En el marco de la Sesión Especial sobre el problema mundial de drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS)

La estrategia de seguridad que implementó México para combatir el cultivo, el tráfico y la posesión de drogas basada en el régimen internacional de control y fiscalización de drogas de la Organización de las Naciones Unidas encaminada a la reducción de la oferta de drogas ilícitas en los países, ha tenido efectos nocivos en el goce y ejercicio de los derechos humanos en el país.

En teoría, de acuerdo con este régimen, la escasez de drogas incrementaría sus precios y por consiguiente desalentaría su compra. Pese a los numerosos y altamente costosos esfuerzos de la comunidad internacional por implementar esta política, los precios de las drogas están más bajos que nunca y el objetivo de “liberar a la sociedades de las drogas” no ha tenido el éxito esperado.

La evidencia nacional e internacional, muestra que las políticas encaminadas a prohibir y castigar el cultivo, venta y uso de ciertas drogas han resultado desproporcionadas y no han tenido efecto en la erradicación de la producción o el uso problemático de drogas. Por el contrario, las consecuencias colaterales de las políticas prohibicionistas han sido profundamente dañinas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, el estudio más reciente publicado por el Gobierno mexicano sobre la prevalencia del uso de drogas en el país, no se han observado incrementos significativos en la proporción de personas que reportan consumo de drogas, ni en el índice de dependencia entre el 2008 y el 2011.^[1] Por el contrario, se ha presentado un incremento exponencial y cada vez más dramático, en el número de muertes y homicidios intencionales relacionados a la política de seguridad de combate al narcotráfico.

Ante este panorama, vale la pena preguntarse si en verdad estamos frente a un “problema mundial de drogas”, como lo han denominado los Estados; o si el problema es resultado de las políticas implementadas por los Estados para combatir la producción, distribución y uso de drogas ilícitas.

Cada vez más organizaciones civiles de derechos humanos documentamos la incidencia de tortura, desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias y demás violaciones a derechos humanos de las que son víctimas las personas privadas de la libertad en centros de reclusión, particularmente las mujeres, purgando penas por delitos no violentos relacionados a la posesión de drogas.

También documentamos la vulneración en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes frente a la violencia y el crimen organizado; la violación a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de pueblos y comunidades forzadas a cultivar enervantes; los riesgos que enfrentan personas y familias enteras forzadas a desplazarse de sus hogares por la violencia del crimen organizado y ante la falta de mecanismos de protección por parte del Estado; las violaciones a derechos humanos que viven día con día las y los migrantes que cruzan el país y la violencia de la que son víctimas; los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos que documentan la violencia generada por la guerra con las drogas; la fabricación de culpables y la restricción de libertades fundamentales en el marco de una política de seguridad fallida.

Es por ello que, en el marco de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones sobre “el problema mundial de las drogas”, a celebrarse en abril del 2016, llamamos la atención sobre diagnósticos de fuentes nacionales e internacionales que evidencian la relación entre las políticas de seguridad de combate a las drogas ilícitas y el grave aumento de la violencia en nuestro país.

En México, el impacto del régimen internacional de control y fiscalización de drogas ha sido devastador. Desde 2006, cuando el ex Presidente Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra la delincuencia organizada con el fin de “salvar a nuestros niños y jóvenes de las garras de las drogas y las adicciones”, los índices de violencia, inseguridad y corrupción se han disparado.De acuerdo con informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Situación de los derechos humanos en México, publicado el 2 de marzo de 2016, “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años.”^[2]

El informe destaca que durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, “las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas.”^[3]

La política de seguridad empleada en el país en el marco de la guerra contra el narcotráfico, consistió en el despliegue de fuerzas armadas para ejercer tareas de seguridad pública sin ningún tipo de control civil. Esta situación, como documentó la Comisión Interamericana en su Informe, “ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales.”^[4]

Pese al cambio de gobierno y de la narrativa oficial de la actual administración de Enrique Peña Nieto, la CIDH observó que “no han habido cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad en la práctica y a la violencia que éstas han desencadenado.”^[5]

Al igual que la CIDH, otros mecanismos internacionales de derechos humanos han coincidido en que la violencia generada por la presencia de fuerzas militares en las regiones del país con mayor presencia de crimen organizado, ha ocasionado violaciones graves a los derechos humanos.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, documentó en su visita a México en 2013, que el ingente despliegue del ejército para enfrentar a los cárteles de la droga había resultado en numerosas ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, así como de los cárteles, “a menudo sin ningún tipo de rendición de cuentas.”^[6] El Relator observó con preocupación que se siguen produciendo incidentes extremadamente violentos en el país, en particular atentados contra el derecho a la vida, a un nivel intolerable.

Según información proporcionada al Relator Especial por las autoridades mexicanas, durante la administración de Felipe Calderón, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012, se cometieron 102,696 homicidios intencionales. El Gobierno reconoció que no menos de 70,000 de esas muertes (casi 70%) estaban relacionadas con el tráfico de drogas.^[7]

Por otro lado, el Relator Especial sobre la situación de la tortura, tras su visita a México en 2014, confirmó que con el despliegue de efectivos militares en el marco de la guerra contra el narcotráfico, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007 y reportó un máximo de 2,020 quejas en 2011 comparadas con un promedio de 320 en los seis años anteriores a 2007.^[8]

Asimismo, resultado de su visita a México en octubre de 2015, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio cuenta de la corrupción e impunidad en las estrategias de combate al crimen organizado. De acuerdo con el Alto Comisionado, las enormes cantidades de dinero que movilizan los grupos del crimen organizado “está cooptando y corrompiendo instituciones clave”^[9] en el país. Asimismo, la estrategia se ha centrado en la detención de integrantes del crimen organizado, pero no se han desplegado verdaderos esfuerzos para desmantelar la red de corrupción que involucra al crimen organizado con agentes del Estado.

Este enfoque punitivo y criminalizante de la política de drogas en México, se ha visto igualmente reflejado en la dura persecución penal del consumo y la posesión de drogas, afectando de manera particular a mujeres. Tanto el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, después de su visita a México en 2008, como la CIDH, en su último informe sobre México, manifestaron preocupación por los abusos y las degradantes condiciones bajo las cuales se encuentran las mujeres en centros de reclusión.

Del total de mujeres privadas de la libertad en centros de reclusión en México[10], 7% fueron consignadas por el delito de narcomenudeo. Y 40% de las mujeres encarceladas por delitos federales, lo están por delitos contra la salud[11]. En total, los delitos relacionados con droga ocupan el segundo lugar entre los motivos de encarcelamiento para mujeres en México.

Es urgente poner el reflector sobre las consecuencias que el encarcelamiento y, en términos generales, el abuso del derecho penal en los casos de delitos de drogas implica para las mujeres, especialmente para las que son madres (alrededor de 80%) y son las únicas o principales responsables económicas y cuidadoras de sus hijos, hijas y otras personas dependientes.

La política de seguridad de combate a las drogas, ha propiciado también el desarrollo de leyes y figuras que se contraponen con el debido proceso y las garantías judiciales, la presunción de inocencia, los derechos a una defensa adecuada y a una sanción acorde con la gravedad del delito.Las autoridades mexicanas han utilizado como indicadores de éxito, la cantidad de hectáreas de amapola y marihuana erradicadas, de laboratorios de cocaína destruidos, personas detenidas y kilos de droga incautados. Este tipo de indicadores transmiten una sensación de efectividad en las políticas de combate a las drogas, pero no indica si las tácticas empleadas se traducen en avances reales hacia el objetivo principal, que es la reducción en el uso de drogas en el país.

Por un lado, se implementan estrategias de seguridad para reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas, sin contar con indicadores de impacto en el consumo; y por otro, las acciones de combate al narcotráfico resultan insostenibles a largo plazo, al ignorar las fronteras nacionales, la capacidad operativa y la diversificación del crimen organizado. Es decir, la erradicación de un plantío de amapola, no impide la siembra de la misma en otra parte del país; la detención de un líder del crimen organizado, no limita la operación o la fragmentación de su cártel, ni impide el surgimiento de otro; la incautación de drogas y la identificación de rutas de distribución, tampoco limita el surgimiento de nuevas rutas y formas de transporte.

Para iniciar un debate serio sobre el diseño de nuevas políticas públicas que regulen el uso de drogas, hay que reconocer el fracaso del modelo prohibicionista y de las políticas de seguridad encaminadas al combate de la producción, distribución y posesión de drogas en el país.El modelo que prioriza la reducción de la oferta simplemente no funciona y, por el contrario, ha desencadenado violencia, propiciado violaciones a derechos humanos y debilitado el Estado de Derecho en los países más afectados por la producción y el tráfico de drogas. Estas lecciones deberían llevarnos hacia una nueva política que trate de llegar a las raíces del problema, que distinga claramente entre uso y uso problemático de sustancias, así como los efectos diferenciados de las drogas en la salud.

Necesitamos nuevos indicadores para evaluar el éxito de las estrategias encaminadas a reducir el consumo. Las toneladas de drogas incautadas, el número de personas detenidas, o las hectáreas de cultivo erradicadas, no indican si se está afectando el consumo de drogas en el país, en tanto no existan registros metodológicamente viables para calcular la prevalencia del consumo.

Para desmantelar la red de corrupción e impunidad del crimen organizado que ha generado tanta violencia, es prioritario fortalecer las instituciones civiles que luchan contra el narcotráfico. El uso de fuerzas militares en vez de policiales, debilita y distorsiona las funciones de ambas. La reforma y el fortalecimiento de la justicia deben ir de la mano con el fortalecimiento de las corporaciones policiales para combatir el narcotráfico eficazmente.

En este contexto, resulta preocupante la fuerte resistencia de representantes del Estado mexicano a desmilitarizar la estrategia de combate a la producción, distribución y uso de drogas, a pesar de que diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, en el ámbito regional y universal, han recomendado hacerlo; y muy a pesar de evidencias como el índice de letalidad^[12] resultante del uso desproporcionado de la fuerza por parte de elementos militares; o las denuncias por tortura ante la Procuraduría General de la República a manos de elementos de las fuerzas armadas.^[13]

Resulta igualmente alarmante el deslinde de las autoridades federales sobre la ola de violencia en el país.^[14] Como lo afirmó en octubre de 2015 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, parte de la violencia en México puede ser atribuida a los grupos del crimen organizado; no obstante “muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y elementos del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado.”^[15]

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Por lo anterior, y ante la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país, hacemos un llamado para que la política de seguridad en contra del crimen organizado sea reformulada desde un enfoque de derechos humanos y género.

A nivel nacional, es indispensable implementar medidas alternativas a la persecución penal y al encarcelamiento con perspectiva de género en los distintos momentos del proceso penal: desde la detención hasta la ejecución de la pena. Existen buenas prácticas de programas y medidas administrativas que pueden reemplazar la intervención penal y mecanismos de resolución alterna aplicables en la fase de sentencia y ejecución penal; tomando en cuenta la situación específica de la persona involucrada y su entorno, sobre todo cuando hay personas dependientes a su cargo.

Ante la coyuntura política internacional, México debe impulsar y respetar la participación de más agencias de Naciones Unidas en este debate, y reconocer la aportación de los valiosos informes de diversos mecanismos internacionales de derechos humanos que analizan las consecuencias de la política de seguridad de combate a las drogas en el goce de los derechos humanos.

México debe promover la creación de un procedimiento especial en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las  Naciones Unidas, que tenga el mandato de vigilar y supervisar el respeto de los derechos humanos en el marco de la implementación de políticas antidrogas a nivel global.

La realidad de miles de víctimas de la guerra contra las drogas en el país, no puede seguir siendo invisible. Es urgente que el Estado mexicano se enfoque en reformas institucionales de largo plazo, y no en medidas paliativas que se fundamentan en el populismo punitivo.

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