El próximo 25 de mayo se cumplen 4 años de la entrada en vigor de la Ley de Migración (LM), la primera en México y con la que se buscaba ampliar la protección de los derechos humanos de la población migrante en nuestro país, sin importar el proceso migratorio en el que estuvieran, además de proteger a nuestros connacionales migrantes. No obstante, dicha ley se centró en la regulación de la entrada y salida de la población mexicana y extranjera del país, el tránsito y la estancia de las personas extranjeras en México, bajo la preservación de la soberanía y la seguridad nacional enmarcada en la protección de los derechos humanos, por lo que su implementación ha carecido de efectos positivos en la vida de la población migrante.

A 4 años de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación aún no existe una armonización con las 32 entidades federativas; el control y la verificación migratoria siguen siendo arbitrarias y contrarias, no sólo a la LM sino también a nuestra constitución; la regulación y regularización migratoria no obedece a la realidad de la población migrante; el acceso a la justicia sigue siendo un pendiente, pese a que la LM se crea en el marco de una de las masacres más cruentas en nuestro país: la de las 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

Ante estos vacíos el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTMP) envío a la Cámara de Senadores un paquete de propuestas de reformas a la LM con el objetivo de modificar aquellos artículos que impactan de manera negativa los derechos humanos de la población migrante. Sin embargo, a la fecha dichas reformas siguen sin ser discutidas en el pleno.

Centradas en siete ejes fundamentales como el acceso a la justicia, las condiciones de detención y alternativas, el procedimiento administrativo migratorio, la regulación y regularización migratoria, la participación ciudadana, la infancia migrante y el fortalecimiento institucional,  estas propuestas no sólo intentan modificar la LM sino también su reglamento y disposiciones administrativas, de tal forma que estén armonizadas con el derecho internacional y lo establecido en nuestra Constitución en materia de protección a los derechos humanos de las personas migrantes.

En materia de acceso a la justicia, las reformas propuestas por el GTPM buscan asegurar que las personas migrantes y solicitantes de asilo puedan acceder a la justicia, sin importar su estatus migratorio, así como contar con un representante legal de su elección (incluidos quienes son defensoras y defensores de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil) que les asesore en el proceso administrativo que enfrentan, permitiendo su entrada a las estaciones migratorias para realizar su labor.

En cuanto a las condiciones de detención de la población migrante, el objetivo del GTPM es asegurar que la privación de la libertad sea una excepción y no la regla para la población migrante, toda vez que entrar al país de forma irregular representa una falta administrativa y no un delito. Privar de la libertada a las personas migrantes es una medida que debe ser eliminada de la LM al no contar con respaldo constitucional.

Otro de los retos de la LM es la regulación y regularización migratoria, por ello buscamos flexibilizar los requisitos para que la población migrante pueda regularizar su situación migratoria en el país, apegados a sus necesidades.

Mientras que para asegurar que las personas migrantes y solicitantes de asilo que han sido detenidas por el INM tengan acceso a un debido proceso, es importante que exista un procedimiento administrativo que informe a las y los migrantes de sus derechos y la razón por la que han sido detenidos, pues en la documentación de casos que han realizado organizaciones de la sociedad civil a menudo las personas migrantes señalan no conocer la razón por la que fueron detenidas o no se les brindó información necesaria sobre sus derechos que les permitiera decidir el camino más adecuado para regularizar su situación.

Finalmente, el GTPM ha insistido, en diversos espacios, en la necesidad de una reestructuración del INM, toda vez que la labor de control y verificación migratoria que realizan viola sistemáticamente los derechos humanos de la población migrante, así como generar una cultura institucional de derechos humanos y seguridad humana, pues no basta con una reingeniería institucional. Ello implica además dejar de considerar al INM como una institución de seguridad nacional.

Para que estas cambios sean posibles, desde el GTPM se ha propuesto reformar diversos artículos de la LM y su reglamento, así como el Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración (INM), el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos en materia de protección a migrantes del INM, los Lineamientos para tramites y procedimientos migratorios, los Lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las secretarías de gobernación y relaciones exteriores, y el Acuerdo por el que se crea el Centro de evaluación y control de confianza del INM. Para conocer las propuestas a fondo consulta la página www.gtpm.org.mx

Por lo que a 4 años de la entrada en vigor de la LM y 3 años de su reglamento, desde el GTPM llamamos a las y los legisladores, actuales y entrantes, a dar salida a estas reformas y no seguir anteponiendo los intereses partidarios a los derechos humanos de la población migrante, solicitante de asilo y refugiada.

Cabe señalar que el próximo 25 de mayo el Consejo Ciudadano del INM realizará el Foro “A cuatro años de la LM en México” con el objetivo de generar un espacio de discusión sobre los retos identificados en la aplicación de la LM, su reglamento y disposiciones administrativas, así como propuestas para mejorar dicha aplicación a través de un proceso de diálogo participativo, en el que el GTPM espera acuerdos, con fechas y responsables, donde las personas migrantes estén por encima de las conveniencias políticas en el tema.

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