El pasado 24 de enero, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, presentamos un escrito a la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que ejerza su facultad de atracción para investigar las atrocidades cometidas entre 2009 y 2012 en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Piedras Negras, Coahuila, incluyendo los crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura y desaparición forzada de personas.

Los hechos que sustentan esta solicitud consisten en la tortura y desaparición de al menos 150 personas en el CERESO de Piedras Negras cuando se encontraba controlado por el grupo criminal “Los Zetas”. Durante al menos cuatro años, esta prisión estatal se convirtió en un auténtico campo de exterminio en el que tanto cárteles del narcotráfico como autoridades de todos los niveles de gobierno se coludieron para cometer dichos crímenes y mantenerlos en la impunidad.

La solicitud para que la FGR atraiga el caso del CERESO de Piedras Negras responde a la necesidad de que se agoten las líneas de investigación que apuntan a ciertos individuos, particularmente altos mandos tanto del gobierno federal como estatal, y que han sido omitidas por la fiscalía estatal. Si bien algunas personas funcionarias –empleadas del CERESO de Piedras Negras– y miembros del crimen organizado han sido investigados y enjuiciados por estos crímenes, a pesar de la evidencia, ningún alto funcionario de la prisión, durante el período en cuestión, fue investigado por las desapariciones cometidas al interior del CERESO ni por los actos ilícitos que ahí ocurrían.

A nivel local, las investigaciones realizadas en torno a este caso son deficientes e incompletas. No toman en cuenta el contexto en el que se perpetraron las atrocidades y analizan los hechos como casos aislados y no como parte de un patrón criminal orquestado por autoridades en colusión con el crimen organizado. En ese sentido, la solicitud pone de manifiesto que una investigación seria y efectiva por la FGR debería incluir líneas de investigación que incluyan el “encubrimiento” u “omisión de investigación” de diversas autoridades involucradas en los hechos y en su posterior investigación. Además, deben atenderse otras omisiones de las autoridades encargadas de investigar, incluyendo la falta de interrogatorios esenciales para esclarecer los hechos, la falta de información sobre las circunstancias en que operaba el CERESO y la falta de seguimiento de líneas de investigación.

De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la FGR tiene competencia respecto de casos en los que, como aquel del CERESO de Piedras Negras, se vea involucrado algún servidor público federal como probable responsable (Artículo 24, fracción I). Además, la misma Ley establece que la FGR puede ejercer la facultad de atracción cuando, como el caso en cuestión, se acredite la participación o colaboración de una persona con la delincuencia organizada (Artículo 24, fracción V). Por último, la Ley prevé que la FGR atraiga las investigaciones radicadas en el fuero común cuando las características del hecho, la circunstancias de la ejecución, o su relevancia social así lo ameriten (Artículo 24, fracción IV).

Atrocidades como las del CERESO de Piedras Negras tienen características particulares y fueron cometidas en circunstancias específicas, a saber, como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y de conformidad con una política del Estado y organizaciones criminales. Además, crímenes como éstos, que afectan los valores más preciados por la comunidad internacional en su conjunto, revisten una relevancia social que amerita la intervención de la máxima autoridad investigadora a nivel nacional.

En este sentido:

Es fundamental que la FGR ejerza su facultad de atracción para esclarecer estos hechos atroces en el ámbito federal, ya que la fiscalía del estado de Coahuila no ha sido capaz de agotar todas las líneas de investigación para que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación.

Se cree un mecanismo especial de investigación que responda con líneas de acción específicas para  acercar la Verdad y la Justicia a quienes han sido víctimas de estos hechos.

Los hechos que referimos son particularmente graves, a pesar de ello las autoridades han sido omisas para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. La impunidad sobre los hechos ha tenido como consecuencia la revictimización de las víctimas indirectas de la desaparición; igualmente, intensifica la falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades encargadas de administrar justicia.

Durante años las autoridades han sido omisas ante estos hechos dolorosos. No permitiremos que continúen con la tortura que implica la denegación de la justicia para cientos de familias, seguiremos exigiendo que la Verdad se haga presente y la Justicia se haga realidad.

Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

Comisión Mexicana en la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Contacto

Eva Patricia Avilés Gómez 

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