• La CMDPDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que declare el estado de desacato por el incumplimiento del Estado mexicano de las medidas de reparación relativas al caso Rosendo Radilla Pacheco y que adopte medidas provisionales. 
• La CMDPDH presentó un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva ante el Juzgado del 9° de Distrito en Guanajuato, mismo que ya fue admitido a trámite.
• La CMDPDH interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Congreso de la Unión y la Coordinación de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptó la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el emblemático caso Rosendo Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos. La sentencia, entre otras cosas, declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla y ordenó medidas de reparación del daño.

A pesar del carácter vinculante de la sentencia de la Corte IDH y su indiscutible relevancia en el plano jurídico, el Estado ha optado por incumplir las medidas de reparación relativas al caso concreto. A prácticamente cincuenta años de los hechos, no se han tomado acciones serias para llevar a los responsables ante la justicia, garantizar una ruta integral de salud para la familia, ni para dar con la suerte o paradero del señor Radilla Pacheco.

La falta de compromiso y debida diligencia por parte del Estado mexicano ha permitido que se consuman violaciones irreparables a la garantía del derecho a la reparación. Desde la CMDPDH, como representación legal de la familia Radilla Martínez, vemos con profunda preocupación que el Estado mexicano esté buscando dar carpetazo al caso Radilla, sin nunca haber tomado acciones serias para cumplir con la sentencia de la Corte IDH. 

En este contexto, familiares del Sr. Rosendo Radilla y la CMDPDH, como representación legal de la familia Radilla Martínez, hemos emprendido una serie de acciones para que las autoridades cumplan con sus obligaciones, tanto en el plano nacional como el internacional.

Acciones frente a la Corte Interamericana

En el marco de la supervisión de cumplimiento de la sentencia ante la Corte IDH, el Estado mexicano solicitó que la sentencia se tuviera por totalmente cumplida, a pesar de que no han tomado acciones efectivas para garantizar los derechos a la verdad y la justicia, así como otras formas de reparación. Frente a la intención del Estado de dar carpetazo al caso, y ante el evidente incumplimiento de la sentencia, la CMDPDH solicitó a la Corte IDH que declare al Estado mexicano en desacato (incumplimiento generalizado) de la sentencia del tribunal interamericano y que, en consecuencia, remita la situación del incumplimiento ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 

Asimismo, pedimos a la Corte IDH que adopte medidas de supervisión reforzadas, para que el Estado mexicano rinda informes en una periodicidad más corta. Por otro lado, y derivado del hecho de que recientemente murió el más alto perpetrador de la época sin haber enfrentado la justicia, pedimos a la Corte IDH que adopte medidas provisionales para evitar que se consume otro daño irreparable a los derechos de las víctimas.

Finalmente, en el plano internacional, también pedimos a la Corte IDH que convoque a una audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia para que, de primera mano, pueda escuchar los testimonios de las víctimas. Consideramos que este espacio es necesario para que el Estado dé una explicación sobre su incumplimiento generalizado.

Acciones en el plano nacional

Consideramos que distintas autoridades nacionales han fallado enormemente, desde su respectiva esfera de competencias, en propiciar el cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, las omisiones del Estado mexicano han provocado nuevas violaciones a los derechos humanos de la familia Radilla, por lo que decidimos presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de todas las autoridades involucradas en el cumplimiento de la sentencia.

En particular, señalamos la falta de debida diligencia con la que ha actuado la Dirección de Resoluciones de la Coordinación de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República; y, el Congreso de la Unión.

Buscamos que la CNDH emita una Recomendación, en donde pida al Congreso de la Unión crear una Ley General de Cooperación con Organismos Internacionales de Derechos Humanos, que permita que el impulso del cumplimiento de decisiones internacionales deje de depender de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, buscamos que se reconozcan las violaciones a derechos humanos que se han cometido contra la familia Radilla durante la etapa de implementación de la sentencia.

Conclusiones y peticiones

Estamos firmemente convencidas de que nuestra actual situación de impunidad y militarización de la vida pública no puede explicarse sin la permisión y tolerancia que históricamente ha tenido el Estado para permitir que los crímenes cometidos por militares nunca sean debidamente investigados.

Frente al estado actual del caso, sumado al desgaste derivado del paso del tiempo y la impunidad, solicitamos a la Corte IDH que convoque a una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia, y que adopte medidas efectivas y deliberadas para garantizar que el Estado mexicano cumpla, inmediatamente, con las obligaciones derivadas de la sentencia del caso.

De igual manera, solicitamos a la Fiscalía General de la República que asuma su labor constitucional con diligencia, que lleve a los responsables ante la justicia y que reanude las labores de búsqueda.

Contacto para prensa

Eva Avilés

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