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Carta Abierta: Harper, Obama y Peña, necesario poner los derechos humanos en el centro del debate

por | Feb 18, 2014 | Comunicados

Ciudad de México, 18 de Febrero de 2014

 

Sr. Stephen Harper
Primer Ministro de Canadá

Sr. Barack Obama
Presidente de los Estados Unidos de América

Sr. Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Distinguidos mandatarios,

La próxima cumbre de los Líderes de América del Norte, que se celebrará en la ciudad de Toluca, México, representa una invaluable oportunidad para que se discutan asuntos relacionados con la agenda cada vez más activa de nuestros tres países. Sin embargo, hemos observado con preocupación que la discusión se centrará únicamente en asuntos de crecimiento económico, especialmente a través de la profundización del libre comercio. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, el tráfico ilegal de drogas se ha incrementado en la región americana y las armas fluyen más fácilmente desde los Estados Unidos a los demás países.

Tal parece que en su próximo encuentro los líderes de América del Norte evadirán discutir sobre la escalada de violencia en la región, particularmente en México, generada principalmente por la fallida guerra contra las drogas iniciada por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y que gozó con el respaldo material de los Estados Unidos de América. Como ustedes saben, dicha estrategia desató una ola de violencia en un número importante de estados del país e hizo que se priorizara la agenda seguridad -particularmente del uso de la fuerza letal- respecto de otras alternativas, con lo cual se asfixió la voluntad del Estado mexicano para avanzar en la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal.

En los últimos siete años –pero no exclusivamente- se han evidenciado los efectos negativos de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en concreto respecto de los derechos humanos de la población civil. Aunque en los Estados Unidos de América está prohibido el uso del ejército en funciones de seguridad pública, dicho país ha apoyado a su contraparte mexicana en el uso de las fuerzas armadas para desempeñar labores que debieran corresponder únicamente a las fuerzas policiales civiles.

Si bien el discurso en materia de seguridad ha cambiado desde que el Presidente Peña Nieto entró en funciones en diciembre de 2012, las estadísticas evidencian que la violencia no cesa, ni tampoco las violaciones a los derechos humanos. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre el 1 de diciembre de 2012 y 1 de enero 2014, se han registrado 938 denuncias de violaciones a derechos humanos por dichas fuerzas armadas.

Esa constante militarización y la falta de cambios sustanciales en la política de seguridad, incluida la política relacionada a las drogas, han tenido efectos devastadores en México. Por ejemplo, se habla de más de 100.000 personas asesinadas o ejecutadas, más de 25.000 personas desaparecidas -según cifras oficiales- y miles más de personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado. Estas cifras, estos rostros de nuestros seres queridos, acompañados por una historia personal, no pueden seguir siendo ignorados por más tiempo. Como una organización de derechos humanos que acompañamos víctimas de tortura, ejecuciones extrajudiciales, violación sexual, detenciones arbitrarias y desaparición forzada a manos de las agencias de seguridad del Estado y de la impunidad consecuente, expresamos nuestra preocupación por la falta de cambios sustanciales en la política de drogas.

Diversos cambios recientes a lo largo del continente han iniciado una tendencia hacia una nueva política de drogas, basada en el respeto de los derechos humanos y las premisas de la seguridad ciudadana. Los gobiernos de Canadá, Estados Unidos de América y México deben impulsar una política que siga esa tendencia y poner los derechos humanos en el centro de sus discusiones. La política de drogas no es sólo una cuestión que el gobierno mexicano tiene que enfrentar, sino una preocupación global que debe ser priorizada por los líderes de América del Norte.

Al igual que otras organizaciones de la región, le damos la bienvenida a los cambios que están siendo implementados en Uruguay, más de 20 estados de los Estados Unidos de América, que han regulado la marihuana para uso medicinal e incluso recreativo (Colorado y Washington). También celebramos el reciente debate iniciado en la Ciudad de México por el Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa sobre la política de drogas.

Por lo anterior, distinguidos mandatarios de Canadá, Estados Unidos de América y México, les hacemos un respetuoso llamado a que aprovechen esta importante reunión para trazar el camino tendiente a terminar con el dolor causado a millones de personas en México y el mundo por la fallida guerra contra las drogas. Este es un momento para poner a los derechos humanos, la salud y la seguridad ciudadana en el centro del debate.

Atentamente,

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.

Para cualquier duda o aclaración favor de contactar a: Dr. José Antonio Guevara Bermúdez, Director Ejecutivo Teléfono: +5255-5564-2582. ja_guevara1@me.com y direccion@cmdpdh.org

Carta completa versión inglés

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