Ciudad de México, a 1ro de julio de 2010

Lic. Fernando Gómez Mont Urueta*

Secretario de Gobernación

PRESENTE 

Por medio de la presente, las organizaciones civiles y personas firmantes queremos manifestarle nuestro extrañamiento por sus recientes declaraciones en el marco de la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura, en el sentido de conminar a los defensores de derechos humanos a no “ser cómplices ni encubridores de las anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar, la acción de esa autoridad”. En ese mismo evento mencionó que a veces tiene diferencias de opinión con los organismos de protección de los derechos humanos “porque el terreno es complejo”. 

Desconocemos el propósito de tales declaraciones; sin embargo, indistintamente de su intención, resultan inaceptables por diversos motivos, entre los cuales destacamos los siguientes:

1. en una sociedad democrática, los actores públicos, privados y sociales no intercambian entre sí denuestos ni expresiones peyorativas. En ese sentido, un señalamiento del tipo que usted profirió resulta lamentable viniendo de cualquier actor público, principalmente de un funcionario gubernamental de tan alta investidura;

2. en un Estado democrático de Derecho, los derechos humanos no son ni pueden ser objeto de polémica, pese a la complejidad o gravedad de las circunstancias o de los intereses que suelen estar en juego al defender los derechos humanos de la población. Existe, por citar tan sólo tres ejemplos, un consenso universal en torno a la prohibición de la tortura, de las desapariciones forzadas de personas y de la aplicación extensiva del fuero militar en perjuicio de civiles, y sin embargo el Estado mexicano sigue considerando que estos temas son discutibles o están sujetos a flexibilización, lo cual contraviene los principios que fundan la legalidad y la legitimidad de un orden social democrático y justo en el cual las personas gocen de los mayores estándares en el ejercicio de sus derechos;

3. en una sociedad democrática, garante y respetuosa de los derechos humanos, no pueden ponderarse, ni jerarquizarse los derechos humanos, de tal modo que uno deba sacrificarse en aras del otro. Esto debe subrayarse: la seguridad es un derecho humano y no puede vulnerarse sin que vulnere al resto de los derechos humanos, toda vez que éstos son interdependientes, integrales e indivisibles. Defender los derechos humanos deslegitima y contiene únicamente la acción de gobiernos autoritarios que usan ilegítimamente la fuerza pública;

4. extraña que un funcionario que se precia de ser demócrata exprese su asombro de que los organismos públicos de derechos humanos contengan y condicionen el ejercicio del gobierno, ya que esa es justamente su función en una democracia cuando éste no cumple con su mandato. Lo contrario sería propiciar un orden de impunidad y de arbitrariedades;

5. a la luz de la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1998, el Estado mexicano y el gobierno del que usted forma parte deben tanto reconocer la importante labor social y democrática que realizan las instituciones públicas y las organizaciones sociales, y las y los defensores de derechos humanos, como brindar protección a su integridad;

6. los calificativos a los defensores de derechos humanos tildándoles de cómplices y de “tontos útiles” denota el peligroso lugar en que coloca la gran labor y el compromiso que guardan hacia la defensa y protección de los derechos humanos; calificativos que son contrarios a la posición pública e internacional que ha sostenido en diversas oportunidades el gobierno mexicano, del cual usted forma parte, de buscar la seguridad y el combate a la delincuencia con apego a derecho y respeto irrestricto de los derechos humanos;

7. denunciar y combatir violaciones de derechos humanos, tales como la tortura, no son tareas inscritas en una agenda política antojadiza o espontáneamente fijada por parte de los defensores de derechos humanos, sino que constituyen obligaciones del Estado mexicano, que se ha comprometido ante la comunidad internacional a respetar y proteger estos derechos y a prevenir la tortura. Por eso mismo firmó y ratificó el Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y por eso mismo cabildeó extensamente en la Organización de las Naciones Unidas para que fuera adoptado. Este compromiso no fue solamente una acción diplomática sin contenido ni sustancia, sino un compromiso político serio de un Estado democrático, por lo que no puede divorciarse de las acciones que ese mismo Estado debe llevar a cabo en el ámbito interno para garantizar la seguridad;

8. que el gobierno federal, los gobiernos locales, los organismos nacionales y locales de protección de los derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil defendamos activamente los derechos humanos resulta útil y necesario para lograr la consolidación de una sociedad democrática en nuestro país. Si estos derechos humanos se reconocieran y respetaran plenamente, la gente viviría en condiciones de paz, seguridad, salud, bienestar y libertad.

Reciba un cordial saludo,

Atentamente,

Las organizaciones: