Ciudad de México a 31 de agosto de 2017.- El pasado 25 de agosto se cumplieron 43 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos de miembros del Ejército mexicano. El caso Radilla ha sido paradigmático en la historia mexicana y es símbolo de la impunidad estructural en el país. A casi 10 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera la sentencia en contra del Estado mexicano por la desaparición de Radilla, a la fecha no existe ningún indicio sobre su paradero, tampoco se ha llevado ante la justicia a ningún integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), institución que ejecutó una política de detención y desaparición en el estado de Guerrero en los años 60 y 70.

Ante ello, la CMDPDH ha solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR) que cite a comparecer a 372 personas en calidad de probables responsables, así como testigos, bajo la consideración que existe evidencia suficiente que sustenta que fueron las encargadas de la ejecución de los planes de operación militar que llevaron a la desaparición de más de 500 personas tan sólo en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

Entre el listado de personas, se encuentran servidores públicos adscritos a la policía estatal del estado de Guerrero, así como personas que fungían como militares adscritos a la SEDENA, incluyendo al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, quien como comandante supremo de las fuerzas armadas en el periodo de 1970 – 1976, tenía pleno conocimiento de las acciones realizadas por parte del Ejército mexicano.

Es importante resaltar que la desaparición forzada de Rosendo Radilla se enmarca en el contexto de una política del Estado de detener y desaparecer a personas, por ello resulta necesario que todas las personas responsables de la ejecución de una política criminal sean llevadas ante la justicia. Por lo cual, la práctica de sancionar a aquellos que únicamente ejecutaron las ordenes es injustificable y exime de responsabilidad a aquellos que ordenaron, colaboraron o que aun sabiendo lo que ocurría, decidieron no impedir que se desapareciera a Rosendo Radilla Pacheco.

Para la CMDPDH, la situación de impunidad en el presente caso, es muestra de la falta de voluntad para investigar casos de violaciones graves a derechos humanos en el país. Es ahora, cuando la PGR tiene la oportunidad histórica de hacer comparecer ante la justicia a los altos funcionarios públicos que a lo largo de décadas han decidido ocultar sus crímenes mediante el respaldado de quien debería esclarecerlos en México, siendo epitome de ello, Luis Echeverría Álvarez.

No son sólo 43 años de impunidad, son cuatro décadas de búsqueda para una familia que al día de hoy no sabe lo que sucedió con Rosendo Radilla.