Por Daniel Joloy Amkie *
Los últimos cinco años han visto una escalada en el número de agresiones en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. La situación de violencia en el país, así como el consecuente aumento de violaciones graves a los derechos humanos a raíz de la estrategia de combate a la delincuencia organizada emprendida por el Presidente Calderón desde 2006, ha elevado el riesgo de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos en México.
Entre 2006 y 2010, según reportes de la sociedad civil, 61 defensorxs fueron asesinados y al menos otros 4 desaparecidos. Tan sólo en los últimos tres meses de 2011 tres activistas fueron asesinados y una mas agredida y amenazada. A Pedro Leyva, líder indígena en el estado de Michoacán, le quitaron la vida el 6 de octubre. Nepomuceno Moreno, quien había denunciado la desaparición forzada de su hijo, fue asesinado en el estado de Sonora el 28 de noviembre. Días más tarde, fue encontrado el cuerpo con evidentes huellas de tortura de Trinidad de la Cruz, comunero del estado de Michoacán. La activista Norma Andrade, quien ha exigido justicia por el feminicidio de su hija, fue atacada y amenazada en dos ocasiones, primero en Ciudad Juárez y luego en la ciudad de México donde había sido trasladada para su protección. A la fecha, ninguno de todos estos crímenes ha sido esclarecido y permanecen en la impunidad.
Según el más reciente informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicado en julio de 2011, «El Derecho a Defender: Informe Especial sobre la Situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos en México«, entre enero de 2005 y mayo de 2011 se registraron un total de 523 expedientes relacionados con agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. Cabe destacar que, mientras entre 2005 y 2009 el promedio5 fue de 21 expedientes por año, en 2010 se registró un total de 48 expedientes y en 2011 59, lo que significó un aumento superior al 100%.
Por su parte, las relatorías para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos, tanto de la ONUcomo de la CIDH, destacaron en sus informes más recientes el aumento de las amenazas y hostigamientos en contra de defensores y defensoras en México. De igual forma, organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), así como la propia Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han dado cuenta también del aumento sostenido en las agresiones contra defensores y defensoras.
Es por ello que distintos mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado a México la creación de un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos que garantice las condiciones adecuadas para el desempeño de la importante función que defensoras y defensores de derechos humanos realizan. Asimismo, se ha instado al Estado mexicano a implementar medidas de prevención con el fin de eliminar las causas que generan dichas agresiones.
En virtud de ello, diversas organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado durante los últimos meses, junto con representantes del Poder legislativo, en el diseño y redacción de una ley que contemple acciones tanto de prevención como de protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las y los defensores de derechos humanos.
Así, la iniciativa de Ley fue presentada ante el Pleno del Senado el pasado 15 de marzo, contando con el apoyo de más de 75 Senadores y Senadoras de las distintas bancadas y el respaldo de más de 200 organizaciones de la sociedad civil.
No obstante, el camino para su aprobación aún es largo. Actualmente, la iniciativa se encuentra bajo análisis en las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, quienes deberán aprobar un dictamen para ser sometido nuevamente ante el Pleno del Senado. Posteriormente, la Ley deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados para que ésta entre en vigor.
La situación de extrema vulnerabilidad por la que atravesamos defensoras y defensores de derechos humanos requiere de acciones concretas por parte del Estado mexicano para garantizar las condiciones adecuadas de seguridad. La Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos es tan sólo un paso para que el Estado cumpla con dicha obligación.
Tan sólo quedan unas semanas antes de que concluya el actual periodo de sesiones en el Congreso. Es por ello que hacemos un atento llamado a todas y todos los Senadores, en particular a quienes conforman las Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, para aprobar de manera íntegra y a la brevedad la iniciativa y demostrar así su compromiso y sensibilidad ante un tema de gran preocupación nacional.
* Coordinador del Área Internacional de la CMDPDH.