• Organizaciones mexicanas estarán presentes en Nueva York para evaluación de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
• Militarización, impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos y derechos de las mujeres son de los principales temas de preocupación.

 Los próximos días 8 y 9 de marzo de 2010, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrará su periodo de sesiones en la sede de la ONU en Nueva York, durante el cual se evaluará el informe de cumplimiento del Estado mexicano con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Se trata de la primera evaluación de este tipo en más de diez años.

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervista la aplicación de este instrumento internacional por sus Estados Partes. Éstos deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos, por lo general cada cuatro años. El Comité examina cada informe y expresa sus observaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de «observaciones finales».

En el contexto interior, diversas organizaciones mexicanas han enviado sus respectivos informes al Comité sobre la situación de los derechos civiles y políticos en México, y estarán presentes en la sesión del Comité durante la evaluación de México. Entre las organizaciones que han remitido informes se encuentran, entre otras: el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», el Centro de Derechos Humanos Miguel Augustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Comisión Mexicana  de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), ARTICLE 19, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, ASILEGAL y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (integrada por 68 organizaciones).

Los temas que estas redes y organizaciones han destacado en sus distintos informes incluyen entre otros:

1. El contexto de militarización de la seguridad pública y sus consecuencias para los derechos humanos.
2. La persistencia de la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos, en especial, cuando se trata de casos ante la justicia militar o casos de agresiones en contra de defensores de derechos humanos. 
3. La situación de los derechos humanos de las mujeres.

Sobre el primer tema, organizaciones que integran la Red TDT y el Centro Prodh destacan que la participación de las fuerzas armadas en operativos donde sin control civil significativo, llevan a cabo tareas que son exclusivas de la competencia de la policía civil, ha provocado un drástico aumento de violaciones a derechos humanos.

A este contexto se suman reformas legislativas que propician otros abusos, tal es el caso de la figura del arraigo, analizada en detalle por la CMDPDH. Destaca que esta figura forma parte de una serie de medidas que van en contravía del derecho internacional, a la cual considera como una forma de detención arbitraria que propicia violaciones a los derechos humanos.

Por otro lado, varias de las organizaciones llaman la atención sobre el hecho de que en casos de violaciones a derechos civiles y políticos, la impunidad continúa siendo la norma. El uso de la jurisdicción militar para investigar delitos cometidos por las fuerzas armadas sirve para impedir que los autores enfrenten la justicia. Por otra parte, en relación a los delitos cometidos por elementos de la policía, como la tortura, el Estado no ha tomado las medidas necesarias para revertir los patrones de abusos detectados.

Algunas organizaciones, en particular Tlachinollan, analizan la situación de los defensores de derechos humanos, quienes son susceptibles de enfrentar acoso, criminalización o incluso ataques físicos en represalia por su labor; dichos delitos generalmente quedan impunes. Por su parte, ARTICLE 19 analiza las diversas formas de agresión a la libertad de expresión en el país; resalta el incremento a las agresiones quienes ejercen el periodismo destaca en particular las deficiencias en el marco normativo y el desempeño de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra periodistas (FEADP).

Otras organizaciones, entre ellas GIRE, abordan en sus respectivos informes la situación de los derechos humanos de las mujeres, haciendo énfasis en las reformas constitucionales en materia de interrupción legal del embarazo en los estados. Se reporta que de octubre de 2008 a enero de 2010, los congresos estatales de 18 entidades federativas han aprobado reformas que ratifican el tratamiento del aborto como delito, excluyendo con ello la prestación de servicios médicos. El Centro de Derechos Humanos Victoria Diez destaca que aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establezca los principios bajo los cuales debe garantizarse a las mujeres una vida libre de violencia, a nivel de los estados las leyes locales han omitido diversas disposiciones de la ley general como le es la violencia feminicida, o bien han eliminado la figura de las ordenes de protección.

Finalmente, ASILEGAL hace referencia a la situación de las mujeres en reclusión, señalando que las condiciones de las mujeres en situación de reclusión son aflictivas y generan dañis y sufrimientos físicos, psíquicos y morales injustos e innecesarios. Los centros de reclusión que albergan a mujeres, generalmente no cuentan con los medicamentos básicos, con los instrumentos necesarios y con el personal médico necesario para atender la entera población femenina.

La próxima evaluación de México ante el Comité representa una nueva oportunidad para el Estado mexicano de demostrar un rela compromiso con la plena vigencia de los derechos humanos. Muchos de los temas a abordar no son nuevos; no obstante, se suman nuevas preocupaciones en el contexto de violencia actual del país. En el contexto descrito, el Comité reconocerá avances, de esta manera ayuda a ver qué tipo de programas o reformas habrán funcionado; al mismo tiempo, señalará los problemas y para cada problema, identificará con base en su experiencia y pericia en la materia, medidas concretas que el Estado debe adoptar. Por lo tanto, el Estado se podrá beneficiar por la asesoría del Comité, siempre y cuando reciba y dé seguimiento a las recomendaciones con seriedad, reconociendo que el Pacto Internacional es un tratado vinculante para el Estado y que las observaciones y recomendaciones van dirigidas a mejorar la situación de los derechos civiles y políticos en México.

ASILEGAL

Centro de Derechos Humanos dela Montaña «Tlachinollan»

Centro de Derechos Humanos Miguel Augustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humamos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)