Comunicado de prensa
A través de los oficios V2/52691 y V2/694 transmitidos a los familiares de las víctimas, la CNDH da por concluidas las investigaciones por la detención arbitraria y torturas cometidas en contra de Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, Ramiro López Vázquez y Orlando Santaolaya Villarreal quienes el pasado 16 de junio de 2009 fueron detenidos y torturados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en playas de Rosarito, Baja California, al considerar que solamente habían encontrado la probable comisión de conductas de responsabilidad administrativa al momento del aseguramiento y custodia de estas personas.
* La Secretaría de Gobernación responde a las organizaciones civiles que denunciaron casos de violaciones a los derechos humanos por el Ejército hechos del conocimiento de Felipe Calderón, mediante carta del 25 de agosto del año en curso.
* La organización internacional de derechos humanos WOLA (The Washington Office on Latin America) envía una carta a la Secretaría de Gobernación externando su preocupación por los abusos cometidos por los militares en Tijuana, Baja California.
A través de los oficios V2/52691 y V2/694 transmitidos a los familiares de las víctimas, la CNDH da por concluidas las investigaciones por la detención arbitraria y torturas cometidas en contra de Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, Ramiro López Vázquez y Orlando Santaolaya Villarreal quienes el pasado 16 de junio de 2009 fueron detenidos y torturados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en playas de Rosarito, Baja California, al considerar que solamente habían encontrado la probable comisión de conductas de responsabilidad administrativa al momento del aseguramiento y custodia de estas personas.
De acuerdo con este organismo, se dio vista de los hechos al titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional para que sea esta jurisdicción quien investigue y resuelva sobre los casos, por lo que, a criterio de la CNDH el expediente quedó sin materia para continuar conociendo de la queja. Asimismo, sugiere a los familiares ponerse en comunicación con el titular de la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea.
Para llegar a dicha conclusión, la CNDH únicamente considera el examen médico practicado por personal médico militar en donde se determinó que estas personas “no mostraban lesiones de tortura”, presentando únicamente “diversas lesiones” sin informar sobre la práctica de otras diligencias que hayan realizado para investigar la comisión de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes por parte de personal castrense, tal y como se establece en la misma Ley de la CNDH y tratados internacionales de derechos humanos en la materia, como lo es el Protocolo de Estambul; es grave considerar como base para un desistimiento solamente la declaración de un médico militar, pues hemos documentado la presencia de éstos durante las torturas cometidas en períodos de arraigo.
Asimismo, el 3 de diciembre de 2009, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dio a conocer información sobre las acciones que han realizado las instancias federales y locales con relación a siete casos de graves violaciones de derechos humanos a manos de militares en varios estados de la República como respuesta a la carta abierta enviada a Felipe Calderón el pasado 25 de agosto de 2009 por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, la CCDHN y la CMDPDH.
En dicha comunicación, se anexa un reporte sobre el estado de las investigaciones de estos casos, en los cuales se pone de manifiesto se encuentran en trámite en la segunda visitaduría de la CNDH y que en, los casos del señor Julio César Magdaleno, policía ministerial, y de los 25 policías arraigados en Tijuana, es preocupante corroborar que han sido turnados a la justicia militar, con motivo de la «presunta participación de personal militar», sin precisar más al respecto; esto contradice lo estipulado en diversos tratados internacionales de derechos humanos.
Respecto a lo anterior, WOLA ha enviado una comunicación a la Secretaría de Gobernación, con fecha del 10 de diciembre, en la que instan a la mencionada Secretaría a «asegurar que haya investigaciones oportunas, imparciales y exhaustivas sobre las violaciones a los derechos humanos en los casos incluidos en esta carta (consultar documento completo anexo) y que los responsables sean llevados a la justicia en la jurisdicción civil», entre otras medidas urgentes y necesarias.
Para complementar esta información se envían los siguientes anexos:
‐ Hoja de hechos sobre los casos de seguridad pública y derechos humanos en Tijuana, Baja California, documentados por la CCDH y por la CMDPDH.
‐ Carta abierta a Felipe Calderón, 25 de agosto de 2009.
‐ Oficio de Segob en respuesta a la carta abierta a Felipe Calderón, 3 de diciembre de 2009.
‐ Carta de Wola a Segob, 10 de diciembre de 2009.
Para conocer más visite www.cmdpdh.org
Mayra López, abogada de la CMDPDH, defensa2@cmdpdh.org
Raúl Ramírez, director de la CCDHN, ccdhbc@yahoo.com
Para coordinar entrevistas contactar con Gabriela Gorjón, comunicacion@cmdpdh.org.