y criminalización en contra de Sara. La pérdida de evidencia favoreció que las investigaciones fueran deficientes y los probables responsables señalados en las averiguaciones previas no enfrentaran la justicia.

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