El periodo que comprende la revisión del segundo EPU al Estado mexicano se ha visto enmarcado en un contexto de una violencia generalizada. Se han implementado políticas de seguridad basadas en la militarización de los espacios públicos, donde las violaciones a los derechos humanos han aumentado exponencialmente. Es imposible dejar de mencionar las cifras de la emergencia humanitaria que se ha vivido en los últimos años en México, que rondan entre las 60,000 a las casi 100,000 personas asesinadas, así como 25,000 personas desaparecidas, cientos de miles de personas desplazadas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos perseguidas y/o asesinadas, etc. En suma, México ha enfrentado un deterioro en materia de derechos humanos.

México no ha cumplido con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En el contexto del EPU, el Estado mexicano no ha creado ningún mecanismo incluyente para dar seguimiento a las recomendaciones recibidas. Igualmente, no se ha visto un cambio en las recomendaciones no aceptadas en el último EPU relativas al tema de fuero militar, arraigo y justicia transicional. En el caso de los crímenes del pasado, estos se mantienen en la impunidad, después de que la mayoría de las investigaciones abiertas ante la Femospp fueran trasladadas a la CGI.

Asimismo, el Estado mexicano ha sido sancionado en cinco distintas ocasiones por la CoIDH durante el periodo en revisión, en cinco casos representativos de las causas estructurales de las violaciones de derechos humanos en México, sin embargo a la fecha el Estado mexicano no ha dado un cabal cumplimiento a los fallos.