Los intentos por combatir la delincuencia organizada en México mediante el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ha provocado el aumento de violaciones graves a los derechos humanos en el país. La CMDPDH ha investigado este fenómeno y ha comprobado que los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales en México han aumentado considerablemente debido a la estrategia de seguridad pública basada en la militarización de la seguridad pública.
Autoridades de gobierno federal y estatal han justificado el uso de la fuerza como necesaria para atender la compleja problemática de la delincuencia organizada. Sin embargo, el uso de la fuerza letal ha sido indiscriminado, y elementos de las Fuerzas Armadas han privado de la vida a personas no armadas en acciones en contra de la delincuencia organizada. En muchas ocasiones, las ejecuciones extrajudiciales son disfrazadas por las autoridades, alterando la escena del crimen e inculpando falsamente a víctimas inocentes como sicarios o delincuentes.
El caso del Sr. Figueroa, acompañado por la CMDPDH, es un ejemplo emblemático del uso letal de la fuerza en que elementos militares atentan contra la población civil para posteriormente justificar la ilegalidad del hecho e incriminar falsamente a las víctimas. Las autoridades, lejos de esclarecer y reparar a las víctimas, han actuado negligentemente al violar el acceso a la justicia de sus familiares y al no cumplir con su obligación de investigar y sancionar a los responsables. Aunado a esto, sus familiares han sido acosados y hostigados para obligarles a desistir de sus esfuerzos por alcanzar la verdad y la justicia.
En virtud de ello, la CMDPDH presenta al Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales un análisis sobre los efectos que tal estrategia de seguridad pública ha tenido en la vigencia y el respeto de los derechos humanos en México, en particular sobre el aumento de las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad que le rodea.