Política de drogas

México está padeciendo algunos de los efectos más devastadores del régimen mundial de la prohibición de las drogas: corrupción, impunidad, violencia y violaciones de derechos humanos. Es por esto que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos(CMDPDH) considera que la política de drogas y sus consecuencias son temas urgentes que requieren evaluación, monitoreo y transformación desde una perspectiva de derechos humanos.

La CMDPDH ha documentado diversos casos en los que se presentan graves violaciones a los derechos humanos debido a la lucha contra el narcotráfico en distintas regiones del país. Dentro de estos casos se ha identificado la participación de las fuerzas de seguridad incurriendo en temas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y en particular en casos de tortura. 

Las políticas de prohibición en relación a las drogas han fallado en su objetivo de lograr un “mundo sin drogas” y han forzado al mercado de drogas a permanecer en la ilegalidad. Esto ha resultado en un mercado ilícito, controlado exclusivamente por organizaciones del crimen organizado, que se ha enlazado con otros mercados criminales y que utiliza la violencia como forma primordial de regulación. El hecho de que este mercado, el cual las Naciones Unidas estima tiene un valor de 320 billones de dólares a nivel mundial, esté completamente controlado por el crimen organizado, contribuye a la corrupción, la cual debilita a las instituciones y erosiona los principios democráticos de un Estado de Derecho. 

Militarizando las Drogas: 

Con el pretexto del combate al crimen organizado y la reducción del flujo de drogas, México ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, en ocasiones masivas o sistemáticas como tortura, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales e incluso el desplazamiento interno forzado. 

En diciembre de 2006, el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) puso en marcha una estrategia de seguridad basada en una política de enfrentamiento abierto al crimen organizado y en el uso de operativos conjuntos, en los que participaron el ejército mexicano, la marina, la policía federal y las policías locales, llamada guerra contra el narcotráfico. El gobierno de Calderón inició un proceso de militarización de la estrategia de combate al crimen organizado, poniendo en manos de las fuerzas armadas la seguridad pública del país, aún cuando la Constitución mexicana establece que se trata de una función que corresponde a las autoridades civiles. Como parte de la estrategia se desplegaron miles de efectivos militares o lo largo del territorio nacional. De forma paralela, se sustituyeron múltiples titulares de instituciones de seguridad pública, estatales y municipales, por militares en activo o en retiro. Con ambas acciones se instaló, de facto, el control militar sobre la seguridad pública del país.

Esto resultó en un aumento de los enfrentamientos armados de las fuerzas de seguridad pública y las fuerzas armadas con las organizaciones del crimen organizado; la división territorial de los cárteles se desorganizó y la lucha por las rutas de distribución de drogas entre los cárteles se recrudeció, y; se fragmentaron los grandes cárteles en grupos más pequeños que pugnaron por el control territorial y diversificaron su actividad criminal, extendiéndose a delitos como la extorsión, el cobro de cuotas de piso (protección ilegal), los secuestros, la distribución y la venta de drogas en el mercado local.

Como consecuencia, la tasa de homicidios aumentó exponencialmente. La administración federal de 2006 a 2012, dejó de hacer pública la contabilización de las personas ejecutadas en 2011. Las  cifras que presentan fuentes alternativas difieren notoriamente, sin embargo, es clara la escalada en homicidios durante el sexenio de Calderón. Los datos más conservadores aseveran que el total de ejecuciones ronda la cifra de 47 mil, mientras que algunos llegan a afirmar que el total de homicidios relacionados al crimen organizado superan los 100 mil.

En junio de 2014, el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, presentó el Informe final de su misión a México en el cuál destaca que durante la administración de Felipe Calderón se registraron 102 mil 696 homicidios dolosos, de los cuales 70,000 fueron relacionados con la guerra contra el narcotráfico. Según Heyns, debido a la falta de investigaciones claras es imposible tener certeza de cuáles fueron ocasionados por las organizaciones del crimen organizado y cuáles por elementos de seguridad del Estado.

En febrero de 2013, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón, informó que de diciembre de 2006 a noviembre de 2013 hay 26 mil 121 personas registradas como desaparecidas en México. En junio del mismo año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó tener un registro de 27 mil 243 personas desaparecidas. En agosto de 2014 la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Tiburcio, informó que en México hay 22 mil 322 personas “no localizadas”. 

En abril de 2013, el Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC) reportó que en México unas 160 mil personas han sido desplazadas de sus lugares de origen principalmente por la violencia generalizada asociada con el narcotráfico y su combate. A nivel nacional, personas, familias y comunidades enteras han tenido que trasladar su vida de su residencia habitual a otro lugar. Este fenómeno se ha visto directamente ligado al aumento de la violencia. Los cuatro estados que más población han perdido después del Distrito Federal, son Guerrero, Sinaloa, Chihuahua y Durango, que forman parte de los 12 estados más violentos de México.

Aunque la administración del gobierno federal ha cambiado, la estrategia de seguridad permanece. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), tan solo en los primeros 20 meses de la administración de Enrique Peña Nieto “se registraron 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios doloso y culposo”.

Una de las propuestas más importantes de la estrategia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto es la creación de una gendarmería que asuma la responsabilidad de restablecer las condiciones de seguridad en las zonas más conflictivas del país. Según el Presidente Enrique Peña Nieto, la gendarmería “se tratará de cuerpos de formación y preparación y adiestramiento militar, pero bajo el mando civil”. Esto quiere decir que se continuará haciendo uso del Ejército y la Marina para tareas que no les corresponden. Vestir de policías a los militares y mantenerlos realizando tareas de seguridad pública indica que en lugar de haber un cambio en la estrategia de seguridad, simplemente se está realizando un reacomodo institucional.

La militarización, la justificación de la tortura para obtener pruebas, las detenciones arbitrarias de miles de personas, la violencia relacionada con el tráfico de drogas y la protección de ciertas rutas ha causado mucho más daño a la sociedad mexicana que el consumo de drogas en sí mismo. Es el intento de erradicar y eliminar el tránsito de drogas lo que provoca el daño a las comunidades, fomenta inestabilidad política, aviva el conflicto social y a menudo beneficia a actores armados, fomentando así las violaciones de derechos humanos.

El Debate Internacional:

Es necesario que México se sume al debate internacional de manera propositiva para construir una política de drogas, nacional e internacional, que ponga en el centro a las personas y esté guiada por una perspectiva de derechos humanos.

Es por esto que diversas voces, a nivel internacional, se han sumado al llamado a revisar y evaluar la actual política de drogas y a buscar alternativas. Algunas voces altamente significativas y con mucho impacto se han posicionado sobre el tema. Entre ellas podemos mencionar a los más de 120 profesores penalistas alemanes que apoyaron una iniciativa para la legalización del cannabis en Alemania. Y quizás unas de las voces más poderosas que hemos podido escuchar pugnar por una reestructuración de las políticas de drogas a nivel mundial son las de las personas miembros de la Comisión Global de Política de Drogas (Global Commission on Drugs), compuesta por expresidentes de Brasil, Colombia, México y Suiza, el Primer Ministro de Grecia, Kofi Annan, Richard Branson, George Shultz, Paul Volcker y otros líderes internacionales que piden un cambio sustancial en la política de drogas a nivel mundial.

De forma simultánea, en algunas partes del mundo se han aprobado y comenzado a implementar políticas de drogas alternativas que pasan por regular, sin criminalizar, el uso del cannabis. Uruguay se convirtió recientemente en el primer Estado en dejar atrás la prohibición del cannabis y  regular la producción, distribución, venta y consumo de la marihuana para usos tanto medicinales como no medicinales. En Estados Unidos, dos estados han aprobado políticas que permiten uso medicinal y no medicinal de marihuana –Colorado y Washington– y varios estados más han aprobado el uso medicinal de la marihuana.

Resulta urgente buscar una aproximación integral a la problemática, que aborde desde la producción y distribución de las sustancias, hasta la venta y el consumo. Se debe establecer un sistema de regulación que reduzca la posibilidad de corrupción al mínimo. Si se regulara y controlara el mercado de sustancias, sería posible establecer un mecanismo de rendición de cuentas y transparencia, en el que el crimen organizado perdería fuerza. Es por esto que resulta necesaria una reforma de política de drogas que ataque de raíz las causas de las violaciones a distintos derechos humanos.

Nuestra Propuesta:

El gobierno mexicano debe eliminar la prohibición del suministro y siembra de drogas y aumentar la cantidad permitida de posesión, para poder respetar los derechos humanos de las personas que habitan en el país.

Es necesaria una política de drogas bien estructurada, en la que se empleen mecanismos de prevención y atención a los problemas de abuso. Así como México regula drogas permitidas como el alcohol y el tabaco, es necesario exigir a las instituciones que se preparen para la regulación de otras sustancias. Se debe brindar educación real, clara y honesta a los habitantes en cuanto a los riesgos y beneficios de las sustancias, para poder deshacernos de los dogmas que rigen y sustentan la prohibición del consumo de drogas en México. 

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