Por Juan Carlos Gutiérrez Contreras*

Ginebra, Suiza, junio de 2011.- El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDH-ONU) es la máxima instancia internacional en la materia. Es el espacio en el que confluyen los informes y recomendaciones de los cuerpos de la ONU especializados en el tema y también representa la posibilidad de tomar la voz para visibilizar aquello en lo que los países deben mejorar para que los derechos se respeten efectivamente. Presentes en el marco del 17º período de sesiones del CDH – ONU, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil mexicanas expusimos algunos temas de preocupación y urgencia. En este sentido, tuve el honor de hablar en nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), a las cuales agradezco la confianza depositada para compartir este mensaje con la comunidad internacional.

El primero de ellos es un reconocimiento por la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, dirigido a las y los legisladores federales y locales, sus asesores, la Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y de manera destacada, a las organizaciones de derechos humanos que desde hace años pugnamos por llevar los derechos a rango constitucional y contar con mecanismos efectivos para su realización cotidiana. Es innegable que la reforma es una revolución copernicana en el derecho mexicano, que con esto se pone al día en la materia y ofrece un marco normativo de mayor protección de las personas para enfrentar los múltiples desafíos que la violencia, la discriminación, la criminalidad y la desigualdad plantan a todas y todos en México.

No obstante el avance innegable que esta reforma representa, su consolidación debe ir de la mano con un cambio sustantivo en el sistema de justicia y en la actual política de seguridad. Al lado de la Relatora Especial de Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, la señora Gabriela Knaul, las organizaciones exigimos al Estado mexicano que acate las recomendaciones de los organismos internacionales, entre otros el recientemente presentado informe de la Relatora sobre su visita a México, en el sentido de que el arraigo debe ser eliminado de nuestro ordenamiento jurídico (cfr. párrafos 92 y 94 bb)). El Estado mexicano ha manifestado una franca falta de disposición para acatar estas recomendaciones, pese a que sus representantes conocen los múltiples testimonios de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el momento de la detención previa al arraigo, así como las violaciones al debido proceso y el principio de legalidad que esta medida representa. La claridad y la contundencia de estos informes y denuncias NO puede seguir siendo pasado por alto por el Estado, que tiene la obligación de abatir la delincuencia sin incurrir en violaciones de derechos humanos, sin persistir en la aplicación de un régimen paralelo de excepción.

En reiteradas ocasiones hemos manifestado que la seguridad es un derecho, que debe garantizarse con respeto integral e irrestricto de todos los demás derechos. Sin embargo, en los últimos cuatro años, alrededor de 45 mil personas han sido asesinadas sin que existan investigaciones ni responsables sobre estos crímenes. Las organizaciones hemos contabilizado más de 5 mil desaparecidos y cerca de 60 mil militares en las calles realizando funciones de policías, así como una tasa de impunidad del 98.3% de los delitos. Suma altamente preocupante. Cada día nuestro país se sorprende con la aparición de fosas comunes con más de 200 cadáveres, muchos de ellos migrantes y jóvenes que han sido asesinados, a pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad , lo cual nos permite manifestar que en estos hechos existe, por acción u omisión, una responsabilidad del Estado.

En este contexto, es evidente el aumento de casos de violaciones graves de los derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas en labores policíacas de combate a bandas delictivas, patrullajes militares en calles y espacios públicos y retenes en avenidas y carreteras. Las denuncias nunca son investigadas y hasta el momento no existe un solo miembro de las fuerzas armadas condenado por un juez civil por estos hechos. Se continúa aplicando la jurisdicción militar para investigar las violaciones de derechos humanos, a pesar de las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo prohíben y condenan al Estado mexicano a reformar el Código de Justicia Militar, en consonancia con informes de diversos relatores de la ONU, el Examen Periódico Universal y el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada. Esta situación es más preocupante, cuando hoy se está discutiendo en la Cámara de legisladores una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional que ha llegado a prever aplicar extensivamente la jurisdicción militar a casos en los que se encuentren civiles involucrados y otorgar facultades de investigación a las fuerzas militares.

Ante las denuncias de miles de víctimas y recomendaciones de organismos internacionales, el Estado Mexicano ha manifestado tajantemente su negativa a reconocer la existencia de un patrón sistémico de impunidad en casos ampliamente documentados. Por ello, hemos exhortado a las autoridades ante el CDH – ONU a que asuman las recomendaciones presentadas por la Relatora de Independencia de Jueces y Abogados y a que asuman su responsabilidad de combatir el delito con respeto irrestricto de los derechos humanos y las instituciones democráticas del país, poniendo fin a la estrategia de guerra y militarización. Una guerra que deja una estela de sangre y sufrimiento impune no puede representar un triunfo, sino un camino a la incertidumbre e irrespeto de los derechos de todas y todos. México debe actuar asumiendo sus responsabilidades y compromisos internacionales. El Estado no lo ha hecho hasta ahora.

*Director General de la CMDPDH.