A 11 años de la atrocidad cometida en contra de Jorge Parral Rabadán elevamos un enérgico llamado a la Fiscalía General de la República a llevar a los perpetradores ante la justicia.
Ciudad de México, a 26 de abril de 2021. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) hace un llamado a la Fiscalía General de la República para que, tras once años de impunidad en el secuestro, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Jorge Antonio Parral Rabadán, los perpetradores (entre los que se encuentran altos mandos del Ejército) sean llevados ante la justicia por los crímenes atroces que cometieron.
Jorge Antonio era un joven brillante y comprometido con su país, egresado de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), emprendía un prometedor camino profesional como administrador de la plaza de cobro PC-30 de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). Al momento de los hechos, México se encontraba atravesando por la llamada guerra contra el crimen organizado iniciada por el expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. En ese contexto, Jorge Parral solicitó protección a su empleador (CAPUFE) pues temía por la seguridad del equipo de su centro de trabajo por la violencia extrema y la situación de macrocriminalidad que se vivía en la zona.
La solicitud de Jorge no solo no fue atendida, sino que el Estado la filtró al crimen organizado. De esta manera, el 24 de abril de 2010, Jorge Antonio fue secuestrado junto con otro funcionario federal por un comando de la delincuencia organizada en las instalaciones del Puente Federal en Ciudad Camargo, Tamaulipas. En el caso, es indiscutible la responsabilidad penal, laboral, internacional y administrativa del empleador de Jorge, Caminos y Puentes Federales, pues omitieron cumplir con sus obligaciones de prevenir violaciones a derechos humanos en un contexto de violencia extrema y conflicto armado.
Tras el secuestro y desaparición de Jorge, con una incansable búsqueda y frente al abandono absoluto del Estado, en febrero de 2011, la familia Parral –por sus propios medios– encontró el cuerpo de Jorge en una fosa común en el Estado de Nuevo León en calidad de desconocido, a pesar de que las autoridades del Estado mexicano podrían haberlo identificarlo plenamente con las credenciales laborales encontradas en el lugar donde fue ejecutado. De esta manera, el gobierno mexicano incurrió en un ocultamiento doloso de la suerte y paradero de Jorge Antonio.
Como suele suceder en casos de masacres cometidas por el Ejército, las autoridades relacionaron a Jorge con un supuesto enfrentamiento en el Rancho “El Puerto” entre el Ejército mexicano y un grupo criminal ocurrido dos días después de haber sido privado de la libertad. El Estado mexicano alegó que, en el alegado enfrentamiento, fallecieron tres personas entre las cuales se encontraba Jorge Antonio. El ejército mexicano alegó que Jorge era un sicario.
Las autoridades responsables, de manera deliberada, alteraron la escena del crimen, escondiendo evidencias que demostraban su responsabilidad y, en contubernio con las autoridades ministeriales de Escobedo, Nuevo León, y de la entonces PGR (con sede Nuevo León), tomaron medidas para inhumarlo como un cadáver “desconocido” en una fosa común.
Tras años de incansable lucha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado de Nuevo León en la ejecución extrajudicial de Jorge Parral. La familia de Jorge, junto con la CMDPDH, tuvo que atravesar por un proceso revictimizante, que ameritó la emisión de dos recomendaciones distintas (57/2013 y 67/2016). A la fecha, la CNDH se ha negado a reconocer que Jorge fue víctima de desaparición forzada.
El actuar de la CNDH en el caso de Jorge fue negligente, revictimizante y poco proactivo. No fue sino tras años de presión por parte de la familia y sus representantes que en noviembre de 2019, la CNDH resolvió reclasificar el caso para asignarle la categoría que le corresponde: violaciones graves a derechos humanos, en virtud de los hechos que originaron la Recomendación 57/2013.
A pesar de que fue la política de militarización la que permitió la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Jorge, hoy vemos con profunda preocupación que el Gobierno mexicano no solo no ha tomado ninguna medida para garantizar que un caso como el de Jorge no se repita nunca más, sino que ha constitucionalizado y reforzado las condiciones que permiten que este tipo de atrocidades masivas sucedan.
Las masacres en Camargo, Tamaulipas, no han cesado. Funcionarios de CAPUFE siguen siendo asesinados, y el Estado sigue sin proteger a sus empleados de la violencia que el propio Estado perpetra o tolera. Con profundo dolor, hoy y siempre seguimos recordando a Jorge. Su memoria nos mueve a continuar exigiendo justicia y luchando por el reconocimiento y atención de las atrocidades masivas que se cometieron y continúan cometiendo en México.
Desde la CMDPDH insistimos en que es momento de reconocer que en México vivimos un Conflicto Armado No-Internacional, que en México el Ejército ha cometido crímenes de lesa humanidad, que el actual gobierno federal es cómplice y perpetrador de la crisis humanitaria causada por la militarización y la política de combate al crimen organizado y que el Estado es culpable de esta violencia criminal y de la impunidad estructural que ha impedido que el caso de Jorge llegue ante la justicia.
Es por ello que a 11 años de la atrocidad cometida en contra de Jorge Antonio Parral Rabadán, elevamos un enérgico llamado a la Fiscalía General de la República a llevar a los perpetradores, incluyendo a los más altos mandos del Ejército, ante la justicia y a analizar el caso con una perspectiva de derecho penal internacional. De igual forma, exhortamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores a tomar todas las acciones necesarias para no entorpecer ni ralentizar el desarrollo procesal de la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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