La llamada “guerra contra las drogas” desplegada en los últimos 50 años ha provocado desplazamientos forzados, detenciones masivas, hacinamiento carcelario, afectación de las garantías judiciales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Hoy, un grupo de 17 organizaciones de 11 países de América presenta una publicación conjunta sobre “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. La experiencia del continente americano”. En ella se analiza cómo la “guerra contra las drogas” y el sistema internacional de prohibición han sido implementados de forma tal que se han desbordado los sistemas penales y se han afectado las poblaciones más vulnerables, sin lograr siquiera disminuir los problemas de consumo o de tráfico en la región.

En México, la guerra contra el narcotráfico ha generado al menos 70,000 homicidios relacionados con el tráfico de drogas, así como importantes afectaciones a la integridad, la libertad y la seguridad de millones de personas. Desde finales de 2006, se reforzó el empleo de la fuerza letal y se incrementó de manera significativa la participación de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad para el combate contra las drogas.

El informe conjunto profundiza en la militarización de la seguridad pública, la criminalización del consumo, el debilitamiento del debido proceso, las detenciones masivas, las penas desproporcionadas para delitos de drogas y las restricciones en el acceso a la salud.

También aporta testimonios y remite a casos sobre los abusos a los derechos humanos originados en las políticas de drogas prohibicionistas que fueron implementadas en toda la región. Esto incluye historias como la de Miriam, una mujer mexicana que fue detenida, golpeada y torturada sexualmente hasta que hiciera una confesión falsa respecto a la posesión de drogas; Paulino Huamán, quien fue asesinado en su casa cuando las Fuerzas Armadas de Perú bombardearon su pueblo como parte de la “guerra contra las drogas”; Anny, una niña brasileña de 5 años cuyos padres se vieron obligados a comprarle un medicamento en el mercado negro porque contenía un derivado de la marihuana; y Rocío, una víctima de desplazamiento forzado en Colombia que transportaba pequeñas cantidades de drogas dentro del país para alimentar a sus tres hijos y terminó siendo encarcelada muy lejos de ellos, por un aparente error administrativo.

La publicación pone énfasis en el aumento de la cantidad de mujeres encarceladas por delitos de drogas no violentos y las implicancias que eso tiene para ellas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Aborda el impacto de las campañas de erradicación forzada de cultivos, que amenazan el sustento y hasta la salud de algunas comunidades rurales. Y muestra cómo el racismo se manifiesta en los arrestos relacionados a la marihuana en los Estados Unidos al ser casi 4 veces más probable que una persona afro descendiente sea detenida por esa razón que una persona blanca. Además, se resaltan las experiencias alternativas que se están llevando adelante en Uruguay, Ecuador, Bolivia y algunos estados de los Estados Unidos.

Las organizaciones que participaron en el informe presentan una serie de recomendaciones para que los Estados exploren políticas que busquen reducir la violencia y mejorar las respuestas sanitarias, dado que las medidas prohibicionistas han fracasado en sus intentos de disminuir la oferta de drogas y han contribuido a graves violaciones de derechos humanos en el continente americano. Por ejemplo, se recomienda la descriminalización del consumo y el autocultivo de drogas, y el desarrollo de alternativas al encarcelamiento para las personas que cometen delitos no violentos asociados al tráfico de drogas.

Estas propuestas han empezado a ser exploradas en distintas partes de mundo y nos muestran que los cambios son posibles. Hay alternativas.