El pasado 16 de noviembre el presidente López Obrador anunció su “Plan de Paz y Seguridad 2018-2024”, en el que se establece la creación de una Guardia Nacional integrada por elementos de la policía militar, naval y federal, cuyo propósito sería la “prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país”. Esta propuesta ignora las recomendaciones de organismos y expertos internacionales de limitar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública así como la evidencia acumulada durante los pasados dos sexenios que muestra el incremento tanto de la violencia a partir de la fallida política antidrogas basada en la confrontación abierta con grupos de la delincuencia organizada como de las violaciones a los derechos humanos atribuidas a elementos castrenses.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) nos oponemos contundentemente a la creación de la Guardia Nacional por representar la institucionalización de un régimen militar en la política de seguridad pública del país, sin establecer criterios de excepcionalidad y temporalidad, permitiendo que esta institución tenga funciones de prevención, investigación, detención y presentación de detenidos. La Guardia Nacional no solo estará integrada por elementos de las Fuerzas Armadas sino que el mando operativo será militar; su reclutamiento, adiestramiento, organización de sus efectivos, equipamiento, despliegue, operatividad y jerarquía también obedecerán al régimen castrense. Finalmente, la guardia nacional formará parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por lo que consolidará la operación de la seguridad pública bajo el enfoque bélico y militar que no tiene por naturaleza la seguridad de las y los ciudadanos, sino la defensa de la nación contra fuerzas enemigas.

Advertimos también que la creación de la guardia nacional es incompatible con los compromisos respecto a la construcción de la paz y justicia transicional que el propio presidente prometió durante su campaña. En ese sentido, extraña que, pese a que el “Plan de Paz y Seguridad 2018 – 2024” se dice emerger de consultas nacionales, los objetivos bajo los cuales se traza su creación no responden a los reclamos y exigencias de las víctimas ni les hace partícipes en la elaboración y diseño de la política de seguridad pública.

Asimismo, resulta paradójico que, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaraba inconstitucional la Ley de Seguridad Interior por otorgar atribuciones a las fuerzas armadas que le corresponden a las instituciones civiles, y porque trastocaba la obligación de prohibir toda actividad que no estuviera relacionada con la disciplina de las fuerzas armadas en tiempo de paz, el grupo parlamentario de MORENA alistaba 13 reformas constitucionales para permitir la creación de la Guardia Nacional.

Finalmente, recordamos al presidente López Obrador que la Constitución señala que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos en la misma. Por ello, la propuesta de someter a consulta la existencia de una institución que no solo pone en cuestión el Estado democrático del país sino que también omite a las víctimas de hechos atroces cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas en los últimos dos sexenios, es una afrenta en contra de la anhelada pacificación que este país exige.

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