Ciudad de México 3 de septiembre de 2018.- El pasado 24 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el Informe de Admisibilidad No. 94/18 sobre el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez[1], víctima de feminicidio en 2004. Como consecuencia de dicho Informe, la CIDH analizará de forma integral las violaciones en las que incurrió el Estado mexicano en contra de Nadia Muciño y su familia.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) celebramos la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de admitir el caso de Nadia Muciño, siendo el primer caso conocido por la CIDH que documenta el contexto de violencia feminicida en el Estado de México.
La historia de Nadia Muciño es un caso que refleja el contexto de violencia en contra de las mujeres en el Estado de México. Nadia denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al menos en tres ocasiones, eventos de violencia doméstica—una de estas, por la privación ilegal de la libertad—. Sin embargo, dicha autoridad no generó medidas de atención adecuadas para ella y su familia.
En el año 2004 el cuerpo de Nadia fue encontrado sin vida, siendo el suicidio la primera hipótesis planteada por la autoridad ministerial, a pesar del historial de violencia ya conocido. Gracias a la perseverancia de la familia se abrieron otras líneas de investigación en contra de la pareja de Nadia y el hermano de este. Sin embargo, no en todos los procesos penales se reconoció el interés jurídico de la familia de la madre de la víctima y por ello, no fue posible inconformarse con las resoluciones que se emitieron, especialmente, con la que otorgó la libertad y absolución para uno de los probables responsables.
Después de seis años sin avances significativos en la investigación penal del caso, el 5 de octubre de 2010, la familia de Nadia acompañada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), acudieron a la CIDH argumentando violaciones a derechos humanos de Nadia y su familia, contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Lamentablemente, la respuesta del Estado mexicano ante la CIDH ha buscado obstaculizar el tratamiento del caso por la CIDH, proporcionando con retrasos considerables la información requerida por el organismo interamericano, negando la violación al derecho a una investigación diligente en el caso de Nadia e, incluso, desestimando el contexto de violencia contra las mujeres en el Estado de México.
Esperamos que las recomendaciones que el organismo interamericano emita no solo impacten en el caso de Nadia Alejandra y su familia, sino que también se conviertan en punto de partida para la búsqueda de justicia en los miles de casos de violencia contra las mujeres en nuestro país.
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