Por Mercedes Torres Lagarde*
En todo el mundo y a lo largo de la historia, las personas con discapacidad psicosocial han constituido uno de los colectivos peor comprendidos y más discriminados en todos los ámbitos, ante la falta de información y el señalamiento estigmatizante transmitido de generación en generación que impone temor a estas personas con necesidades específicas.
En México existe un gran número de personas con discapacidad psicosocial internadas en hospitales psiquiátricos a pesar de la tendencia mundial de evitar su institucionalización, pues si bien a lo largo de la historia del hombre y en la mayoría de las culturas se optó por esconder y encerrar a esta población con el ánimo de invisibilizarla y evitar que “molestaran” al resto, este hecho constituye un tratamiento violatorio de los derechos fundamentales pues es una forma de perpetuar la discriminación y la segregación impidiendo una vida digna, autónoma e independiente dentro de la sociedad.
Las autoridades responsables de la salud mental de primer nivel (hospitales de alta especialidad), identifican entre las principales razones para que esta situación continúe, el abandono social de los pacientes y la falta de presupuesto que permita un adecuado tratamiento con aras de lograr su reinserción social. El rechazo y la consecuente imposibilidad de atender a las personas con discapacidad psicosocial en los hospitales “generales”, así como la falta de políticas preventivas y equipos multidisciplinarios que intervengan en la detección e intervención temprana de estas situaciones constituyen un agravante.
Con la nueva tendencia internacional de atención a personas con discapacidad psicosocial se ha planteando un nuevo reto: cambiar el paradigma bajo el cual estas personas son atendidas. De un modelo asistencialista institucionalizante que se ha demostrado ineficaz, estigmatizante y violatorio de derechos humanos, a un modelo que reconozca la calidad de persona y su derecho a ser parte integrante de la sociedad, viviendo en la comunidad y recibiendo allí los cuidados y las ayudas necesarias.
Este nuevo paradigma, previsto en diversos tratados internacionales y en específico en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la Organización de las Naciones Unidas, es mucho más adecuado y permite tener mayores posibilidades de mantener una vida digna a las personas con discapacidad y en específico a las personas con discapacidad psicosocial, aunque será necesario un sistema complejo (Artículo 12 de la CDPD) de ayudas y soportes que compensen las dificultades que la misma sociedad ha impuesto.
Es un hecho que las personas con discapacidad son deliberadamente excluidas del igual reconocimiento ante la ley. En muchos países incluyendo México, se considera que carecen de capacidad jurídica y son tratadas como civilmente muertos; impedidas de ejercer sus derechos frente a terceros por considerarlas incapaces –con mayor frecuencia respecto de personas con discapacidad psicosocial e intelectual- bajo el alegato de otorgarles una mayor protección de su “padre” el Estado, sustituyendo su voluntad por la de un tutor que no necesariamente vela por las intereses del “incapaz”.
A las personas con discapacidad psicosocial se les discrimina en todos los ámbitos, empezando por la denegación de ajustes razonables para que se desarrollen en igualdad de condiciones y accedan a la educación, a la salud, al trabajo, a una vivienda, a formar una familia, a vivir en la comunidad, sin dejar de lado que el Estado autoriza a particulares a que presten servicios y estos incumplen la ley y discriminan, como es el caso de las aseguradoras en lo referente a gastos médicos que excluyen expresamente la cobertura por trastornos mentales.
En este sentido cabe cuestionar ¿por qué empresas multinacionales que deciden establecerse en México, extrañamente optan por dejar de observar los mismos lineamientos normativos que sí cumplen en otros países? ¿Será que hay directores generales que inocentemente son inconsistentes o será que el Estado con tal de obtener recursos permite que se quebrante la propia Constitución? ¿Acaso a las grandes aseguradoras como Metlife o incluso Starbucks se les olvidan las coberturas o los requisitos de accesibilidad que sí cumplen puntualmente en el país vecino del norte?
Si bien es cierto que México fue el principal promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debemos señalar que no ha sido su principal observador. Las personas con discapacidad psicosocial en nuestro país son discriminadas y consideradas como ciudadanas de segunda categoría, empezando por la negación al ejercicio de su capacidad jurídica y, por ende, limitándolos en la toma de decisiones básicas de la vida diaria que al resto de la población no se les cuestionan.
Es por ello la importancia y la necesidad de observar, documentar, informar, concientizar y sensibilizar sobre la situación de extrema vulnerabilidad y sistemática violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial internadas en hospitales psiquiátricos y albergues donde parece ser la única opción disponible en nuestro país para las personas con esta realidad.
Un acercamiento al tema como primer paso para evidenciar las carencias y deficiencias de nuestro sistema que aborda el tema únicamente desde una perspectiva de salud, sin caer en cuenta que la discapacidad es ocasionada por el rechazo de la sociedad a ciertas diferencias que los seres humanos presentan, es el informe Abandonados y desaparecidos. La Segregación de Niños y Adultos con Discapacidad en México publicado en 2010 – tras una década que se evaluó esta misma situación en nuestro país con un informe cuyos descubrimientos se asemejan sorprendentemente- en el que se plasman los resultados obtenidos de visitas a más de 20 instituciones que prestan servicios de atención médico-psiquiátrica en México, haciendo a su vez un análisis amplio de la situación de las personas con discapacidad psicosocial en México y proponiendo vías de cambio y acciones que el Gobierno mexicano debería de seguir en aras de dar cumplimiento a los compromisos internacionales que ha asumido en beneficio de sus gobernados.
http://issuu.com/cmdpdhlacomi/docs/informe_abandonados_y_desaparecidos_dri_cmdpdh
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* Coordinadora del Área de Discapacidad y Derechos Humanos de la CMDPDH.