- Hace 20 años elementos del ejército mexicano torturaron y ejecutaron extrajudicialmente a tres indígenas tzeltales en la comunidad “Ejido Morelia” en Altamirano, Chiapas.
- A la fecha el Estado mexicano no ha cumplido con las recomendaciones del informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre las que se encuentra la investigación y sanción de los responsables, así como la reparación integral a los familiares de las víctimas.
México, 14 de Enero de 2014.- El 7 de enero de 1994, el ejército mexicano penetró violentamente la comunidad indígena ubicada en Altamirano, Chiapas “Ejido Morelia”, reunieron a todos los habitantes del lugar y separaron a tres indígenas: Severiano y Hermelindo Santiz Gómez, y Sebastián Santiz López. Una vez trasladados a la sacristía de la iglesia, los tres fueron torturados y posteriormente trasladados en un vehículo militar. El 11 de febrero de 1994 sus restos fueron encontrados en el camino que une Altamirano con el Ejido Morelia.
El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la falta de voluntad y capacidad del Estado Mexicano para investigar, procesar, sancionar a los responsables y reparar las violaciones cometidas en contra de las víctimas, sus familiares y la comunidad. En 1998, la dicha Comisión emitió el Informe N° 48/97 en el cual recomendó, entre otros:
1) realizar una investigación rápida, imparcial y efectiva, con miras a ejercer las acciones penales correspondientes;
2) reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos que fueron constadas.
A pesar de la colaboración inicial del Estado mexicano y del estado de Chiapas con las organizaciones peticionarias y las familias de los tres indígenas Tzeltales, a 20 años de las violaciones, no se ha dado cumplimiento integral a las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana.
Por lo tanto, exhortamos al Estado Mexicano a que cumpla de buena fe con su obligación Constitucional de respetar los derechos humanos de los familiares de las víctimas y que se haga justicia. También, hacemos un llamado a las autoridades federales competentes para que se repare integralmente a las víctimas y sancione a quienes han permitido la demora injustificada de las investigaciones penales.
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