La figura del arraigo fue elevada a rango constitucional con la reforma de justicia penal de 2008. Ésta constituye una forma de detención arbitraria que permite la vigilancia permanente del ministerio público sobre personas sospechosas de cometer algún delito o que tengan información relacionada con éste; su fin es incrementar el tiempo con el que cuenta la autoridad para reunir pruebas contra la persona arraigada. El objetivo del arraigo no es determinar su una persona es inocente o culpable, sino que se priva a la persona de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa de juicio.
La reforma constitucional es contradictoria pues consta de dos partes incompatibles entre sí: la primera implica un avance innegable en materia de reconocimiento de derechos de los sujetos procesales y un funcionamiento más efectivo del sistema de justicia penal, lo cual se condensa en la constitucionalización de los principios del sistema acusatorio, el fortalecimiento del debido proceso legal y la presunción de inocencia, entre otras medidas inscritas en el ámbito de todo Estado democrático de derecho; la segunda ha establecido un sistema de excepción que flexibiliza los derechos del acusado, privilegia los esquemas precondenatorios o cautelares de proceso penal, incluyendo formas de privación de la libertad que implican la imposición de penas sin condena, facultando al Estado a ampliar su poder de castigar a discreción, lo cual se identifica con la incorporación a la Constitución de figuras como el arraigo o la prisión preventiva automática.
La ejecución de penas precondenatorias como el arraigo, que flexibilizan las garantías judiciales de las personas colocándolas en un limbo jurídico en que no son ni indiciadas ni inculpadas, y que abre la puerta a la detención arbitraria y la tortura estorban al propósito de implementar un sistema acusatorio y garantista de justicia penal sobre la base de procedimientos que cumplan con los imperativos de un Estado democrático de derecho.
El libro que tiene el lector en sus manos es una de las publicaciones más completas sobre la figura del arraigo y que refleja el trabajo que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha venido desarrollando desde hace cuatro años. La CMDPDH ha sido una de las primeras organizaciones en monitorear los casos de arraigo en toda la República, documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas bajo esta figura. Por ello, nuestro objetivo es también por medio de este texto contribuir al debate público que lleve a la eliminación de la misma.
Libro completo «La Figura del Arraigo Penal en México» disponible en PDF