- La CMDPDH celebra la publicación del informe de la Comisión Global de Política de Drogas.
- Es primordial que el Estado Mexicano reconozca las diversas problemáticas que ha desatado la prohibición y combate de algunas sustancias, así como la necesidad de buscar alternativas a las estrategias actuales.
El respeto a los derechos humanos estuvo muy presente en la presentación del informe, con la participación de la Sra. Louise Arbour ex-Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien dijo que “El modelo que hemos abrazado durante los últimos 50 años ha demostrado ser inefectivo, ineficiente y muy costoso. Y no solo digo costos de lado financiero, sino de los costos humanos—costos catastróficos que no ha cumplido la ridícula promesa inicial (de un mundo sin drogas).”
El informe enfatiza cinco prácticas necesarias para comenzar a garantizar el respeto a los derechos humanos en todo el mundo:
1) Poner la salud y la seguridad de las personas en el centro del debate.
2) Garantizar el acceso a medicamentos esenciales y a aquellos que contribuyen al control del dolor.
3) Poner fin a la criminalización y al encarcelamiento de las personas usuarias de sustancias actualmente ilícitas.
4) Aplicar modelos de prevención focalizada, reducción de daños y tratamiento para personas usuarias que han desarrollado dependencia.
5) Regular los mercados de drogas y adaptar las estrategias represivas para enfocar esfuerzos en el combate de los grupos criminales más violentos y perjudiciales.
La ex presidenta de la Confederención Helvética Ruth Dreifuss señaló que las políticas públicas relativas a las drogas requieren una “reorientación fundamental de las prioridades y de los recursos”.
Dentro de las principales recomendaciones incluidas en el informe, la CMDPDH considera especialmente pertinente la siguiente:
“Es preciso enfocarse en la reducción del poder de las organizaciones criminales, así como la violencia e inseguridad que resultan de la competencia entre sí y con el Estado.” [1]
En esta recomendación la CGPD plantea la necesidad de que los gobiernos sean más estratégicos en la iniciativas legislativas, en especial las relacionadas con el uso de las fuerzas armadas para el combate al narcotráfico, en el desplazamiento de la producción de drogas ilícitas y en el control de las rutas, dado que “pueden muchas veces exacerbar la violencia criminal y la inseguridad pública sin de hecho detener la producción, tráfico o consumo de drogas”[2].
El informe cuestiona la efectividad de la militarización de los esfuerzos en el combate a las drogas y lo califica como “a menudo […] contraproducente”[3]. Asimismo, acentúa la necesidad de ampliar y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas en temas relacionados a violaciones a los derechos humanos cometidas en esfuerzos de combate a las drogas.
Durante la presentación del informe el ex presidente de México y miembro de la Comisión, Ernesto Zedillo, afirmó que “los gobiernos deben evitar acciones que, sin llegar a disuadir el tráfico de drogas, exacerban la violencia criminal y la inseguridad pública, ponen en peligro la integridad de instituciones claves, como las fuerzas armadas, y ponen en riesgo el respeto a los derechos humanos”.
La CMDPDH hace un llamado enérgico al Estado mexicano a cumplir con dichas recomendaciones que permitirán dar una respuesta integral a las problemáticas generadas por la prohibición y el combate a las drogas y a los problemas asociados a su consumo.
Informe completo: http://www.gcdpsummary2014.com/bienvenidos/#foreword-from-the-chair-es
[3] Ídem
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