CMDPDH presenta amparos contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo, en representación de víctimas del #9N

 

  •         El 9 de noviembre de 2020 (9N), fuerzas locales abrieron fuego para dispersar una manifestación feminista que protestaba por el alarmante número de feminicidios perpetrados en Quintana Roo y a nivel nacional.
  •         Durante esta represión, tolerada por la Guardia Nacional, se cometieron violaciones graves de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura sexual contra mujeres y lesiones graves derivadas del uso excesivo de la fuerza.
  •         El municipio de Benito Juárez pretende condicionar la reparación del daño a un acuerdo que limite los derechos a la libertad de expresión y manifestación de las víctimas.
  •         Ante las deficiencias de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO) y la consecuente falta de reparación integral para las víctimas, la CMDPDH asumió la representación legal y el acompañamiento integral del Comité de Víctimas del #9N.

 

El 9 de noviembre de 2020, cerca de 80 policías municipales de Cancún, Quintana Roo, abrieron fuego para dispersar y castigar una manifestación feminista que exigía justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, así como el alarmante número de feminicidios perpetrados en Quintana Roo y a nivel nacional. La represión que ejerció la policía local fue tolerada por la Guardia Nacional, a pesar de que se cometieron violaciones graves de derechos humanos. 

Las personas que se manifestaban en su mayoría fueron mujeres, que ejercían su derecho a protestar por el alarmante número de feminicidios que se cometen al amparo de la impunidad. Durante la violenta represión, se documentaron detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza, actos de tortura, tortura sexual contra mujeres, tentativas de ejecución extrajudicial y fabricación de culpables; todas ellas cometidas contra trece personas.

En alegado cumplimiento a su obligación constitucional de reparar integralmente a las víctimas de violaciones a derechos humanos, la CEAVEQROO emitió en junio de 2021 una serie de dictámenes de reparación. Ante las deficiencias de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado y la consecuente falta de reparación integral para las víctimas, la CMDPDH ha presentado una serie de amparos para impulsar dicha reparación y obtener un pronunciamiento sobre la responsabilidad constitucional de la CEAVEQROO. En este contexto, resulta alarmante que la Presidencia Municipal de Benito Juárez haya pretendido condicionar la reparación del daño a un acuerdo que limite los derechos a la libertad de expresión y manifestación de las víctimas.

Cabe resaltar que la situación de Quintana Roo es preocupante.  Desde julio de 2017, en el Estado se mantiene activa una alerta de violencia de género en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Cozumel, Solidaridad y Lázaro Cárdenas, por la violencia feminicida (tan solo en 2020, se contabilizaron 15 feminicidios) que se inserta en un contexto de violencia generalizada en contra de las mujeres en todo el país que asciende ya a 10 mujeres asesinadas al día, y en donde la mayoría de los casos de feminicidio continúan en la impunidad.

 

En este contexto, se ha documentado que las autoridades mexicanas suelen responder a las protestas de mujeres y contra la violencia de género con excesivo e innecesario uso de la fuerza, con detenciones ilegales y arbitrarias, con abuso verbal y físico basado en el género contra las mujeres y con tortura sexual, lo que se pudo advertir en la represión a las protestas del #9N y en el hecho de que las investigaciones al respecto no han garantizado debida diligencia con perspectiva de género y, por el contrario, se ha obstaculizado el acceso a la justicia.

 

Es por ello que las víctimas del #9N han llevado a cabo distintas acciones para que se sancione a los responsables, se conozca públicamente la verdad y se garantice una reparación integral que incluya garantías de no repetición. Derivado de lo anterior, las víctimas han sido objeto de una campaña de hostigamiento, persecución y discriminación de género por parte de las autoridades, quienes han obstaculizado su derecho a la verdad, justicia y reparación, a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado emitió una recomendación sobre este caso y el Congreso local anunció la creación de una Comisión Transitoria Especial para investigar los hechos.

 

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo emitió dictámenes de reparación con relación a las víctimas de este caso que son técnicamente insostenibles y abiertamente violatorios de derechos humanos, además de carentes de perspectiva de género, lo que ha provocado su revictimización y les ha forzado a emprender un largo proceso de litigio para remediar las deficiencias que por negligencia, omisión o dolo se cometieron en la elaboración de dichos dictámenes de reparación.

 

Frente a este escenario de acoso institucional e impunidad, la CMDPDH impulsa procesos de verdad histórica y ha asumido la representación legal del Comité de Víctimas del #9N, a fin de que tengan un acompañamiento integral y obtengan reparación. En particular, la CMDPDH ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y once demandas de amparo contra autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, mismos que reclaman violaciones al derecho nacional e internacional de los derechos humanos, incluyendo el derecho de acceso a la justicia, la reparación integral del daño, y el derecho a un recurso judicial efectivo que incluya garantías de legalidad, debido proceso e igualdad ante la ley.

 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (www.cmdpdh.org)

 Comité de Víctimas del #9N (https://twitter.com/de_9n)

 

Contacto

Ulises Goytortúa

Coordinación de Comunicación CMDPDH

 media@cmdpdh.org 

 

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