• OSC denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retrocesos en la agenda de derechos humanos del actual Gobierno.  
• El cambio inicial retórico de la actual administración federal respecto de los derechos humanos no se ha traducido en políticas públicas ni mecanismos claros para la protección y defensa de los mismos.

Organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y víctimas de violaciones a derechos humanos nos encontramos profundamente preocupadas ante el debilitamiento operativo y presupuestario de las instituciones creadas para la defensa y protección de derechos humanos, la atención a víctimas, la erradicación y prevención de la discriminación, así como la igualdad y lucha contra la violencia de género. 

Esta situación, la expusimos en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 4 de diciembre de 2020, en donde detallamos dichas preocupaciones identificadas en el actuar del Gobierno Federal.

A dos años de gestión de este Gobierno Federal, nos preocupa que tras haber contribuido y participado en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 (PNDH), instrumento de política pública que tendría que delinear el actuar del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que resta de su sexenio en materia de derechos humanos, éste no haya sido aún publicado y se haya acotado la participación de la sociedad civil para acordar un documento final útil para la realidad y contexto del país. 

Si bien comprendemos los desafíos que ha presentado la actual emergencia sanitaria, al mismo tiempo nos preocupa que, en vez de fortalecerse las instituciones destinadas a proteger y garantizar derechos, particularmente dirigidas a los grupos de población a quienes los impactos de la pandemia les afecta de forma diferenciada, las instituciones cuya creación fue impulsada por personas defensoras de derechos humanos y víctimas, hoy se encuentren profundamente debilitadas. 

La eliminación de fondos destinados a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes se han encontrado en grave peligro para ejercer su labor durante los últimos años, la extinción de fondos destinados para la reparación integral de víctimas, aunado al debilitamiento de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la eliminación de programas destinados a la protección de mujeres indígenas y afromexicanas y la violencia institucional y consecuente revictimización que se ejerce en contra de mujeres víctimas de violencia, son muestras claras de la poca priorización que ha dado este Gobierno Federal al respeto y protección de los derechos humanos en México. Cabe resaltar que la eliminación de estos fondos se aprobaron sin diagnóstico previo, ni un análisis serio en torno a las consecuencias que tendría su eliminación.

Así mismo, hemos atestiguado el debilitamiento de las instituciones a través de la captura corporativa del Estado, la cual se ha manifestado en el impulso de megaproyectos que benefician a élites y grupos empresariales, incluso durante el contexto de la pandemia, en detrimento de los derechos de las comunidades locales y de los pueblos indígenas.

Paradójicamente, hemos visto cómo se debilita operativa y retóricamente a las instituciones cuyo mandato es la defensa y protección de derechos humanos, y por otro lado, se fortalece a las fuerzas castrenses y se impulsan políticas migratorias, como de seguridad pública bajo un enfoque principalmente punitivo.

Víctimas y personas defensoras de derechos humanos hemos solicitado ser escuchadas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones que han implicado un retroceso en la agenda de derechos humanos, no obstante hemos sido ignoradas.

A dos años de gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y sin ver mejoras sustantivas en la prevención, investigación, sanción y reparación integral de víctimas de tortura, ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada, feminicidio, desplazamiento interno forzado, comunidades y pueblos indígenas afectados por megaproyectos, así como personas defensoras de derechos humanos y periodistas hostigadas, agredidas y asesinadas por su labor, resulta urgente que este Gobierno priorice el respeto y protección de los derechos humanos y adopte medidas urgentes para garantizar justicia, verdad y medidas de no repetición a las miles de víctimas en el país de violaciones a derechos humanos.

Organizaciones de la Sociedad Civil

Article 19
BORDE
CDH Fray Bartolomé de Las Casas
Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan»
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A. C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Derechos Humanos Ajusco A.C.
Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A C
Convergencia de Organismos Civiles, A.C.
DISCAPACITADOS VISUALES IAP
EQUIS Justicia para las Mujeres
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)
Familiares en Búsqueda María Herrera
FIAN Internacional – Sección México
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
Grupo de información en reproducción elegida (GIRE)
INCIDE Social, A.C.
Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Observatorio Designaciones Públicas
Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad
Organización Nacional Anticorrupcion A.C
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC
ReverdeSer Colectivo
Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)
Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (REDIM)

Personas defensoras de derechos humanos

Celia del Palacio
Clara Jusidman INCIDE Social AC
Damián Gallardo Martínez
Elena Azaola
Eliana García Laguna
Gabriela Delgado
Giselle Yañez Villaseñor
Ileana Dieguez
Ilich Avilés Ramírez
Jesús Martin Fernandez Urbina
José Antonio Guevara Bermúdez
José Francisco Vázquez Cárdenas
Laura Becerra Pozos
Luna Mancini
Luz María Muñoz de Cote
Marcela Villalobos Andrade
Mariclaire Acosta Urquidi
Miroslava Ortiz Flores
Ofelia Bastida Luna
Pedro Luis del Ángel Rodríguez
Raymundo Sandoval, Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
Rocío Servín Jiménez
Rosalba Vázquez Valenzuela
Rosario Patricia Rodríguez Rodríguez
Susana Silva Cruz
Tere de las Casas Mariaca
VeronicaVazquez Piña
Yolanda M. García Beltrán
Alejandra Silva