Por Sergio Leñero y Silvano Cantú *
«Gracias por preocuparse por nuestra seguridad», decía la cartulina que un niño mostraba al contingente de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad que recorría el 8 de mayo las calles y avenidas del Distrito Federal. En una manifestación espontánea de la ciudadanía, a través del recorrido de la movilización se apreciaron las muestras de apoyo de los vecinos que veían a los manifestantes recorrer las calles de la capital. Hubo quienes ofrecían agua o alimentos y lanzaban gritos de apoyo a las miles de personas que desfilábamos frente a sus ventanas.
Personas de todas las edades acudieron a manifestarse. Sin un color partidista; solo con la convicción de levantar su voz por el irracional derramamiento de sangre en nuestro país, por el despliegue en las calles, sin controles democráticos, de las fuerzas armadas; de una estrategia de seguridad que lo único que percibe la ciudadanía que ha arrojado es una violencia creciente en la que las víctimas de violaciones de derechos humanos lamentablemente se suman a diario.
La marcha logró que confluyeran grupos de diversa ideología con una misma exigencia: paz. Pero no una paz belicista, como la que parecerían postular muchos tomadores de decisiones del país, sino una con justicia y dignidad. Con justicia: por el castigo de los culpables y la reparación integral del daño a las víctimas; con dignidad: por una seguridad ciudadana e integral, que respete a la persona humana y propicie la construcción de una sociedad más igualitaria.
Por si las autoridades tenían dudas, sépanlo que está confirmado, se los dijimos en silencio decenas de miles de personas entre el 5 y el 8 de mayo, entre Cuernavaca y el Zócalo, en Washington y Londres, en Monterrey y Guadalajara, en Juárez y en Morelia: ¡ya basta, basta de sangre, estamos hasta la madre!
El reclamo no es gratuito. 40,000 personas fallecidas (dice la autoridad que el 90% eran delincuentes, pero nadie conoce las sentencias firmes que lo demostraran), más de cinco mil desaparecidos, 60,000 militares en las calles, cerca de dos mil armas entrando diariamente por nuestra frontera norte, el 98.3% de los delitos quedan impunes… Ante ello, resulta urgente que las autoridades pongan “fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana”, como precisa el pronunciamiento “Por un México en paz con justicia y dignidad”, leído en el Zócalo ante miles de personas que fueron llevadas por su propio pie, por su deseo de ver un cambio, por el dolor de sus sensibles pérdidas en el contexto de la actual “guerra contra la delincuencia”. De cierto, la seguridad es un derecho humano, no un pretexto para violarlos. Las personas que el 8 de mayo marchamos esperamos que las autoridades asuman sus responsabilidad, no que las repartan como si no tuvieran ninguna. El “ya basta” va dirigido a la delincuencia, sí, pero también, y de manera central, al Estado, que está obligado a garantizar la seguridad. Al hacerlo, debe ser irrestrictamente respetuosos de los derechos humanos y de las instituciones democráticas del país; también debe atacar las causas de fondo de la inseguridad, a saber, la desigualdad, la corrupción y la impunidad. No lo han hecho hasta ahora. Consideremos esta comparación: frente a los más de dos mil arraigosemitidos de 2008 a la fecha, muchos de los cuales terminan en absoluciones, hay solamente 327 averiguaciones previas sobre lavado de dinero de 2006 a la fecha. Los intereses reales de la delincuencia permanecen intocados. De ahí la pertinencia del numeral 4 del pronunciamiento de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad: “Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen”.
Miles y diversas voces respondieron al llamado del poeta Javier Sicilia para demandar al Estado y a la sociedad civil un pacto nacional que termine con la incertidumbre frente a la inseguridad, la impunidad y la falta de garantías a los derechos humanos en el país, que este domingo congregó a decenas de miles de personas durante su recorrido de más de 90 kilómetros desde Cuernavaca, Morelos. Lo que sigue no se mide en kilómetros, sino en acciones. Aunque el gobierno federal coquetea con la posibilidad de sustraerse de sus obligaciones objetivas en materia de seguridad como “respuesta” a la Marcha, culpando unívocamente a la delincuencia y a los gobiernos locales, debe entender de una buena vez que ya no puede, que es muy tarde para seguir buscando chivos expiatorios, como los miles de culpables fabricados durante los últimos años. Si no entiende ahora, ¿cuándo, de qué manera?
* Los autores son Director de Comunicación y Director de Incidencia e Investigación, respectivamente, de la CMDPDH.
