Organizaciones internacionales y nacionales de defensa y promoción de derechos humanos enviaron escritos a los Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que exponen argumentos en relación a la discusión de la propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz sobre la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 27 de agosto, el Ministro Cossío Díaz presentó la Consulta a Trámite en el Expediente Varios 489/2010 Caso Rosendo Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos en la que expone las obligaciones internacionales del Estado mexicano en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos elaboró unamicus curiae que entregó a la SCJN el 30 de agosto para la discusión en el pleno.
Por su parte, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), envió una carta al pleno de la Suprema Corte el pasado 6 de septiembre en la que hace un llamado sobre la obligación del Estado de acatar los términos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
A la par Amnistía Internacional emitió una declaración pública en la que enfatiza la oportunidad histórica que tiene la SCJN en la defensa de los derechos humanos al reconocer la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH.
En tanto, un grupo de senadores del PRD y PAN presentaron el 2 de septiembre unaproposición con punto de acuerdo en la que exhortan a la SCJN a que se pronuncie por la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH.
El 7 de septiembre y tras cuatro sesiones de discusión, la mayoría del pleno de la SCJN, por ocho votos contra tres, decidió que no era pertinente revisar por ahora el caso Radilla, porque era necesario elaborar un nuevo dictamen.
En un comunicado, organizaciones civiles de defensa y promoción de derechos humanos se pronunciaron respecto a la decisión de la SCJN, en el que señalaron que «es decepcionante la resolución emitida el día 7 de septiembre de 2010 por parte del máximo órgano de justicia del país, que decidió posponer el debate público y convocar a sesión privada para continuar discutiendo el tema. Es evidente que esta resolución implica retrasar la decisión de un asunto de trascendental importancia para la vida democrática del país, en particular, consideramos que con esta resolución, la SCJN continúa evadiendo el tema central de la competencia para el juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos en el fuero civil.»
Amicus curiae de la CMDPDH entregado a la SCJN
Carta de la AEDIDH entregada al pleno de la Suprema Corte
