- La Fiscalía General del Estado de Baja California solicitó una orden de aprehensión en contra del Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, como probable responsable de detención arbitraria y tortura de un expolicía municipal de Tijuana.
- La investigación de los delitos cometidos en contra del expolicía municipal tardó 10 años en ser enviada al Poder Judicial del Estado.
Ciudad de México a 22 de mayo de 2020. El pasado 19 de mayo, el Fiscal General del Estado de Baja California anunció la consignación ante el Poder Judicial del Estado de la investigación en contra del Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, exsecretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tijuana, por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y tortura cometidas en contra de un exmiembro de la policía municipal de Tijuana en marzo del 2010.
La acusación se relaciona con la Recomendación 10/2011 emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California en 2011. En la Recomendación se reconoce que el 3 de marzo de 2010 la víctima fue extraída violentamente de su domicilio y detenida sin una orden que lo justificara. Posteriormente, fue trasladada en un vehículo a la comandancia de la Policía Municipal de Tijuana, donde se practicaron actos de tortura en su contra. Fue ahí donde la víctima identificó, entre otras personas, al Teniente Coronel Julián Leyzaola, entonces secretario de Seguridad Pública local, y al Capitán Gustavo Huerta, director de la Policía Municipal. La Recomendación reconoce que el expolicía fue torturado durante varias horas por agentes estatales con la finalidad de obtener una confesión sobre un supuesto hecho delictivo que no cometió. A raíz de la tortura, la salud del sobreviviente se agravó y fue trasladado bajo custodia al Hospital General de Tijuana en donde estuvo internado varias semanas tras presentar fracturas y lesiones internas que requirieron de una intervención quirúrgica.
La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) celebramos la conclusión de las investigaciones y su consignación ante el Poder Judicial del Estado de Baja California. Instamos a las autoridades ministeriales que continuarán con el juicio contra los probables responsables a presentar una acusación clara, sólida y sustentada en las pruebas recabadas y, con pleno respeto a los derechos de debido proceso del acusado para evitar cometer errores procesales que pongan en entredicho el compromiso institucional de terminar con la impunidad y erradicar las prácticas violatorias de derechos humanos en Tijuana y en Baja California. De la misma forma, exhortamos a las autoridades judiciales locales a considerar minuciosamente todos los hechos y las pruebas recabadas bajo un análisis legal, objetivo, e imparcial que garantice los derechos del acusado y de la víctima, además de asegurar que no haya impunidad por las violaciones graves de derechos humanos del expolicía en cuestión.
Dicha consignación representa el primer intento de la Fiscalía del Estado por hacer rendir cuentas al probable responsable de esas atrocidades ante el Poder Judicial por lo que esperamos que no se traduzca en un esfuerzo fallido que corra la misma suerte que el procedimiento administrativo previo de la Sindicatura Procuradora Municipal de Tijuana en contra del Teniente Coronel Leyzaola que no se pudo ejecutar. A ese respecto, la CCDHN y la CMDPDH deseamos recordar que, tres años después de la queja presentada por el expolicía por las torturas cometidas en su contra, dicha Sindicatura emitió una resolución que inhabilitaba al Teniente Coronel Leyzaola como servidor público por un período de ocho años. A pesar de que la Sindicatura acreditó los actos violatorios a los derechos humanos del expolicía, la inhabilitación administrativa contra Leyzaola fue anulada en un juicio de amparo por detectar fallas en el debido proceso.
La CCDHN y la CMDPDH somos conscientes de que la Fiscalía ha recibido más denuncias sobre la presunta responsabilidad del Teniente Coronel Leyzaola y de sus subalternos en la Policía Municipal de Tijuana por otros delitos cometidos en el marco de una supuesta “limpia” del cuerpo de seguridad local. Por ello, esperamos que la Fiscalía estatal continúe con las investigaciones de dichos casos con el fin de llevarlos a juicio; solo así tendremos la certeza de que las autoridades están comprometidas con poner fin a las prácticas violatorias de derechos humanos en Baja California.
Firmantes:
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Contacto:
Luis María Barranco Soto
Coordinador de Comunicación de la CMDPDH
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