Por Juan Carlos Gutiérrez Contreras*
La impunidad expresa en la incapacidad de asegurar las sentencias condenatorias en los casos de presunta violación de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, así como la contradicción entre el alto índice de impunidad y el alto número de personas, al parecer inocentes, encarceladas, son de las preocupaciones principales que la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo planteó en Bruselas tras su visita a México.
El 14 de junio en el pleno del Europarlamento, los integrantes de la Subcomisión presentaron sus impresiones de la visita de trabajo a México, que llevaron a cabo en mayo pasado, y manifestaron: «Nos unimos a todos aquellos quienes nos han dicho que la impunidad en el país debe terminar, esto para garantizar que aquellos responsables de la violencia en contra de las mujeres, los migrantes, las comunidades indígenas, las personas con orientaciones sexuales diferentes así como de todos los defensores de derechos humanos, sean sometidos a la justicia. Esto es absolutamente necesario para evitar que estas violaciones continúen en el futuro.»
Recordaron las Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en las que se ordena que las violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad, sin ninguna excepción, deben ser investigadas y juzgadas en el marco del sistema de justicia civil.
Asimismo, enfatizaron la disposición de la Unión Europea para apoyar al Estado mexicano en la realización de su compromiso de establecer pronto un mecanismo de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo, que cuente con la plena participación de las organizaciones de la sociedad civil.
Especial énfasis hicieron sobre la implementación de las reformas en el sistema de justicia penal; la protección de la independencia del Poder Judicial, con la finalidad de asegurar las sentencias condenatorias en la práctica, introducir un sistema integral de protección de testigos y demostrar que la lucha contra el crimen organizado puede conducirse de manera exitosa sin poner en peligro el respeto a los derechos humanos».
Durante mi intervención frente a los integrantes de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, señalé que México se encuentra hoy celebrando la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, la cual permitirá que la Constitución se convierta en un catálogo de derechos humanos que pueda ser ampliado por los tratados internacionales, así como por cualquier norma que implique una mayor protección de los derechos en México. En este sentido, es importante que la Unión Europea observe la gran ventana de oportunidad que se abre con esta enmienda, en especial, la posibilidad de realizar leyes de reparación del daño por violaciones a los derechos humanos y un marco adecuado que permita el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de los órganos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Frente a lo expresado por europarlamentarios sobre la jurisdicción militar, sostuve que contrario a las sentencias y las recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos, el Ejecutivo mexicano no está cumpliendo con las reformas al fuero militar, más por el contrario, está fortaleciendo la jurisdicción militar. Por ello, exhortamos a las autoridades de la UE para que en el diálogo político y en la definición de las prioridades de cooperación con el gobierno mexicano se ubiquen en un lugar adecuado las diversas recomendaciones emitidas por órganos de la ONU, en especial las presentadas recientemente por la Relatora de Independencia de Jueces y Abogados y las sentencias de la Corte Interamericana, que claramente piden restringir el fuero militar.
Por otra parte, destaqué las condiciones y uso de la figura del arraigo en México, el cual configura un subsistema de excepción consistente en la aplicación de una pena precondenatoria que flexibiliza las garantías judiciales de las personas, colocándolas en un limbo jurídico en el que no son ni indiciadas ni inculpadas y, por estas razones la Unión Europea debe hacer suyas las recomendaciones de la Relatora Especial de Independencia de Jueces y Abogados, la Sra. Gabriela Knaul, en el sentido de que el arraigo debe ser eliminado de nuestro ordenamiento jurídico. Esta figura también contradice abiertamente las directrices europeas para combatir la tortura. El Estado mexicano ha manifestado falta de disposición para acatar estas recomendaciones, en tanto la medida está justificada como necesaria para combatir efectivamente el delito. La Unión Europea debe recordar al Estado mexicano que no puede pasar por alto que un régimen democrático tiene la obligación de abatir la delincuencia sin incurrir en violaciones de derechos humanos.
Desde la CMDPDH reconocemos que la falta de seguridad constituye una amenaza a la estabilidad, al fortalecimiento democrático, al Estado de Derecho y al desarrollo. El crimen organizado constituye un desafío político para nuestra democracia y exige respuestas claras compatibles con la defensa de los derechos humanos. Ello incluye el fortalecimiento de los cuerpos policiales de vigilancia, protección e investigación del delito y, a su vez, la obligación del Estado de proveer de seguridad a sus ciudadanos en el marco de un orden democrático, de imperio del Estado de Derecho y de respeto a los derechos humanos concretando una obligación que busca expresarse en políticas de seguridad pública de largo plazo, integrales y con una perspectiva de género. Tenemos la confianza de que este punto de vista es compartido por gente sensible al tema, de este y del otro lado del Atlántico.
*Director General de la CMDPDH