La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) celebra la propuesta que presentó junto con el Senador Silvano Aureoles Conejo el pasado 19 de mayo ante el Pleno de la Comisión Permanente en el sentido de eliminar las figuras del arraigo, los testigos protegidos y la reserva de las actuaciones en la investigación de los procesos penales.
Como es de su conocimiento, la CMDPDH impulsa desde hace tiempo un proyecto de defensa integral, investigación e incidencia legislativa en torno al impacto del arraigo penal en los derechos humanos de las personas afectadas por esta medida, constitucionalizada mediante la reforma de 18 de junio de 2008. Al respecto, hemos sostenido en diversos foros e informes presentados a nivel nacional e internacional que el arraigo debe desaparecer de la Constitución y la legislación secundaria federal y local, toda vez que constituye una práctica que viola per se los derechos de presunción de inocencia, libertad personal, libertad de tránsito, debido proceso y a la honra y reputación, sin contar con los cada vez más numerosos casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes asociados al arraigo, que vulneran los derechos de integridad física y mental de las personas en situación de arraigo.
Justamente en el marco del 5º examen periódico de México ante el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, el pasado mes de marzo, la CMDPDH presentó un informe en Nueva York en que se pidió al Comité instara al Estado mexicano a eliminar la figura del arraigo, toda vez que con ésta se establece “un sistema de excepciones a los derechos constitucionales que abren una puerta a la arbitrariedad, [que incluye también] la ampliación del concepto de delincuencia organizada y la flexibilización de las garantías individuales consagradas por la Constitución.” Cabe destacar que el Comité efectivamente instó a México a tomar esta medida, en el párrafo 15 de su Respuesta del 22 de marzo al informe redactado por el gobierno mexicano.