Comunicado de prensa
CP/09-260611
México D.F., 26 de junio de 2011
- Día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura
- La política de seguridad, perpetúa su práctiica
El día 26 de junio se celebra el día internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, declarado por la Asamblea General de la ONU desde 1997. Esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre las nefastas consecuencias que esta violación a los derechos humanos trae para las víctimas de la misma, así como sobre la persistencia de la tortura a pesar de ser un acto estrictamente prohibido por el derecho internacional.
Esta reflexión es particularmente relevante en el caso de México, país que ha ratificado los instrumentos más relevantes en contra de la tortura, tales como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. México también cuenta con una Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y todas las entidades federativas de la República Mexicana han tipificado el delito de tortura en sus respectivas legislaciones.
Sin embargo, la persistencia de la tortura en México es algo innegable. A pesar de que la tortura es un acto poco denunciado públicamente, ya que uno de sus efectos es precisamente la intimidación de la víctima para que no presente quejas o denuncias, organismos tanto nacionales como internacionales (entre estos últimos el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU) han documentado la existencia de las mismas viejas prácticas que la ratificación de tratados y la aprobación de leyes no han podido erradicar, léase la extracción de declaraciones autoinculpatorias a base de tortura, el empleo de la tortura como herramienta de represión política (por ejemplo, las mujeres de Atenco) y el uso de la tortura y otros malos tratos como castigos en centros de reclusión.
Estas prácticas siguen vigentes gracias a la impunidad de la que gozan los torturadores y a la complicidad de las instituciones al cobijar a sus elementos sospechosos de cometer actos de tortura. En México, la tortura goza de una impunidad del casi 100%, ya que son muy escasas las sentencias condenatorias por este delito.
Por otro lado, el combate a la delincuencia organizada por parte de la actual administración ha acentuado hasta el grado de normalizar el empleo de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad en el país. Desde el año 2008, las quejas por tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se han incrementado, alcanzando niveles que no se veían desde mediados de los años 90. En gran parte, esto es debido a supuestas medidas contra la delincuencia organizada promovidas por el Ejecutivo Federal y que han sido aplicadas indiscriminadamente en contra de la población, tales como el arraigo penal y el uso del ejército en tareas de seguridad pública. Estas y otras medidas han propiciado un vacío legal que se traduce en la ausencia de Estado de derecho, lo que a su vez crea un caldo de cultivo para la propagación de la tortura. Así por ejemplo, tan sólo de enero a abril de este año, han sido presentadas más de 600 quejas que señalan a las fuerzas armadas por malos tratos, muchos de los cuales pueden llegar a ser clasificados como tortura. De acuerdo también con información proporcionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de junio de 2008 a abril de 2010 fueron presentadas aproximadamente 120 quejas por personas sujetas a arraigo, de las cuales 70 alegaron ser objeto de malos tratos que podrían llegar a ser considerados como tortura.
Por lo tanto, en el marco de la celebración del día internacional en apoyo a las víctimas de tortura, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos insta al gobierno federal y gobiernos de las entidades federativas a dejar a un lado la retórica y a promover medidas efectivas para la erradicación de la tortura. Urge sensibilizar en este tema a los funcionarios dedicados a tareas de seguridad pública y administración de justicia, castigar a los culpables de haber cometido tortura, reparar a las víctimas de esta atroz violación a los derechos humanos y modificar o eliminar aquellas prácticas que promueven su empleo. En este sentido, la tortura constituye un acto reprobable a tal magnitud que resulta inconcebible el tránsito a un Estado democrático de derecho mientras se siga cometiendo.
Comunicado de prensa de la OMCT en PDF.
Campaña internacional en favor de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos.
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