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Manual para la Implementación del Estatuto de Roma en la Legislación Mexicana

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PDF – Manual para la Implementación del Estatuto de Roma en la Legislación Mexicana

La Corte Penal Internacional (CPI) constituye un avance fundamental para el derecho internacional. La creación de este instrumento permanente para llevar ante la justicia a individuos acusados de los crímenes más graves contra la humanidad, ha revolucionado el derecho internacional público y se erige como un poderoso instrumento de lucha contra la impunidad.

Este panorama obliga —explícita e implícitamente— a los Estados a adecuar sus sistemas jurídicos nacionales a los estándares reconocidos por el Estatuto de Roma (ER), de tal manera que tengan la capacidad legal y técnica para investigar, enjuiciar y, en su caso, sancionar a los responsables por la comisión de los crímenes antes mencionados, y de brindar a la Corte, llegado el caso, toda la asistencia y cooperación que ésta requiera en el desarrollo de sus funciones.

Para hacer frente al reto legislativo y normativo que se plantea es necesario, como principio, partir de una base técnica y teórica sólida, la cual informe y guíe los debates entre los distintos tomadores de decisión. En este sentido, la presente publicación aspira a convertirse en un punto de referencia teórico y técnico que guíe el criterio de los actores relevantes, ya que se ha planteado como una herramienta académica que, en términos breves y sencillos, sistematice los estándares mínimos de implementación y explique los mejores escenarios para la adecuación del marco jurídico mexicano al Estatuto de Roma, tanto en materia de cooperación como de tipificación de delitos internacionales y de principios generales del derecho penal internacional. De igual forma, este trabajo busca ser un instrumento que sirva de ejemplo y ayuda para otros países que se encuentran en el mismo proceso de implementación.

Manual para la Implementación del Estatuto de Roma en la Legislación Mexicana

“La inclusión en nuestra legislación de distintos tipos penales, de principios generales de responsabilidad, así como de otras normas fundamentales, además de las disposiciones que permitan una adecuada cooperación con distintas instancias internacionales, en especial con la CPI, será un avance cualitativo para la protección de los derechos fundamentales por parte del Estado mexicano”.

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