El 11 de mayo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El Acuerdo según uno de sus transitorios, entró en vigor al día siguiente de su publicación y concluirá su vigencia el 27 de marzo de 2024. No obstante, en su primer artículo el Acuerdo establece su vigencia desde la entrada en vigor del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional” publicado el 26 de marzo de 2019. Es decir, las tareas de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública se legalizaron, mediante el Acuerdo, de manera retroactiva a partir del 27 de marzo de 2019.

Durante más de 13 años, la participación de militares en seguridad pública, ha incrementado el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, así como delitos como las privaciones arbitrarias de la libertad, el asesinato, la tortura y la desaparición forzada. El uso indebido de sus atribuciones se ha dirigido principalmente en contra de civiles, a quienes les atribuyen su pertenencia a organizaciones criminales o su participación en actividades delictivas. 

Diversos organismos internacionales y personas expertas que han visitado o revisado la situación de México, han coincidido en que la militarización de la seguridad pública en México, como política destinada a combatir la producción, distribución y consumo de drogas, ha incrementado el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, así como delitos como el asesinato, tortura y desaparición forzada.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha constatado que en México la militarización de zonas del país ha tenido como consecuencia el incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, así como el incremento de los niveles de impunidad.

Es por ello, que ha recomendado reiteradamente al Estado mexicano a “desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y fortalecer la capacidad de la policía para realizar las tareas de seguridad pública conforme con los estándares internacionales en derechos humanos.”

Por otro lado, en cuatro de sentencias en contra del Estado mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la alta presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos. 

En el ámbito de Naciones Unidas, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha sido explícita en recomendar a México el fortalecimiento, en carácter urgente, de la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, así como la adopción de un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública. 

El Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, en Abril 2014, recomendó al Estado mexicano adoptar todas las medidas necesarias, con efecto inmediato, para que la defensa de la seguridad pública esté en manos de civiles y no de las fuerzas de seguridad militares. El Relator Especial reiteró su preocupación por el incumplimiento de dicha recomendación en su más reciente informe en 2016 y volvió a instar al Gobierno de México a aplicar “plenamente las recomendaciones” a fin de garantizar la protección del derecho a la vida.

Los órganos de tratados de los cuales México es parte, también han sido enfáticos en las consecuencias de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos (CRPR) exhortó al Estado mexicano a “alejarse de un enfoque militarizado de las fuerzas de orden y avanzar en el proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil y a establecer un plan que garantice el retiro gradual y ordenado de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad ciudadana.” En este sentido, el Comité recomendó al Estado a asegurar que “la intervención de las fuerzas armadas esté restringida a circunstancias excepcionales y con una duración limitada, conforme a protocolos claros y previamente establecidos, bajo mecanismos de control civiles y esquemas de rendición de cuentas. ”Así mismo, encomendó al Estado a continuar sus esfuerzos para “proporcionar a todos los oficiales miembros de la Guardia Nacional formación intensiva en estándares internacionales de derechos humanos y considerar la introducción de períodos de pausa en la transición entre el servicio en las fuerzas armadas y en la Guardia Nacional.”

Por lo anterior, la Presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentó una controversia constitucional en contra del Acuerdo, debido a que en su opinión, el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones para disponer de la Fuerza Armada permanente para tareas de seguridad pública sin respetar lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional de marzo de 2019 -es decir, por tratarse de un despliegue no regulado, ni excepcional, ni subordinado, ni complementario, ni fiscalizado. De la misma forma un municipio del estado de Colima, y el Gobernador de Michoacán presentaron controversias constitucionales en contra del Acuerdo presidencial. Legisladores de diversos partidos así como organizaciones de la sociedad civil también presentaron recursos legales (amparos) ante el Poder Judicial Federal para buscar la inconstitucionalidad de dicho Acuerdo por contravenir la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.