Documento presentado en la Audiencia Temática "Seguridad Pública y Derechos Humanos en Tijuana, Baja California, México", ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La cuestión relativa a la “seguridad” se ha convertido hoy día en un tema prioritario en la agenda de los Estados, la cual requiere de una respuesta eficaz basado en un desempeño profesionalizado por parte de la policía, la prevención y sanción de la corrupción en las fuerzas de seguridad, la prevención del delito y en todo momento el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en México, la respuesta de las autoridades frente a la crisis de inseguridad caracterizada por altos niveles de homicidios, secuestros y otros delitos violentos relacionados con el crimen organizado, ha sido mediante la represión a amplios sectores de la población, el re endurecimiento de las penas, la militarización de la seguridad pública así como la implementación de otras medidas cuyos resultados han generado mas violencia y un aumento en los índices de violencia al Interior del país.
En el Informe para el Examen Periódico Universal, el Gobierno mexicano reconoció la necesidad de la participación de las fuerzas armadas en apoyo de las autoridades civiles frente a la delincuencia organizada, es por ello que, en México se ha iniciado un proceso de militarización a lo largo de la República Mexicana, donde estados como Guerrero, Baja California, Sinaloa, Durango y Chihuahua, han sido el marco donde participan actualmente un promedio de 45,000 elementos castrenses por mes, los cuales realizan tareas que corresponden normalmente a la policía civil y en las que se opera mediante el despliegue y realización de operativos a gran escala en conjunto con las fuerzas policíacas federales, y donde encontramos declaraciones como algunos funcionarios en el sentido de que: “ningún soldado puede quedar al margen de la lucha en contra del crimen organizado, “pues las instituciones de México están librando una batalla sin tregua ni cuartel “.
En su más reciente Informe para México, Human Rights Watch manifiesta que las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Y que estos crímenes aberrantes destruyen la confianza pública en el Ejército, y atentan directamente contra los objetivos de terminar con la violencia vinculada con la delincuencia organizada y de mejorar la seguridad pública. Además, señala que en ciudades muy violentas como Ciudad Juárez y Tijuana, los gobiernos locales han designado a militares de alto rango al frente de la policía.
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